Fracaso y ficci¨®n del Estado de las autonom¨ªas

No hay nada como los momentos de desmoralizaci¨®n y crisis profunda para cultivar el g¨¦nero, de gran arraigo por estas tierras, de la anomal¨ªa, la excepci¨®n y el fracaso de Espa?a. Consiste en buscar en el pasado alg¨²n desv¨ªo del camino que tendr¨ªamos que haber seguido como la causa, por traici¨®n o incompetencia, de nuestros grandes males. A este ejercicio se entregaron nuestros padres, por la guerra civil; y los padres de nuestros padres, por el desastre del 98, y as¨ª hasta los tiempos abiertos por la Constituci¨®n de 1812 y de inmediato clausurados por un rey fel¨®n llamado Fernando. Doscientos a?os despu¨¦s, se dir¨ªa que la rueda vuelve a girar con parecidos lamentos sobre tantas expectativas derrumbadas.

?Qu¨¦ habremos hecho tan mal como para merecer esta especie de desolaci¨®n que nos invade? En Madrid y en Barcelona, por una vez de acuerdo, parecen haber dado con la clave: el Estado de las Autonom¨ªas, he ah¨ª la ra¨ªz del problema. Lo ha dicho Esperanza Aguirre: el Estado auton¨®mico ha fracasado. Y lo ha repetido Artur Mas: las autonom¨ªas son una ficci¨®n. Si solo se hubiera reconocido el hecho diferencial de Catalu?a y Euskadi, las dos ¨²nicas naciones verdaderas, otro gallo nos cantar¨ªa. Pero como en la transici¨®n, por miedo, amnesia y silencio, se impuso el caf¨¦ para todos, ahora nos encontramos con un Estado insostenible. Y as¨ª no se puede seguir.

El d¨²o Urdangarin-Torres nos ofrece otro episodio de esta serie que tiene tintes peliculeros

?De verdad que si liquidamos el Estado construido en estas tres d¨¦cadas y media encontraremos el remedio de nuestra decadencia y fracaso? Para empezar por el principio: el Estado de las Autonom¨ªas no fue un invento de la transici¨®n. Lo fue, en realidad, de la comisi¨®n jur¨ªdica asesora que prepar¨® el anteproyecto de Constituci¨®n de la Rep¨²blica, y de la comisi¨®n parlamentaria que lo recogi¨® en su proyecto y del pleno de las Cortes constituyentes que lo aprob¨® el 9 de diciembre de 1931. El problema era el mismo: abrir un cauce a la ya por entonces famosa ¡°cuesti¨®n catalana¡±; y la f¨®rmula fue id¨¦ntica: abrir ese cauce exig¨ªa otra organizaci¨®n territorial del Estado. Eso fue lo que hicieron los constituyentes de 1931; eso fue lo acordado por los partidos de la oposici¨®n democr¨¢tica en sus encuentros en Barcelona con la Assemblea de Catalunya y el Consell en mayo de 1976, y eso fue lo que repitieron las Cortes de 1978 en el T¨ªtulo VIII de la vigente Constituci¨®n.

Resume esta larga historia, en 1978 como en 1931, la constataci¨®n de que el reconocimiento del hecho diferencial de Catalu?a dentro del Estado espa?ol (otra cosa es si los catalanes, hastiados de tanto partido del siglo, quisieran irse) exige extender a todas las ¡°provincias lim¨ªtrofes con caracter¨ªsticas hist¨®ricas, culturales y econ¨®micas comunes¡± (art. 11 CRE 1931, art. 143.1 CE 1978) la posibilidad de organizarse en ¡°regi¨®n aut¨®noma¡±, como en 1931, o en ¡°comunidad aut¨®noma¡±, como en 1978. La diferencia consisti¨® en que mientras aquella Constituci¨®n de la Rep¨²blica enunciaba estrictamente las competencias respectivas, esta de ahora admite que casi todo es negociable.

Desde el inicio, la opini¨®n p¨²blica se mostr¨® esc¨¦ptica ante la idea de que un yerno del Rey fuera a prisi¨®n

La cuesti¨®n entonces no radica en darse golpes de pecho por lo que se deb¨ªa haber hecho y no se hizo. La cuesti¨®n radica en diagnosticar qu¨¦ hemos hecho con lo que entonces hicimos, o sea, en situar la responsabilidad en cada momento del itinerario que nos ha tra¨ªdo hasta aqu¨ª y en sus protagonistas. Nadie impuso a los gobiernos de las comunidades aut¨®nomas multiplicar las televisiones p¨²blicas, crear entes aut¨®nomos a cargo del presupuesto, reproducir la estructura del Estado, dedicar el dinero de los ERE a la pensi¨®n de la suegra, contratar al Bigotes para recibir al Papa, utilizar las Cajas de Ahorros para financiar proyectos fara¨®nicos, autorizar planes urban¨ªsticos de destrucci¨®n de las costas¡­ Todo esto ha ocurrido en el Estado de las Autonom¨ªas, pero la responsabilidad no es del tipo de Estado sino de la clase pol¨ªtica que lo ha administrado.

?Hay remedio? Quiz¨¢, pero no destruyendo el Estado auton¨®mico para poner en su lugar no se sabe qu¨¦, sino sometiendo a una dura cr¨ªtica las pr¨¢cticas seguidas por sus respectivas clases pol¨ªticas en relaci¨®n con la administraci¨®n, los servicios, los recursos, las finanzas de cada comunidad aut¨®noma. Cierto, esta que vivimos es una crisis grande, pero de nada servir¨¢ elevar los acuerdos de 1978 sobre la organizaci¨®n territorial del Estado a la categor¨ªa de Gran Culpable con el ilusorio prop¨®sito de corregir el desv¨ªo en que Aguirre y Mas, Madrid y Barcelona, han situado al un¨ªsono el origen del da?o.