Las ONG reclaman a Interior que dote a los CIE mejor que a las c¨¢rceles

La Ley General Penitenciaria, en su art¨ªculo 13, contiene un cat¨¢logo de instalaciones con las que deben contar las c¨¢rceles, como dormitorios individuales, enfermer¨ªa, escuelas, bibliotecas, instalaciones deportivas, talleres, peluquer¨ªa, cocina¡­ El anteproyecto del reglamento de los Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) contempla para esos recintos ¨Cen los que ingresan los inmigrantes no por cometer delitos, sino por la falta administrativa de residir en Espa?a sin documentaci¨®n- unas dotaciones mucho menores.

Es una de las principales observaciones de las ONG de inmigraci¨®n sobre el texto del Gobierno, al que critican por perpetuar el modelo policial en los centros, dejando en manos de los agentes no solo la seguridad, sino los servicios sociales y sanitarios de estas instalaciones. El Defensor del Pueblo y tres jueces de Madrid encargados de estos centros han advertido de sus condiciones de hacinamiento y la insuficiencia de sus instalaciones, as¨ª como de las carencias de sus servicios m¨¦dicos. Ahora, las ONG proponen el listado de medios de que estos centros deben disponer. Piden, por ejemplo, instalaciones tan b¨¢sicas como taquillas para que los internos guarden sus pertenencias o ba?os accesibles las 24 horas del d¨ªa (un juez constat¨® que en el CIE de Madrid no se permit¨ªa el acceso por la noche).

Pero tambi¨¦n consultas m¨¦dicas y salas de enfermer¨ªa dependientes de los servicios auton¨®micos de salud, no de la polic¨ªa como establece el texto. El Defensor del Pueblo lleg¨® la conclusi¨®n en enero de que la muerte de un interno guineano en el CIE de Barcelona pudo haberse evitado resolviendo las muy graves carencias del servicio sanitario del recinto. Un juez de Madrid tambi¨¦n alert¨® de esos fallos tras el fallecimiento de una congole?a en el centro madrile?o despu¨¦s de que el personal descartara hasta nueve veces que estuviera grave.

Por eso, los colectivos sociales reclaman que, en situaciones de urgencia, la atenci¨®n m¨¦dica se dispense a los enfermos en los centros hospitalarios correspondientes al ¨¢rea de salud donde se encuentre el CIE. Tambi¨¦n piden que se les examine antes de ingresar en el centro -en el que pueden permanecer encerrados hasta 60 d¨ªas- para determinar si el internamiento supone un riesgo para su salud y que el informe correspondiente sea enviado, no solo al director, sino tambi¨¦n al juez que orden¨® esa medida y al que controle el CIE.

Adem¨¢s, proponen que no se permita en ning¨²n caso el internamiento de mujeres embarazadas y que se cree un sistema de protecci¨®n para las personas gravemente enfermas que requieran asistencia sanitaria especializada o un tratamiento de imposible acceso en su pa¨ªs, lo que podr¨ªa poner en peligro su vida en caso de que se consume la expulsi¨®n.

El informe de las ONG tambi¨¦n pide que los extranjeros sean avisados con al menos 48 horas de adelanto de las condiciones de su expulsi¨®n y, entre ellas, especialmente, la ciudad de destino y el n¨²mero de vuelo. Tambi¨¦n reclaman que se d¨¦ informaci¨®n del paradero del inmigrante a sus familiares y amigos cuando haya sido trasladado, liberado o deportado. En este ¨²ltimo caso tambi¨¦n deber¨¢n revelares el lugar al que haya sido deportado para evitar situaciones de angustia.

El anteproyecto pone tambi¨¦n bajo la dependencia directa del director del CIE la coordinaci¨®n de los servicios sociales, algo con lo que las ONG discrepan igualmente. ¡°No creemos que un funcionario policial sea el m¨¢s adecuado para valorar el contenido y alcance de estos servicios ni para concretar su prestaci¨®n¡±, explica su informe. Los colectivos se quejan de la parquedad con la que el documento de Interior describe la funci¨®n de estos servicios, que ¡°se orientar¨¢n a la resoluci¨®n de los problemas surgidos a los extranjeros ingresados y, en su caso, a sus familias¡±. Las organizaciones recuerdan que el interno en un CIE ¡°necesita de la colaboraci¨®n de la Administraci¨®n para el ejercicio de derechos b¨¢sicos y la funci¨®n de esos servicios [sociales] es facilitar el ejercicio de esos derechos¡±.

Por eso exigen que se especifiquen como funciones de esos servicios la informaci¨®n a los extranjeros de las causas por las que se encuentran internados y las resoluciones administrativas o judiciales que les afecten, la detecci¨®n de posibles refugiados, v¨ªctimas de trata o de violencia de g¨¦nero y de personas de especial vulnerabilidad y que sea el responsable de este servicio y no la polic¨ªa, la que ponga en conocimiento del fiscal o de la Comisar¨ªa General de Extranjer¨ªa estas situaciones. Los servicios sociales, adem¨¢s, deben facilitar el contacto de los internos con sus abogados y familiares u otras personas con las que quieran contactar as¨ª como proporcionar asistencia psicol¨®gica.

Las personas que han pasado por este tipo de centros se quejan reiteradamente de que se les identifique por un n¨²mero. Ahora, las organizaciones reclaman que el reglamento recoja expresamente el derecho a que sean llamados por su propio nombre. La norma ser¨¢ presentada ma?ana por el ministro del Interior, Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz, que visitar¨¢ el CIE de Barcelona. Ser¨¢ la primera vez que los medios de comunicaci¨®n obtengan permiso para acceder a un centro de este tipo.

El informe ha sido realizado la Comisi¨®n Espa?ola de Ayuda al Refugiado (CEAR), Andaluc¨ªa Acoge, Convivir sin Racismo, Sos Racismo, Foro Galego de Inmigraci¨®n, Grupo Inmigrapenal, Karibu, M¨¦dicos del Mundo, Migreurop, Mugak, Plataforma de solidaridad con los/las inmigrantes, Pueblos Unidos, Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos la parroquia de San Carlos Borromeo.