Convocar actos vand¨¢licos ser¨¢ delito de organizaci¨®n criminal

La reforma del C¨®digo Penal en la que trabaja el Gobierno para endurecer el castigo a los actos de vandalismo callejero, fundamentalmente despu¨¦s de los incidentes en Barcelona durante la huelga general, considerar¨¢ delito de pertenencia a organizaci¨®n criminal la convocatoria a trav¨¦s de cualquier medio de comunicaci¨®n de actos que alteren gravemente el orden p¨²blico. La pena m¨ªnima ser¨¢ de dos a?os para que los fiscales puedan pedir prisi¨®n provisional para sus autores.

"Es un fen¨®meno que se ha visto en Barcelona y en otras ciudades espa?olas, que se est¨¢ generalizando y que seg¨²n nuestro punto de vista no tiene en estos momentos una respuesta adecuada desde el orden jur¨ªdico", ha asegurado el ministro del Interior, Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz, en los pasillos del Congreso. Se trata, seg¨²n sus palabras, de perseguir penalmente a aquellas personas que se concierten previamente para provocar de forma coordinada incidentes callejeros violentos o ataques contra las Fuerzas de Seguridad, otros ciudadanos o el mobiliario urbano.

Hay que robustecer la autoridad leg¨ªtima de quien leg¨ªtimamente tiene la exclusividad del uso de la fuerza

Momentos antes, en la sesi¨®n de control al Gobierno en la C¨¢mara baja, Fern¨¢ndez D¨ªaz hab¨ªa justificado que el castigo a los que participan en actos vand¨¢licos sea equiparado al que recibe el terrorismo callejero, ante "la espiral de violencia" protagonizada por colectivos antisistema con t¨¦cnicas de "guerrilla urbana". El ministro ya avanz¨® la semana pasada que esperan tener lista esta reforma penal antes de que acabe el a?o.

El titular de Interior tambi¨¦n ha detallado hoy que pretende incluir como delito de atentado a la autoridad la resistencia pasiva o activa e introducir entre las "modalidades de acometimiento" -ataque violento dirigido contra un polic¨ªa- las amenazas y comportamientos intimidatorios o el lanzamiento de objetos peligrosos. A mediados de marzo informaba en el Senado de que se penar¨ªa con m¨¢s severidad la desobediencia a la autoridad, una medida que parec¨ªa directamente relacionada con los altercados y las cargas policiales de Valencia, ocurridos en febrero durante las manifestaciones por la educaci¨®n p¨²blica.

Adem¨¢s, se considerar¨¢ como agravante la comisi¨®n de conductas violentas cuando estas se produzcan en manifestaciones o concentraciones, y se incluir¨¢n como delito de desorden p¨²blico los supuestos en los que se penetre en establecimientos p¨²blicos o se obstaculice el acceso a los mismos. En esta l¨ªnea, la reforma del C¨®digo Penal pretende ampliar la cuant¨ªa de los da?os no solo a los que se produzcan en estos locales, sino tambi¨¦n los que se deriven de la interrupci¨®n de cualquier servicio p¨²blico.

"Creemos que hay que robustecer la autoridad leg¨ªtima de quien leg¨ªtimamente tiene la exclusividad del uso de la fuerza", ha subrayado el ministro. Ha insistido en que "no es asumible" que la Polic¨ªa pueda recibir insultos e injurias por parte de manifestantes sin que ello conlleve ning¨²n castigo.

Durante sus primeros 100 d¨ªas de Gobierno, el PP ha puesto en marcha m¨¢s de una docena de reformas de art¨ªculos del C¨®digo Penal. El plan de Interior ¡ªque trabaja con el Ministerio de Justicia en una comisi¨®n bilateral en la que, entre otros, est¨¢n los secretarios de Estado de ambos departamentos¡ª, gira en torno a dos bloques: la lucha contra la multirreincidencia y el endurecimiento de las penas relacionadas con el mantenimiento del orden p¨²blico. La tramitaci¨®n de ambas reformas se va a separar en el tiempo, seg¨²n el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, porque el Gobierno quiere dar cierta urgencia a la lucha contra los delitos de resistencia a la autoridad y el vandalismo. La idea del Ejecutivo es tener el primer proyecto de ley org¨¢nica listo antes del verano y esperar un poco m¨¢s para la otra parte de la modificaci¨®n del c¨®digo, relacionada con la multirreincidencia.

Los cr¨ªticos aseguran que todos los Gobiernos, este y los anteriores, ceden a la tentaci¨®n de echar mano del C¨®digo Penal cada vez que hay cualquier problema, y que esa forma de legislar ha provocado que las c¨¢rceles est¨¦n a rebosar. Ulloa, exfiscal, exmagistrado y exletrado del Tribunal Constitucional, responde: ¡°Lo que planteamos con la necesidad de reformar la ley no es meter m¨¢s gente en la c¨¢rcel porque s¨ª, sino responder a tipos de criminalidad para los que en estos momentos no existe una respuesta eficaz que la ciudadan¨ªa est¨¢ demandando¡±.

Cuando se lleve a cabo, ser¨¢ la reforma n¨²mero 28 del C¨®digo Penal de 1995. La ¨²ltima modificaci¨®n se produjo en 2010.