Los jueces denuncian los abusos del sistema legal de desahucios

Los jueces, privilegiados observadores del drama social de los desahuciados en Espa?a, denuncian los abusos de un sistema desfasado en un informe encargado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Una comisi¨®n de siete magistrados ataca sin medias tintas los abusos que ampara el actual marco legal y recuerda que el vigente sistema de cobro de cr¨¦ditos hipotecarios fue creado hace m¨¢s de un siglo, en 1909. El informe ser¨¢ estudiado hoy por el ¨®rgano rector de los jueces.

Los comisionados, destinados en Audiencias y Juzgados de varias comunidades, proponen que las ayudas del Estado a la banca se extiendan a los clientes sobreendeudados. Esta es la premisa principal para solucionar el problema de los desahucios, se?alan en el estudio al que ha tenido acceso EL PA?S. En los ¨²ltimos cuatro a?os, desde que comenz¨® la crisis, se han producido alrededor de 350.000 ejecuciones hipotecarias en Espa?a.

El informe elaborado por los jueces, habla de ¡°mala praxis de las entidades bancarias¡± y propone toda una bater¨ªa de medidas para proteger a las familias que se encuentran al borde del lanzamiento. ¡°El punto de partida debe ser extender al cliente sobreendeudado (obviamente siempre que lo sea de buena fe) una parte de los beneficios y ayudas que la banca recibe del Estado¡±, dice textualmente el informe, ¡°pues en otro caso el deudor se ver¨¢ abocado a la ruina, la p¨¦rdida del local donde ejerce su actividad empresarial o profesional (que es su medio de vida) o, lo que es peor, de su vivienda habitual¡±.

El informe, que forma parte del estudio Propuestas para la agilizaci¨®n y reforma de los procesos civiles, ha sido dirigido por Manuel Almenar, vocal del CGPJ, y elaborado durante ocho meses junto a seis magistrados de distintos puntos de Espa?a. Propone una transformaci¨®n de fondo en el marco jur¨ªdico que ordena las ejecuciones hipotecarias.

Piden moratorias por accidentes, paro, desgracias o enfermedad

El an¨¢lisis arranca pregunt¨¢ndose c¨®mo y por qu¨¦ se ha llegado al drama que atraviesan esas 350.000 familias. Y la respuesta apunta en una direcci¨®n: la banca. Los bancos, su ¡°ligereza y mala praxis¡± son, en opini¨®n de la comisi¨®n, los causantes de una generalizada extensi¨®n del cr¨¦dito hipotecario ¡°sin valorar las posibilidades reales del deudor¡± y de la ¡°comercializaci¨®n irresponsable, cuando no torticera, de productos financieros complejos... (participaciones preferentes)¡±.

Los autores destacan que en los ¨²ltimos cuatro a?os las ejecuciones hipotecarias se han quintuplicado y que en 2012 han aumentado un 20,6% respecto al a?o pasado, alcanzando la cifra de 350.000. Y lo analizan as¨ª: ¡°No se trata de cifras fr¨ªas. Cada procedimiento encierra un aut¨¦ntico drama que lleva casi inexorablemente a la exclusi¨®n social de familias que, impotentes tras haber quedado en el paro o sufrir una dr¨¢stica reducci¨®n de sus ingresos, se ven incapaces de satisfacer las cuotas de unos pr¨¦stamos que concertaron en ¨¦poca de bonanza econ¨®mica (por tanto no con fines especulativos o por pura pretensi¨®n suntuaria), simplemente para adquirir una vivienda digna que tras el estallido de la crisis no pueden pagar¡±.

Para la comisi¨®n de jueces la banca siempre ha jugado con una ¡°importante ventaja¡± sobre el deudor. As¨ª, destacan que goza de un procedimiento privilegiado para el cobro de cr¨¦ditos hipotecarios, creado en 1909, que les permite cobrar sus deudas de forma r¨¢pida, ¡°un proceso extremadamente agresivo frente al deudor que dota a la escritura del pr¨¦stamo hipotecario de mayor eficacia incluso que una sentencia ya que las posibilidades de que dispone el deudor para oponerse son muchas menos que si se tratara de la ejecuci¨®n de una sentencia¡±. Los magistrados citan un informe del Defensor del Pueblo titulado Crisis econ¨®mica y deudores hipotecarios; actuaciones y propuestas, en el que se incide en este aspecto.

