Un juez plantea al Constitucional sus dudas sobre la reforma laboral

Un caso de despido disciplinario seguido en un juzgado de lo Social de Madrid ha servido para que el juez presente? una de las primeras cuestiones de constitucionalidad contra la reforma laboral aprobada por el Gobierno el pasado 10 de febrero, que motiv¨® la oleada de protestas sociales que culminaron con la ¨²ltima huelga general, y que sigue en tramitaci¨®n en el Parlamento. El magistrado titular del juzgado n¨²mero 30, Jos¨¦ ?ngel Folguera, cuestiona ante el Tribunal Constitucional, en concreto, la pr¨¢ctica eliminaci¨®n de los salarios de tramitaci¨®n, los que debe abonar el empresario desde que el despido se hace efectivo hasta que un juez lo declara, en su caso, improcedente.

El juez recuerda que, con la reforma, en caso de que se declare improcedente un despido, lo que implica un juicio de culpabilidad sobre el empresario, este ¨²ltimo tiene la prerrogativa de readmitir al empleado en las mismas condiciones laborales que ten¨ªa y abonarle los salarios de tramitaci¨®n (los que ha dejado de percibir entre el despido y la sentencia) o dejarlo en la calle, caso en el cual no tendr¨ªa que pagar esas n¨®minas. En este ¨²ltimo caso, el trabajador cobrar¨ªa ¨²nicamente el paro.

El magistrado considera que esta ¨²ltima posibilidad ¨Cque se consume el despido y no se paguen los salarios de tramitaci¨®n- afecta a los derechos del empleado, ya que ¡°las prestaciones de desempleo son manifiestamente inferiores a los salarios dejados de percibir (¡­) y no compensan en su integridad el salario perdido¡±. Adem¨¢s, recuerda que en caso de que el trabajador no haya cumplido el per¨ªodo m¨ªnimo de cotizaci¨®n, no tendr¨¢ derecho a recibir ese subsidio, lo que supondr¨ªa una clara discriminaci¨®n.

Pero adem¨¢s, percibir el paro en lugar de los salarios de tramitaci¨®n, implica que sea el propio trabajador el que asuma con cargo a sus cotizaciones por desempleo el per¨ªodo de espera entre el despido y la sentencia, lo que a juicio del magistrado constituye una ¡°subvenci¨®n p¨²blica¡± al empresario a pesar de haber cometido ¡°un acto il¨ªcito¡±, el despido improcedente.

El nuevo r¨¦gimen de los salarios de tramitaci¨®n, que en la pr¨¢ctica supone su eliminaci¨®n, afecta tambi¨¦n seg¨²n el juez Folguera, al derecho al trabajo que recoge el art¨ªculo 35 de la Constituci¨®n, ya que el cambio legal ¡°constituye no solo un evidente est¨ªmulo contrario a la recuperaci¨®n del empleo y favorable a la generaci¨®n de desempleo, sino que se ven minorados esencialmente los derechos constitucionales de los trabajadores a la prestaci¨®n por desempleo¡±, dice en su cuesti¨®n de constitucionalidad.

La resoluci¨®n judicial pone en duda, adem¨¢s, que existan los requisitos de ¡°extraordinaria y urgente necesidad¡± que exige la Constituci¨®n para aprobar un decreto ley, la norma utilizada por el Gobierno para sacar adelante la reforma. La presentaci¨®n de la cuesti¨®n paralizar¨¢ el proceso de despido hasta que el Tribunal Constitucional la resuelva.