Cinco vocales proponen espiar el ¡®e-mail¡¯ del CGPJ para evitar filtraciones
El Consejo busca ocultar datos sobre sus investigaciones a jueces infractores
La paranoia sobre las filtraciones a la prensa de los expedientes disciplinarios abiertos a jueces infractores ha marcado un hito en el seno del Consejo General del Poder Judicial. Los cinco vocales de la comisi¨®n disciplinaria del ¨®rgano de gobierno de los jueces ¡ªla encargada de investigar las actuaciones irregulares de jueces y magistrados¡ª propusieron en marzo la posibilidad de acceder al correo electr¨®nico del ¨®rgano, donde tienen sus cuentas de e-mail los 20 vocales, su presidente, los letrados y el resto de funcionarios y trabajadores al servicio de la instituci¨®n, con el objetivo de dar con las personas que facilitan esos expedientes a los medios. La disciplinaria solicit¨® a la comisi¨®n de estudios e informes un dictamen sobre esa medida. La respuesta fue de libro. El secreto de las comunicaciones es un derecho fundamental recogido en la Constituci¨®n. Salt¨¢rselo exigir¨ªa la autorizaci¨®n o el control posterior de un juez.
La decisi¨®n la adoptaron los vocales P¨ªo Aguirre (propuesto por el PP y presidente de la disciplinaria), Miguel Carmona (propuesto por el PSOE), Jos¨¦ Manuel G¨®mez Ben¨ªtez (PSOE), Margarita Uria (PNV) y Gemma Gallego (PP) el pasado 13 de marzo. El acuerdo solicita a la comisi¨®n de estudios ¡°la elaboraci¨®n de un informe sobre la posibilidad de acceder a la informaci¨®n que se archiva en el CGPJ en relaci¨®n a la remisi¨®n de correos electr¨®nicos y el contenido de los mismos en el caso de que se ordene la investigaci¨®n sobre supuestas de filtraciones de documentos¡±.
La decisi¨®n se tom¨® semanas despu¨¦s de que este peri¨®dico informara sobre el expediente abierto contra Coro Cill¨¢n, la juez que reabri¨® la investigaci¨®n del 11-M, por faltas disciplinarias que podr¨ªan acabar con su expulsi¨®n. Aunque los vocales niegan que la propuesta de controlar el correo electr¨®nico tenga que ver con ello, el Consejo censur¨® p¨²blicamente esas informaciones al asegurar que afectaban al derecho al honor de la magistrada.
Ser¨ªa inviable en una investigaci¨®n interna porque no lo prev¨¦ la ley
La respuesta de la comisi¨®n de informes lleg¨® el pasado 12 de abril. El estudio solicitado por la disciplinaria es profundamente cr¨ªtico con la propuesta. En primer lugar, recuerda que solo en un proceso penal y con la expresa y motivada autorizaci¨®n del juez se pueden intervenir las comunicaciones de un investigado. Controlar el correo electr¨®nico en una investigaci¨®n interna del Consejo ¡ªlo que tambi¨¦n exigir¨ªa autorizaci¨®n judicial¡ª podr¨ªa suponer un delito de descubrimiento y revelaci¨®n de secretos, ya que la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial no prev¨¦ esa posibilidad.
La intervenci¨®n de los servidores del Consejo solo ser¨ªa posible en caso de que los investigados fueran los trabajadores ¡ªpersonal laboral¡ª del organismo, aunque hacerlo, seg¨²n el estudio, podr¨ªa ser ¡°inid¨®neo por in¨²til¡± porque los empleados no solo tienen cuentas del correo corporativo del Poder Judicial. Aunque utilicen los ordenadores y la conexi¨®n a Internet facilitada por esa instituci¨®n, controlar sus cuentas personales ¡ªtipo gmail, Yahoo o cualquier otra¡ª tambi¨¦n ser¨ªa un delito. A trav¨¦s de estas, podr¨ªan efectuar igualmente cualquier filtraci¨®n porque son sagradas.
En caso de que, a¨²n as¨ª, el Consejo decidiera ponerlo en marcha, deber¨ªa advertir previamente a los trabajadores de que va adoptar esas medidas de control y justificarlas ¡°para quebrar la expectativa de privacidad¡±. No se podr¨ªan adoptar con el ¨²nico objetivo de disuadir al personal de filtrar ya que ¡°esta clase de medidas invasivas de derechos fundamentales no pueden llevarse a cabo con finalidad ¨²nicamente preventiva¡±, seg¨²n el estudio. Por ¨²ltimo, se recuerda que, en estos casos, el investigado al que se hubieran le¨ªdo los mensajes podr¨ªa acudir al juez. Y este podr¨ªa concluir que la intervenci¨®n del e-mail fuera desproporcionada debido a lo inusual del fen¨®meno, es decir, ¡°que entiendiera desmedido sacrificar el derecho [fundamental]a la libertad de las comunicaciones de uno o varios trabajadores solo para combatir un n¨²mero insignificante de filtraciones¡±.
Es ¡°inid¨®neo¡± e ¡°in¨²til¡± porque las cuentas personales son sagradas
Hasta el nombramiento del actual Consejo, las resoluciones disciplinarias del ¨®rgano eran p¨²blicas. El ¨®rgano editaba un repertorio en el que se recog¨ªan todas las que se hab¨ªan aprobado para que la propia judicatura y los ciudadanos conocieran la posici¨®n y la doctrina del Consejo respecto a las actividades irregulares de jueces y magistrados. Pero con la llegada de los nuevos vocales en 2008, ese volumen se ha dejado de publicar. Ahora, los vocales de la comisi¨®n disciplinaria y los propios servicios de prensa del gobierno de los jueces ¡ªpor orden de los consejeros, claro est¨¢¡ª se niegan a facilitar esa informaci¨®n.
La tormenta de Cill¨¢n
El caso de la juez Coro Cill¨¢n abri¨® en el Consejo una tormenta sin precedentes. Tras la publicaci¨®n por este peri¨®dico del expediente disciplinario abierto a la juez en enero, el gobierno de los jueces aprob¨® un comunicado en el que censuraba la informaci¨®n de EL PA?S, aunque sin nombrarlo, y aseguraba que "afectaba gravemente al derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen" de Cill¨¢n. Tras ello orden¨® una investigaci¨®n para averiguar qui¨¦n hab¨ªa sido el filtrador de la noticia. Y la intenci¨®n era conseguirlo como fuera.
Cill¨¢n fue la juez que reabri¨® la investigaci¨®n del 11-M, pero no se la investigaba por eso, sino por favorecer presuntamente a un amigo ¨ªntimo suyo al otorgarle la gesti¨®n del Moma, una conocida discoteca madrile?a, y ordenar el precinto del local sin ser ella la juez competente para investigar el caso. La investigaci¨®n, que considera que esos hechos podr¨ªan constituir varias faltas muy graves, podr¨ªa acabar con su expulsi¨®n de la carrera.
El asunto es de tal importancia que, finalmente, ha sido el fiscal el que ha tomado cartas en el asunto y se ha querellado contra Cill¨¢n al considerar que esos hechos podr¨ªan constituir un delito de prevaricaci¨®n. El Tribunal Superior de Madrid inici¨® la investigaci¨®n el pasado viernes.
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