El Gobierno pone en marcha la reforma de la financiaci¨®n para aplacar a Mas

El Gobierno pondr¨¢ en marcha de forma inmediata el proceso para buscar un nuevo modelo de financiaci¨®n auton¨®mica que entrar¨¢ en vigor en esta legislatura, seg¨²n explic¨® este mediod¨ªa la vicepresidenta, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa. Es el primer movimiento del Ejecutivo despu¨¦s del fracaso de la entrevista entre Mariano Rajoy y Artur Mas, que ha provocado reacciones como la del portavoz de la Generalitat anunciando que el Parlamento catal¨¢n podr¨ªa aprobar una declaraci¨®n gen¨¦rica como Estado independiente.

De ah¨ª no pasa el Gobierno de Rajoy, que considera que la Constituci¨®n y la ley impiden cualquier movimiento unilateral de una comunidad. Tras pronunciarse a trav¨¦s de un comunicado el jueves, este viernes, la n¨²mero dos del Ejecutivo asegur¨® que ¡°el presidente del Gobierno, como cualquier gobernante en Espa?a, est¨¢ sometido a la Constituci¨®n y al ordenamiento jur¨ªdico, que tiene que respetar y que hacer cumplir¡±.

S¨¢enz de Santamar¨ªa, de forma impl¨ªcita, minimiz¨® la efectividad de una decisi¨®n unilateral del Parlamento catal¨¢n, remiti¨¦ndose a la Constituci¨®n y explicando que, en todo caso, la declaraci¨®n de independencia requiere de la celebraci¨®n de un refer¨¦ndum en el que sean convocados a las urnas todos los espa?oles.

¡°Lo que dicen las leyes y la Constituci¨®n es que decisiones de esta naturaleza solo pueden tomarse por quien es el titular de la soberan¨ªa, que es el conjunto de la naci¨®n representada por las Cortes. Y para declaraciones de este tipo ni siquiera solo las Cortes Generales sino la totalidad del pueblo espa?ol, decidiendo una reforma constitucional agravada que requiere preguntar al conjunto del pueblo espa?ol¡±, explic¨®.

Ni siquiera es posible, seg¨²n el Gobierno, una consulta popular solo en Catalu?a. El procedimiento de reforma de la Constituci¨®n requiere la aprobaci¨®n de independencia por una mayor¨ªa de dos tercios en el Congreso, la disoluci¨®n de las Cortes, la ratificaci¨®n en un nuevo Parlamento y la celebraci¨®n de un refer¨¦ndum. Es decir, un procedimiento que el Gobierno considera impensable e imposible de afrontar.

S¨¢enz de Santamar¨ªa ni siquiera quiso avanzar cu¨¢les son los instrumentos legales que utilizar¨ªa para frenar esa hipot¨¦tica declaraci¨®n de independencia. En principio, fuentes del Ejecutivo explican que, de producirse la declaraci¨®n en el Parlamento catal¨¢n, ser¨ªa un simple acto simb¨®lico sin valor alguno y similar a la aprobaci¨®n hace a?os en el Pa¨ªs Vasco del derecho de autodeterminaci¨®n, es decir, una simple declaraci¨®n sin efectos legales.

En todo caso, siempre seg¨²n fuentes del Gobierno, el art¨ªculo 166 de la Constituci¨®n permite impugnar ante el Constitucional los acuerdos del Parlamento de Catalu?a, con capacidad para paralizar su efectividad hasta que haya sentencia: ¡°El Gobierno podr¨¢ impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los ¨®rganos de las comunidades aut¨®nomas. La impugnaci¨®n producir¨¢ la suspensi¨®n de la disposici¨®n o resoluci¨®n recurrida, pero el tribunal, en su caso, deber¨¢ ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses¡±.

Si la declaraci¨®n del Parlamento de Catalu?a se incluyera como reforma del Estatuto, el procedimiento ser¨ªa similar al que se produjo con el llamado plan Ibarretxe. En ese caso, habr¨ªa posibilidad de discutir la propuesta en el Congreso, como ocurri¨® entonces, con la imposibilidad de seguir adelante por la mayor¨ªa absoluta del PP y, previsiblemente, el apoyo del PSOE. El Gobierno ni quiere o¨ªr hablar de la aplicaci¨®n del art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n que permite suspender las competencias de una comunidad. Ese precepto asegura que ¡°si una comunidad aut¨®noma no cumpliere las obligaciones que la Constituci¨®n u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al inter¨¦s general de Espa?a, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad aut¨®noma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobaci¨®n por mayor¨ªa absoluta del Senado, podr¨¢ adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protecci¨®n del mencionado inter¨¦s general¡±. La vicepresidenta no quiso aclarar siquiera si considera que se atenta contra el inter¨¦s general con la declaraci¨®n unilateral.

S¨¢enz de Santamar¨ªa reiter¨® que el pacto fiscal que exige Mas es inconstitucional, pero acept¨®, como le dijo Rajoy la v¨ªspera al presidente catal¨¢n, revisar el sistema de financiaci¨®n. Y tambi¨¦n hacerlo ya, y no esperar a 2013, cuando tocaba su revisi¨®n. La explicaci¨®n del Gobierno es que esa es una petici¨®n de otras comunidades, incluidas algunas gobernadas por el PP. Por eso, el lunes se reunir¨¢ con los consejeros de Presidencia para preparar la Conferencia de Presidentes del 2 de octubre, en las que se hablar¨¢ de este asunto. La vicepresidenta rechaz¨® explicar cu¨¢les ser¨¢n las propuestas del Gobierno, porque, seg¨²n dijo, primero es preciso evaluar el funcionamiento del actual sistema. El reto ser¨¢ cuadrarlo con las duras exigencias de la UE sobre el d¨¦ficit.

Todos los sistemas de financiaci¨®n han sido pactados hasta ahora con la Generalitat de Catalu?a. El actual fue acordado en 2009 y te¨®ricamente hasta 2013 por el PSOE con ERC y CiU se opuso. El PP se abstuvo en la votaci¨®n porque, seg¨²n explic¨® entonces S¨¢enz de Santamar¨ªa, ¡°se trata de un modelo insolidario. La mayor parte de los recursos adicionales van a parar a las comunidades m¨¢s pr¨®speras. Por lo que la mejora del modelo rompe claramente la solidaridad interterritorial¡±.