Cinco autonom¨ªas se rebelan y dar¨¢n atenci¨®n universal a inmigrantes

El pr¨®ximo 1 de septiembre unos 150.000 inmigrantes no comunitarios que viven en Espa?a sin permiso de residencia ni de trabajo desaparecer¨¢n de los archivos de la red p¨²blica de asistencia sanitaria y, por tanto, no podr¨¢n ser atendidos como hasta ahora por los m¨¦dicos. As¨ª lo ha acordado el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) en una decisi¨®n basada en su pol¨ªtica de recorte de gastos para reducir el d¨¦ficit.

A 15 d¨ªas de que la red sanitaria p¨²blica desaparezca para 150.000 de sus potenciales usuarios, la Espa?a auton¨®mica se divide en dos: algunas regiones garantizan que su servicio de salud seguir¨¢ siendo universal ¡ªsin detallar c¨®mo lo piensan hacer¡ª y otras acatar¨¢n las medidas del Gobierno y sacar¨¢n fuera del sistema a los sin papeles, que pierden as¨ª su tarjeta sanitaria.

Al menos cinco comunidades aut¨®nomas: Andaluc¨ªa, Asturias y Pa¨ªs Vasco (donde gobierna el PSOE), Canarias (CC y PSOE) y Catalu?a (CiU), que aglutinan a m¨¢s de la mitad de los sin papeles en Espa?a, han alertado de los problemas de salud p¨²blica que puede implicar la medida del Gobierno central. Por eso han garantizado en sus territorios el servicio universal, como hasta ahora.

En 15 d¨ªas, los extranjeros irregulares? ser¨¢n borrados de la red sanitaria p¨²blica

Desde que fue aprobado el veto a la asistencia sanitaria ordinaria a inmigrantes irregulares, el Ministerio de Sanidad ha ido explicando, a cuentagotas, c¨®mo planea resolver los problemas vinculados a esa decisi¨®n. Para los inmigrantes irregulares sin especiales problemas de salud, Sanidad ha ideado un mecanismo que comunic¨® a primeros de agosto a las comunidades, que ser¨¢n quienes tengan que ponerlo en marcha. Dicho mecanismo consiste en obligar a los inmigrantes irregulares a contratar una especie de seguro m¨¦dico con las Administraciones auton¨®micas ¡ªcon un coste de 700 euros al a?o por persona¡ª para poder disponer de atenci¨®n en la red p¨²blica.

Esos inmigrantes a los que est¨¢ destinada esta medida no tienen permiso de trabajo en Espa?a y, por tanto, sus recursos econ¨®micos son muy limitados o inexistentes. Para los extranjeros sin permiso de residencia que padecen enfermedades cr¨®nicas, Sanidad garantiza la continuidad de la atenci¨®n a estos enfermos, pero anuncia que pasar¨¢ la factura a sus respectivos pa¨ªses de origen.

Los Gobiernos auton¨®micos que se oponen a esta medida estudian estos d¨ªas c¨®mo prepararse para seguir prestando atenci¨®n m¨¦dica a los extranjeros indocumentados.

El Departamento de Salud de la Generalitat de Catalu?a, que dirige Boi Ruiz, todav¨ªa no tiene decidido c¨®mo se adaptar¨¢ al decreto aprobado en abril a trav¨¦s del cual se prev¨¦ restringir el acceso sanitario a los sin papeles. En un principio, su intenci¨®n es mantener un servicio universal, seg¨²n ha reiterado en las ¨²ltimas semanas, pero debate c¨®mo hacerlo.

La atenci¨®n en los ambulatorios catalanes estar¨¢ garantizada a todas las personas independientemente de que tengan o no sus papeles en regla, seg¨²n asegura una portavoz de la consejer¨ªa. El problema que debe resolverse es c¨®mo se atender¨¢ a estos pacientes en los servicios hospitalarios. La Generalitat tiene intenci¨®n de anunciar en la ¨²ltima semana de agosto c¨®mo aplicar¨¢ el decreto.

Andaluc¨ªa ya ha anunciado que no tiene intenci¨®n de aplicar el cobro de cuotas a los sin papeles, porque, en su opini¨®n, rompe con el sistema universal que hasta ahora exist¨ªa en Espa?a y, adem¨¢s, podr¨ªa desencadenar problemas de salud p¨²blica.

De momento, solo embarazadas y menores tienen la asistencia garantizada

La consejera de Salud, Mar¨ªa Jes¨²s Montero, ha afirmado que su departamento est¨¢ a la espera de ver sobre el papel el desarrollo de esta propuesta del Gobierno para estudiar si es de obligado cumplimiento para las comunidades. Andaluc¨ªa no descarta acudir al Tribunal Constitucional si finalmente el Gobierno le obliga legalmente a cobrar a los sin papeles, al entender que contraviene su Estatuto de autonom¨ªa.

El Gobierno vasco pretende aprobar en su reuni¨®n extraordinaria del pr¨®ximo martes o todo lo m¨¢s en la siguiente, el decreto con el que responder¨¢ a la regulaci¨®n estatal que obliga al copago farmac¨¦utico y que evitar¨¢ que al menos los colectivos m¨¢s desfavorecidos tengan que abonar m¨¢s dinero por sus recetas.

La Consejer¨ªa de Sanidad y los servicios jur¨ªdicos del Gabinete se inclinan por usar a fondo la v¨ªa de los servicios y la asistencia social, sobre la que Euskadi tiene plenas competencias. La intenci¨®n no es que a esos colectivos se les devuelva despu¨¦s el dinero, ¡°sino que no paguen ni un euro en la farmacia¡±, seg¨²n fuentes del Ejecutivo aut¨®nomo.

Al tiempo, el Gabinete de Patxi L¨®pez ultima las alegaciones que presentar¨¢ al Constitucional contra el recurso presentado por el Gobierno central frente a un anterior decreto vasco que elud¨ªa sus disposiciones sobre copago y restricciones en dispensaci¨®n de la tarjeta sanitaria. Euskadi est¨¢ decidida a seguir prest¨¢ndoles asistencia sanitaria en las mismas condiciones que en la actualidad, pero inicialmente no va a aprobar un nuevo decreto para ello. De esta forma pretende evitar, entre otras cuestiones, la posibilidad de un nuevo recurso del Gobierno de Rajoy al Constitucional que paralice la asistencia a los sin papeles.

Sanidad cree que el actual marco legal vasco ya es suficiente para dar soporte a la atenci¨®n a inmigrantes y otros colectivos que se quedar¨¢n sin atenci¨®n no urgente a partir del 1 de septiembre.

Con informaci¨®n de Daniel Cordero, Manuel Planelles y Javier Rivas.