Anticorrupci¨®n destapa la supuesta financiaci¨®n ilegal del PP de Baleares
La trama afecta a tres exconsejeros del Gobierno que presidi¨® Jaume Matas Las consejer¨ªas adjudicaron a dedo contratos a una firma de publicidad La empresa desviaba parte del dinero p¨²blico a financiar la campa?a electoral
El fiscal de Baleares Pedro Horrach y el juez Jos¨¦ Castro, que investigan el caso Urdangar¨ªn, han descubierto indicios de delito en la actuaci¨®n del Gobierno de Jaume Matas (2003-2007) en relaci¨®n a la adjudicaci¨®n irregular de contratos p¨²blicos a una empresa. Con parte del dinero adjudicado a esa firma, el Partido Popular de Baleares pudo financiarse para la campa?a electoral.
Los hechos descubiertos por la investigaci¨®n judicial pueden dar lugar a la imputaci¨®n de una decena de ex altos cargos del Gobierno de Matas ¡ªentre ellos tres de sus consejeros¡ª, as¨ª como de varios empresarios. El juez y el fiscal se han desplazado a Madrid para tomar declaraci¨®n a implicados que residen en la capital.
Por sus caracter¨ªsticas, se considera un asunto gemelo del caso G¨¹rtel. Una primera estimaci¨®n fija en tres millones de euros el dinero manejado en contratos p¨²blicos bajo sospecha.
La investigaci¨®n comenz¨® en 2010, tras unos registros a sedes de organismos del Gobierno de Baleares y de distintas oficinas y almacenes de compa?¨ªas de publicidad.
El n¨²cleo del esc¨¢ndalo radica en las adjudicaciones a la firma Over Marketing y Comunicaci¨®n (Over Mc), controlada por el publicista Daniel Mercado, que ide¨® las campa?as de imagen y estrategia de Matas para las elecciones de 2007 y antes en 2003. Mercado es uno de los implicados que residen en Madrid, su sociedad figura en liquidaci¨®n en el Registro Mercantil. En el apogeo del PP de Matas abri¨® una oficina en Palma de Mallorca.
Cuando Matas retorn¨® al poder en 2003, tras ser ministro de Medio Ambiente con Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, la mayor¨ªa de las 13 consejer¨ªas del Gobierno balear y muchos Ayuntamientos del PP pasaron a contratar trabajos con Over MC. La acusaci¨®n acumula pruebas de que mediante este mecanismo se financi¨® indirectamente con fondos p¨²blicos una parte de las campa?as electorales del PP.
La firma de Mercado fue beneficiada con adjudicaci¨®n de contratos para promocionar nuevas infraestructuras de las islas. Para trabajos similares con el macrohospital de Son Espases, Over Mc cobr¨® 1,3 millones y la mayor¨ªa de contratos eran de hasta 12.000 euros, directos sin concurso. El lanzamiento del parque de Sa Riera de Palma cost¨® 120.000 euros. Los contratistas p¨²blicos destinaban una partida a publicidad que el Gobierno controlaba y Over MC era la privilegiada.
Un equipo de investigadores de la Guardia Civil ha rastreado en la mara?a de expedientes, facturas, la vida econ¨®mica de empresas y los pagos desde las instituciones vinculadas. Antiguos gestores que trabajaron en el aparato del PP y empleados de Over MC han detallado aspectos sospechosos.
La investigaci¨®n judicial se ha cobrado ya una primera v¨ªctima pol¨ªtica. En julio de 2012 fue forzado a dimitir el que era delegado del Gobierno en Baleares, Jos¨¦ Mar¨ªa Rodr¨ªguez, consejero de Interior con Jaume Matas y secretario general del PP balear, en cuyo departamento se efectuaron contrataciones oficiales con OverMC.
Cuando trascendi¨® la supuesta irregularidad, Rodr¨ªguez orden¨® que se averiguase en la Guardia Civil las filtraciones sobre las investigaciones que le implicaban en un caso de corrupci¨®n. En el Ministerio del Interior se le invit¨® a dejar su cargo.
En las carpetas halladas durante el registro en la empresa de publicidad se encuentran apuntes que no distinguen entre el cliente PP y las instituciones: ¡°Campa?a 2007 Baleares, Ibsalut, Manacor, noticias varias, PP, Menorca¡±.
Otra de las semejanzas con el operativo del caso G¨¹rtel, centrado en el m¨¦todo de contrataciones institucionales paralelas a trabajos partidistas, son los obsequios documentados para altos cargos y sus esposas. En la causa existen listados de regalos de gran lujo, su precio y el nombre de los beneficiarios.
Tres autonom¨ªas bajo sospecha
Con la causa abierta por supuesta financiaci¨®n ilegal del PP balear ya son tres las autonom¨ªas donde gobierna el partido conservador sospechosas de una grave pr¨¢ctica de corrupci¨®n consistente en adjudicar contratos con dinero p¨²blico a empresas que acaban financiando actos electorales de esta formaci¨®n pol¨ªtica.
El caso G¨¹rtel, cuyo epicentro es la Comunidad de Madrid, destap¨® varios casos de supuesta financiaci¨®n ilegal del PP a trav¨¦s de las empresas con las que intermediaba Francisco Correa, jefe de la trama. El mecanismo era parecido al descubierto ahora en Baleares. Correa influ¨ªa sobre alcaldes del PP para que adjudicaran contratos a unas empresas determinadas. Estas pagaban comisiones por esas adjudicaciones a la trama G¨¹rtel quien, a su vez, acababa desviando una parte de esos fondos a actos electorales del PP.
En la Comunidad Valenciana, la investigaci¨®n del caso G¨¹rtel descubri¨® c¨®mo el Partido Popular financiaba muchos actos electorales con dinero de empresas privadas que, a su vez, eran contratistas de la Administraci¨®n.
Estas empresas contratistas aparentaban contratar servicios con las firmas de la trama G¨¹rtel y les pagaban unas cantidades de dinero que, en realidad, serv¨ªan para financiar actos de distintas campa?as electorales del PP en esa comunidad aut¨®noma.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana abri¨® hace meses una causa a la financiaci¨®n ilegal del PP y mantiene imputados a los empresarios que supuestamente financiaron ilegalmente a esta formaci¨®n pol¨ªtica y a varios miembros del Gobierno aut¨®nomo que presid¨ªa Francisco Camps.
En la Comunidad de Madrid, el caso G¨¹rtel sigue instruy¨¦ndose en la Audiencia Nacional con una causa ¨²nica en la que se acumulan distintas irregularidades, entre ellas los contratos adjudicados por determinados Ayuntamientos, gobernados por el PP, que dieron lugar a comisiones ilegales que recaud¨® la trama G¨¹rtel y que, supuestamente, acabaron financiando actos del PP.
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