El Gobierno advierte a Mas de que se enfrenta a una pena de inhabilitaci¨®n

El Gobierno insisti¨® este lunes en algo que ya hab¨ªa dicho en las ¨²ltimas semanas: responder¨¢ con la ley si el Gobierno catal¨¢n de Artur Mas convoca un refer¨¦ndum ilegal. Pero el Ministerio de Justicia concret¨® esta vez un poco m¨¢s, se?alando el ¡°delito¡± del que se acusar¨ªa al presidente catal¨¢n: ¡°Desobediencia¡±, recogido en los art¨ªculos 410 y 411 del C¨®digo Penal y castigado con hasta tres a?os de inhabilitaci¨®n para ejercer cargo p¨²blico. Artur Mas, por su parte, anunci¨® que si le ¡°tumban¡± el refer¨¦ndum trabajar¨¢ para ¡°internacionalizar el conflicto¡±, desplegando su potencial pol¨ªtico y propagand¨ªstico ante la UE y los ¡°tribunales europeos¡±. No aclar¨® si eso significa que, mientras ¨¦l se explica y busca apoyos en el extranjero, la celebraci¨®n del refer¨¦ndum ilegal quedar¨ªa paralizada.

¡°Si hay un acto ilegal por parte de una persona, no creo que haya que castigar a los ciudadanos catalanes. A quien habr¨¢ que exigir responsabilidades es a esa persona¡±, afirm¨® por la ma?ana en La Sexta el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, cuando le preguntaron si el Ejecutivo se plantea la opci¨®n de suspender la autonom¨ªa o alguna otra respuesta similar en aplicaci¨®n del art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n. El ministro explic¨® que, si la Generalitat convoca un refer¨¦ndum para el que no tiene competencias, el Gobierno pedir¨¢ al Tribunal Constitucional que suspenda esa convocatoria; y, si esa suspensi¨®n no se acatase, se producir¨ªa ¡°un acto ilegal¡±. ¡°Cualquier cargo p¨²blico que actuase en contra de un mandamiento de un tribunal estar¨ªa cometiendo un delito¡±, se?al¨®. ?l no dijo qu¨¦ delito ser¨ªa ese, pero una portavoz de Justicia aclar¨® m¨¢s tarde que se trata del delito de desobediencia, castigado con multa de tres a doce meses e inhabilitaci¨®n de seis meses a dos a?os (hasta tres a?os si la desobediencia se mantiene).

Fuentes del ministerio explicaron que ¡°no est¨¢ en mente¡± endurecer ese art¨ªculo en la reforma del C¨®digo Penal actualmente en marcha o recuperar el delito de convocatoria ilegal de referendos (penado con c¨¢rcel) que el Gobierno del PP cre¨® en 2003 y el del PSOE elimin¨® en 2005. Subrayaron tambi¨¦n que ning¨²n departamento del Gobierno lo ha pedido hasta la fecha.

La estrategia de Artur Mas en estas ¨²ltimas semanas se ha basado en sostener que el proceso de convocatoria del refer¨¦ndum ser¨¢ ¡°escrupulosamente democr¨¢tico¡± y que la Generalitat aplicar¨¢ ¡ªno dice c¨®mo¡ª el marco legal que mejor pueda responder a sus intereses, ya sea espa?ol, catal¨¢n o europeo. Este lunes, el presidente de Catalu?a reiter¨® que su voluntad es lograr mayor¨ªa absoluta el 25 de noviembre para negociar con la m¨¢xima fuerza ante el Gobierno central y lograr que se celebre el refer¨¦ndum de autodeterminaci¨®n en los pr¨®ximos cuatro a?os. Ante el m¨¢s que probable portazo del Ejecutivo de Mariano Rajoy, Artur Mas intentar¨¢ apoyarse en una ley catalana de consultas que no llame refer¨¦ndum a ese refer¨¦ndum (y que utilice el padr¨®n como registro de votantes, no el censo electoral), para sortear los l¨ªmites marcados por el Constitucional en la sentencia que tumb¨® el refer¨¦ndum previsto en 2008 en el plan Ibarretxe, informa Miquel Noguer.

Pero el Gobierno ya ha anunciado que solicitar¨ªa al Constitucional la suspensi¨®n de esa ley catalana de consultas. De ah¨ª que Mas insistiera este lunes en que si le ¡°tumban¡± la ley su intenci¨®n es ¡°internacionalizar el conflicto¡±: acudir a la UE y a los ¡°tribunales europeos¡± ¡ªprobablemente coincidiendo con la celebraci¨®n del refer¨¦ndum de autodeterminaci¨®n en Escocia¡ª y buscar all¨ª apoyos a sus pretensiones. Denunciar, dijo en TV3, que Espa?a ¡°ni tan solo deja que se consulte a la gente¡±.

Lo que el Gobierno catal¨¢n no aclara es si la convocatoria de la consulta quedar¨ªa interrumpida mientras se realiza esta ofensiva legal y pol¨ªtica ante las autoridades comunitarias. ¡°Ahora la prioridad son las elecciones del 25-N¡±, responden en el entorno de Mas.

Tambi¨¦n la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, advirti¨® a la Generalitat de que el Gobierno utilizar¨¢ ¡°todos los instrumentos legales para impedir¡± la celebraci¨®n de una consulta de autodeterminaci¨®n. Si bien luego matiz¨® que ¡°hoy por hoy¡± las aspiraciones soberanistas de Mas ¡°solo son declaraciones y no otra cosa¡±, s¨ª insisti¨® en que el Ejecutivo no dudar¨¢ en adoptar ¡°todas las decisiones legales que est¨¦n a su alcance, todas y cada una de ellas, para que no se practique ninguna actuaci¨®n ilegal¡±.

Cospedal evit¨® aclarar si uno de esos instrumentos ser¨ªa la aplicaci¨®n del art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n, que permite al Ejecutivo adoptar ¡°las medidas necesarias¡± si un Gobierno aut¨®nomo no cumple ¡°las obligaciones que la Constituci¨®n u otras leyes le impongan¡± o act¨²a ¡°de forma que atente gravemente al inter¨¦s general de Espa?a¡±. Tampoco se quiso pronunciar sobre una modificaci¨®n del C¨®digo Penal para volver a castigar con prisi¨®n la convocatoria de referendos ilegales.

Desde el Consejo General del Poder Judicial, sin embargo, se puso en cuesti¨®n que el Gobierno pueda perseguir penalmente a Mas. Su portavoz, Gabriela Bravo, mostr¨® sus dudas de que los planes de la Generalitat sean constitutivos de delito: ¡°Constitutivo de delito, no; porque ese tipo fue despenalizado¡±, dijo en TVE, aunque haciendo solo referencia al tipo delictivo de convocatoria ilegal de referendos, eliminado efectivamente en 2005. ¡°Yo es que creo que a las palabras del se?or Mas se les ha dado quiz¨¢ una sobredimensi¨®n¡±, a?adi¨® la portavoz. ¡°Mas, en el marco de una campa?a electoral, lo que ha anunciado es que quiere escuchar al pueblo catal¨¢n. S¨ª, es cierto que ha hablado de consulta¡­ Bueno, vamos a ver qu¨¦ es lo que convoca y entonces tendremos que dar una respuesta¡±.