Sugerencias deso¨ªdas

¡°Hemos prestado atenci¨®n a la inmensa mayor¨ªa de las sugerencias¡± se?aladas en sus informes por el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado y la Agencia de Protecci¨®n de Datos sobre la Ley de Transparencia, defendi¨® ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa antes de describir los cambios que se han establecido entre el anteproyecto y el proyecto. ¡°Ha ganado en rigor y en fortaleza¡±, a?adi¨®.

¡°Sugerencias¡±, realz¨®, ¡°que no observaciones de calado¡±, seg¨²n dijo. Sin embargo, los dict¨¢menes de los ¨®rganos consultivos, no vinculantes, no son especialmente aduladores con el texto de la norma y contienen importantes sugerencias que han sido deso¨ªdas por el Gobierno en la redacci¨®n final del proyecto de ley.

Es cierto que la reforma de la ¡°respuesta penal¡± al falseamiento de la contabilidad p¨²blica ha sido adoptada por recomendaci¨®n del Poder Judicial y del Consejo de Estado, tal como indic¨® la vicepresidenta. Sin embargo, el informe del ¨®rgano de gobierno de los jueces hac¨ªa hincapi¨¦ en el hecho de que en la figura delictiva que se ha introducido ¡°el bien jur¨ªdico que se pretende proteger es la autenticidad de la documentaci¨®n contable y financiera de la entidad, para evitar que de su falseamiento pueda derivar un perjuicio econ¨®mico, mas no, necesariamente, el hecho de originar gastos al margen de lo presupuestado o autorizado¡±. Es decir, que la ley castiga, con penas de prisi¨®n, a quien oculte o d¨¦ datos falsos, pero no a quien malgaste.

De hecho, el Consejo del Poder Judicial recomend¨® tipificar dicha conducta, es decir, formular una sanci¨®n penal para el despilfarrador, ¡°sancionar la realizaci¨®n de gastos sin habilitaci¨®n presupuestaria o, en su caso, una vez agotado el cr¨¦dito disponible, en vez de extender a las entidades p¨²blicas el delito de falseamiento contable¡±, que est¨¢ previsto en el art¨ªculo 290 del C¨®digo Penal, tal como indica el informe redactado por el vocal Claro Jos¨¦ Fern¨¢ndez y aprobado por el pleno. Y justificaba su sugerencia en el hecho de que la propia ley se?ala que su finalidad ¡°no es otra que la de combatir la gesti¨®n deficiente de los recursos p¨²blicos, incriminando aquellas conductas en que tal gesti¨®n sea consecuencia de haber efectuado gastos sin cr¨¦dito, superando el importe del presupuesto¡±.

Tampoco el Consejo de Estado ha sido d¨®cil en las conclusiones tras el estudio de la ley, a la que exig¨ªa mayor rigor y mayor detalle a la hora de establecer los criterios para el acceso a la informaci¨®n, de manera que este derecho no quedara a la discrecionalidad de los ¨®rganos a los que se solicite informaci¨®n.