La decisi¨®n de Pedraz desinfla el delito contra el Estado de 35 detenidos el 25-S

La decisi¨®n del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de archivar la causa contra los promotores del 25-S tendr¨¢ un efecto en la suerte de los 35 detenidos durante las manifestaciones celebradas ese d¨ªa bajo el lema Rodea el Congreso. De ellos, 34 fueron imputados por la titular del juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 8 de Madrid por delitos contra las altas instituciones del Estado, entre otras infracciones penales, y la juez se inhibi¨® y envi¨® el procedimiento a la Audiencia Nacional, la competente para juzgar estos delitos.

Los abogados de los arrestados presentar¨¢n hoy un recurso de reforma contra esa decisi¨®n, y la magistrada tendr¨¢ que resolver con el auto de Pedraz encima de la mesa: una resoluci¨®n que afirma que el 25-S nadie trat¨® de asaltar el Congreso, que la C¨¢mara funcion¨® con total normalidad y que la polic¨ªa hab¨ªa exagerado la gravedad de la convocatoria.

Uno de los argumentos principales de la juez de Madrid para enviar el asunto a la Audiencia fue, precisamente, que el atestado policial hab¨ªa sido ¡°consecuencia y continuaci¨®n¡± de otro previo que hab¨ªa dado origen a la causa abierta en ese tribunal.

¡°Hubo una convocatoria de concentraci¨®n de ciudadan¨ªa ante el Congreso de los Diputados coincidiendo con la celebraci¨®n de la sesi¨®n plenaria del mismo, con el fin de exigir una destituci¨®n y ruptura del r¨¦gimen vigente, etc.¡±, indica tambi¨¦n el auto. ¡°El d¨ªa de la convocatoria la polic¨ªa proteg¨ªa el Congreso de los Diputados y el derecho a que los diputados ejercieran libremente sus funciones, origin¨¢ndose los altercados e incidentes con los ciudadanos, los cuales pretend¨ªan rebasar el per¨ªmetro de seguridad del Congreso, rebasando vallas y enfrent¨¢ndose por ello con los funcionarios de la polic¨ªa¡±. Por todo ello, la magistrada cree que los hechos ¡°podr¨ªan encuadrarse en un presunto delito contra las instituciones¡±, y env¨ªa el procedimiento a la Audiencia Nacional.

El caso de estos 35 detenidos ha ido de un juzgado a otro. La polic¨ªa envi¨® primero el atestado a la Audiencia Nacional, pero Pedraz entendi¨® que si la calificaci¨®n de los hechos que hac¨ªa la propia polic¨ªa no inclu¨ªa un delito contra las instituciones, la Audiencia no ten¨ªa nada que decir.

En el atestado que recibi¨® la Audiencia Nacional, y m¨¢s tarde el juzgado de Instrucci¨®n, aparece como ¡°calificaci¨®n policial del hecho denunciado¡± la siguiente: ¡°resistencia, desobediencia, atentado a agente de la autoridad y des¨®rdenes p¨²blicos¡±. Es decir, la Polic¨ªa, a pesar del inter¨¦s del Ministerio del Interior por acusar por este delito a los que trataron de saltar la valla, no incluyo el delito contra las Instituciones del Estado.

En esa documentaci¨®n, que se envi¨® a Pedraz s¨ª se informaba de que ¡°a lo largo de la concentraci¨®n¡± se hab¨ªan producido ¡°diversos incidentes ocasionados por el intento de rebasar el per¨ªmetro de seguridad establecido en el Congreso de los Diputados, as¨ª como impedir a Sus Se?or¨ªas abandonar el hemiciclo [estas dos ¨²ltimas circunstancias, en negrita], el lanzamiento de objetos a la fuerza policial actuante, as¨ª como agresiones directas a los agentes, todo ello perpetrado de numerosos elementos radicales presentes entre los concentrados¡±.

Con la negrita, la polic¨ªa insinuaba los posibles delitos contra las instituciones del Estado: rebasar el per¨ªmetro de seguridad del Congreso e impedir a Sus Se?or¨ªas abandonar el hemiciclo. Pero el juez Pedraz consider¨® que no hab¨ªa tal infracci¨®n.

El asunto fue entonces al juzgado de guardia de Plaza de Castilla, el de instrucci¨®n n¨²mero 8. La juez, tras tomar declaraci¨®n a los detenidos, dict¨® dos autos: uno de prisi¨®n eludible bajo fianza de 1.000 euros para uno de ellos, al que imputaba des¨®rdenes p¨²blicos y atentado; y otro colectivo para los otros 34 en el que indicaba que hab¨ªa ¡°motivos bastantes¡± para considerarlos ¡°responsables criminalmente¡± de atentado, resistencia y delito contra las instituciones del Estado. El 1 de octubre dict¨® un nuevo auto inhibi¨¦ndose del asunto en favor de la Audiencia Nacional con respecto a los 35 detenidos.

Tras el recurso de reforma de los letrados, la juez tendr¨¢ ahora que decidir si, a la luz del auto de archivo dictado ayer por Pedraz, sigue pensando lo mismo.