La juez de los ERE acusa a la Junta de dise?ar c¨®mo ¡°regalar¡± las ayudas

Al Gobierno andaluz le naci¨® ayer un problema de dimensiones imprevisibles. El auto de prisi¨®n del exconsejero de Empleo Antonio Fern¨¢ndez contiene una bomba de relojer¨ªa que derivar¨¢ previsiblemente en un listado de imputaciones de altos cargos que encabeza el actual presidente de la Junta, Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n. La juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, desvel¨® algunas de sus cartas y en el razonamiento para justificar la condena de la gesti¨®n de Fern¨¢ndez extendi¨® dudas sobre otras consejer¨ªas y los servicios jur¨ªdicos de la Junta como supuestos c¨®mplices para permitir la concesi¨®n de ayudas p¨²blicas millonarias en los a?os de vacas gordas. El Ejecutivo aut¨®nomo dispuso de un fondo para empresas en crisis dotado con 647 millones entre 2001 y 2010, cuyas subvenciones fueron concedidas de manera discrecional.

¡°La pol¨ªtica no puede ir contra la ley y el derecho¡±. La frase lapidaria de la juez resume la tesis que recorre el extenso auto de 77 p¨¢ginas: la Junta dise?¨® un sistema para ¡°regalar¡± subvenciones fraudulentamente a un ¡°extens¨ªsimo grupo de personas f¨ªsicas y jur¨ªdicas, cuyos privilegios proced¨ªan de ser personas o entidades pr¨®ximas a los cargos de la Junta y del PSOE andaluz, bien por razones de amistad, parentesco o afiliaci¨®n pol¨ªtica¡±. Y la Intervenci¨®n General identific¨® el problema, tras lo que ¡°de manera rotunda¡± puso reparos a las consejer¨ªas involucradas en este ¡°sistema operativo¡±. Hasta ah¨ª, la acusaci¨®n de la magistrada ya conocida.

La dimensi¨®n que dej¨® atisbar ayer Alaya es que los informes de la Intervenci¨®n fueron ignorados por Fern¨¢ndez ¡°en su condici¨®n de consejero de Empleo, junto a titulares de otras consejer¨ªas¡±. Entre esos otros consejeros que despreciaron las advertencias de la Intervenci¨®n incluye al presidente Gri?¨¢n durante su etapa como consejero de Econom¨ªa, y a los exconsejeros de Econom¨ªa e Innovaci¨®n Magdalena ?lvarez (posteriormente ministra de Fomento) y Francisco Vallejo, a los que Alaya ya ha se?alado en anteriores autos. En pasadas resoluciones, Alaya ya ha apuntado al supuesto delito de prevaricaci¨®n por ignorar los informes contrarios de la Intervenci¨®n a las subvenciones del Gobierno aut¨®nomo.

El auto reprocha al Gobierno andaluz ignorar los reparos de la Intervenci¨®n

La intenci¨®n del sistema de ayudas creado era sortear las pegas que la Intervenci¨®n General hab¨ªa expresado en 1999, as¨ª como las limitaciones que la Uni¨®n Europea pon¨ªa a las ayudas entregadas a las empresas por la Junta andaluza.

Sin embargo, la tesis de Alaya va m¨¢s all¨¢ y dibuja una connivencia a nivel pol¨ªtico de extraordinaria dimensi¨®n. La magistrada extiende las sospechas de consentir este reparto de ayudas supuestamente fraudulentas al interventor general y a los servicios jur¨ªdicos. ¡°Deber¨¢ ser objeto de investigaci¨®n si en el asesoramiento (...) hubiesen prevalecido los criterios pol¨ªticos sobre los jur¨ªdicos¡±, explica.

Fern¨¢ndez y el diputado socialista Jos¨¦ Antonio Viera [exconsejero de Empleo entre 2000 y 2004] firmaron el convenio para establecer las ayudas en 2001. Pero las ayudas superaron el dinero presupuestado la gran mayor¨ªa de los a?os, por lo que la Consejer¨ªa de Hacienda debi¨® realizar ampliaciones presupuestarias para cubrir las necesidades de gasto. Entre 2005 y 2008, la Intervenci¨®n General puso reparos, aunque sin emitir un informe de actuaci¨®n que hubiera alertado del menoscabo en las arcas p¨²blicas.

¡°Lo verdaderamente grave es que durante tanto tiempo se olvidara la ley¡±

Alaya estima que tanto los exconsejeros de Empleo e Innovaci¨®n como los de Hacienda ignoraron los reparos de la Intervenci¨®n de manera intencionada. ¡°Que se trate de una implantaci¨®n normalizada en el proceder de la Junta durante 10 a?os, no quiere decir que el procedimiento derivado del convenio marco sea por esto conforme a derecho, pues lo verdaderamente grave es que durante tanto tiempo se haya podido olvidar, indiciariamente, el cumplimiento de la ley¡±.

Seg¨²n la juez, el objetivo del m¨¦todo puesto en pr¨¢ctica era ¡°institucionalizar la arbitrariedad y la discrecionalidad en la concesi¨®n de ayudas p¨²blicas¡± de la Junta de Andaluc¨ªa y permitir un ¡°uso abusivo¡± en el manejo de fondos de la Administraci¨®n.

La respuesta del abogado de Fern¨¢ndez, Alfonso Mart¨ªnez del Hoyo, a las acusaciones de Alaya resumen con precisi¨®n la supuesta prevaricaci¨®n y malversaci¨®n continuadas que achaca a gran parte de la c¨²pula del Gobierno andaluz, a modo de una causa general: ¡°Supone concebir y proyectar una grave sombra de duda sobre la general actuaci¨®n y funcionamiento, no ya del Gobierno, sino m¨¢s ampliamente de la propia Administraci¨®n andaluza, a varios de cuyos grupos funcionariales de ¨¦lite se extiende tal ominosa duda de actuaci¨®n, tales como los del Cuerpo de la Intervenci¨®n y los varios departamentos t¨¦cnicos y jur¨ªdicos, incluido el Gabinete Jur¨ªdico de la Junta, obligados todos ellos a velar por la legalidad¡±.

El letrado muestra su asombro ante la tesis de la magistrada, que supone un salto cualitativo y cuantitativo en la causa [que acumula 52 imputados], y que se trasladar¨¢, al menos en parte, al Tribunal Supremo tan pronto la juez concrete las acusaciones contra el diputado y exconsejero de Empleo Jos¨¦ Antonio Viera, al ser este aforado. La Guardia Civil ya ha subrayado su responsabilidad sobre los 50 millones en ayudas directas a empresas que recibi¨® la Sierra Norte sevillana, una peque?a comarca, en comparaci¨®n con los 30 millones que recibi¨® el resto del territorio andaluz.

¡°Resulta contrario a los principios de la l¨®gica y la experiencia pensar que pudo ser posible la gestaci¨®n a escondidas y la posterior ocultaci¨®n premeditada durante una d¨¦cada en el fondo de alg¨²n misterioso caj¨®n, ese procedimiento espec¨ªfico de autos¡±. Fern¨¢ndez argumenta que el fondo era aprobado a?o tras a?o por el Parlamento andaluz, y dijo que ¡°lo conoc¨ªan todos¡±, aunque su abogado matiz¨® que no pronunci¨® esa expresi¨®n para ¡°eludir responsabilidades por elevaci¨®n, sino para enmarcar la gesti¨®n y aplicaci¨®n del procedimiento¡±. La causa ya acumula 15.000 folios y otras 200.000 p¨¢ginas de documentaci¨®n.