¡®B¨¢?ezgate¡¯

La crisis del euro y sus consecuencias asociadas han eclipsado pr¨¢cticamente cualquier otro tipo de noticias. Salvo el saludable par¨¦ntesis provocado por La Roja, muy pocas de ellas suscitan alguna atenci¨®n. Nuestra mirada se posa sobre la mayor¨ªa de las informaciones incluso con cierto desd¨¦n, como si tuvieran el efecto de distraernos de lo que realmente importa. Ya se sabe, primum vivere. En la ¨²ltima semana ha habido una noticia, sin embargo, que no podemos dejar pasar sin m¨¢s. Me refiero a la filtraci¨®n del ERE del PSOE directamente desde la oficina de la ministra de Empleo, F¨¢tima B¨¢?ez, a un conocido medio de comunicaci¨®n.

En apariencia se trata de una de tantas triqui?uelas con las que los partidos pol¨ªticos entretienen a su prensa af¨ªn, haci¨¦ndoles llegar malas noticias del adversario. Dentro de la relaci¨®n de dependencia mutua entre medios y actores pol¨ªticos no parece nada novedoso, nada a lo que no estuvi¨¦ramos ya acostumbrados.

Lo que ha hecho que esta vez se encendieran todas las campanas de alarma ha sido, sin embargo, que la filtraci¨®n saliera, como acabamos de decir, desde la propia direcci¨®n de correo electr¨®nico de la misma ministra. O, por decirlo en plan c¨ªnico, que ni siquiera se tomaran las m¨¢s m¨ªnimas prevenciones para que no se pudiera rastrear cu¨¢l ha sido la fuente de informaci¨®n. Esto puede interpretarse de dos maneras, o como un mero despiste o como una se?al de que algunos miembros del Gobierno van sobrados y no atienden ya ¡ªpor decirlo suavemente¡ª a los m¨¢s m¨ªnimos requerimientos de la decencia pol¨ªtica.

Lo grave aqu¨ª es que la ministra no ha sabido distinguir lo que es su responsabilidad como representante de un ¨®rgano del Estado de sus meros intereses de partido. La flagrante ruptura de la obligaci¨®n de custodia de una informaci¨®n que afecta, adem¨¢s, a personas sujetas al derecho a la protecci¨®n de datos en nombre de no se sabe bien qu¨¦ tipo de beneficios pol¨ªticos, hace de este asunto un s¨ªntoma m¨¢s que preocupante de la deriva en la que ha entrado nuestro sistema pol¨ªtico.

Porque este caso se suma al reciente y bochornoso espect¨¢culo de la renovaci¨®n de varios ¨®rganos constitucionales decisivos. Como el propio Tribunal Constitucional, que llevaba ya un a?o a la espera de que los grandes partidos se pusieran de acuerdo en la distribuci¨®n de sus nuevos integrantes. Este dato nos mostr¨® una vez m¨¢s c¨®mo los dos grandes partidos se reparten el bot¨ªn del control de todas las instancias centrales, de hasta qu¨¦ punto estas se encuentran ya en sus manos; de c¨®mo han sido colonizadas por ellos. El aparato del Estado, y esta es la ya conocida tesis de la partitocracia, lleva ya demasiado tiempo siendo absorbido por los partidos, que monopolizan la acci¨®n pol¨ªtica siguiendo el esquema de que el verdadero poder pol¨ªtico no reside en los ¨®rganos constitucionales, sino en las organizaciones partidistas.

No saber establecer una frontera entre lo que debe ser el ejercicio de los poderes p¨²blicos en nombre del inter¨¦s general, de lo que es de todos, y lo que constituye el beneficio de una de las partes de la lucha pol¨ªtica, es el gran vicio de nuestros profesionales de la pol¨ªtica. Y no es de extra?ar que la reacci¨®n frente a este tipo de pr¨¢cticas sea el aumento de la desconfianza hacia ellos por parte de los ciudadanos, o de que surjan voces clamando que ¡°no nos representan¡±.

Pero hay un dato a?adido, que hace de este caso algo todav¨ªa m¨¢s grave, e incluso repugnante; a saber, que el propio objeto de la filtraci¨®n sea un ERE, un instrumento de reorganizaci¨®n del personal de una empresa para facilitar el despido. ?Y precisamente por parte de quien se supone que ha de promover el ejercicio de los derechos laborales y el empleo! O, lo que es lo mismo, el buscar mofarse de algo que, como en todas las decisiones de este tipo, tiene detr¨¢s un buen n¨²mero de grandes tragedias personales.

Quien p¨²blicamente clama en contra de las inevitables medidas a las que nos fuerza la gesti¨®n de la crisis y nos pide los sacrificios necesarios no tiene empacho en facilitar que un sector de la prensa af¨ªn recoja despu¨¦s en clave de chanza los detalles del infortunio. Dar le?a al adversario es m¨¢s importante, pues, que agraviar a los afectados con nombres y apellidos. Decir que es poco ¨¦tico parece demasiado suave. ?Es indecente!