Reclaman la entrega de la vivienda para cancelar el cr¨¦dito

El escenario que describen concluye en una situaci¨®n perversa ya que, finalizada la ejecuci¨®n, y tras la subasta, los inmuebles se adjudican al banco, ¡°generalmente por un precio inferior al del mercado¡±, y pasan a engrosar sus activos inmobiliarios ¡°quedando muchas veces desocupados durante a?os ante la ausencia de potenciales adquirientes dado que en un c¨ªrculo vicioso la crisis econ¨®mica ha reducido al m¨ªnimo la demanda¡±.

?C¨®mo solucionar estas situaciones de injusticia? ?Qu¨¦ medidas se pueden adoptar? El informe propone abrir el debate para evitar ¡°la desgraciada situaci¨®n en la que se encuentran miles de familias en este pa¨ªs como consecuencia de la crisis econ¨®mica, con riesgo de p¨¦rdida de su vivienda, frecuentemente, el bien mayor del que disponen¡±. Situaciones excepcionales, como la que vive la econom¨ªa espa?ola, requieren de ¡°soluciones excepcionales¡±, se?ala el estudio.

Como primera medida, propone la determinaci¨®n del concepto de ¡°deudor hipotecario de buena fe¡±, lo que permitir¨¢ que los cambios normativos afecten a gente que realmente los necesita, personas que est¨¢n punto de perder su vivienda habitual o el local de su negocio.

Otorgar al juez la posibilidad de que conceda moratorias en el pago de cuotas es una de las 18 medidas que desgrana el informe: desgracias familiares, paro, accidentes de trabajo o una larga enfermedad podr¨ªan ser motivos para que el juez estuviera facultado para conceder un aplazamiento del pago.

Pero el estudio va a¨²n m¨¢s lejos y propone que la daci¨®n en pago, es decir, la entrega de la vivienda como modo de cancelar el cr¨¦dito, se convierta en una ¡°regulaci¨®n imperativa en determinadas circunstancias¡±.

El an¨¢lisis elaborado por los siete magistrados comisionados critica el C¨®digo de Buenas Pr¨¢cticas implantado por el ministro de Econom¨ªa y Competitividad Luis De Guindos. De hecho, propone extender el radio de acci¨®n de las medidas de protecci¨®n, que hasta ahora solo se conced¨ªan en casos muy excepcionales, para que puedan acceder a ellas muchos otros deudores en apuros. Bajo el nuevo marco normativo, el juez podr¨ªa establecer periodos de carencia en el pago, ampliaciones del plazo de amortizaci¨®n, reducciones provisionales del tipo de inter¨¦s y tambi¨¦n quitas de la deuda.

Otras medidas que suponen una transformaci¨®n de fondo son las encaminadas a impedir que los bancos se puedan adjudicar las viviendas de los desahuciados a precio de saldo. El informe dice: ¡°La ley hoy permite a las entidades bancarias adjudicarse bienes por valor notoriamente inferior al real, cuando deber¨ªa realizarse por su valor real y con arreglo a una tasaci¨®n realizada por peritos independientes ajenos a la entidad crediticia¡±. Asimismo, plantea la introducci¨®n de mecanismos que permitan que el deudor pueda permanecer en su vivienda satisfaciendo un canon o buscando f¨®rmulas como el arrendamiento o leasing.

Esta profunda revisi¨®n del r¨¦gimen legal y procesal que plantea el informe de los siete magistrados se cierra con una propuesta que permitir¨ªa que los ciudadanos participen con voz propia. Reclama la creaci¨®n de unas comisiones mixtas que favorezcan salidas negociadas entre el banco y el deudor y en las que est¨¦n presentes la banca, la administraci¨®n y los consumidores. Reclama protagonismo para los hipotecados.