Batalla contra los abusos de una ley
Hace dos a?os varios colectivos sociales comenzaron la lucha contra las injusticias de la ley hipotecaria. Ahora, los jueces combaten una legislaci¨®n que consideran muerta y se plantean suspender los desalojos a la espera de una ley europea
Mensaje de un juez a sus colegas en un foro de debate: ¡°Joder con mi quiosquero. Esta ma?ana cuando he ido a comprar el peri¨®dico y me ha visto ha salido de detr¨¢s de las revistas y sin decirme nada me ha dado un beso en la boca delante de los parroquianos. Me he quedado cortado y sonrojado, despu¨¦s he visto el titular de un peri¨®dico y le he o¨ªdo decir que yo era juez y que por fin parec¨ªa que los poderosos de esta sociedad encontraban colectivos que les hac¨ªan frente. Me he ido a casa pensando que algo est¨¢ cambiando, que se ha abierto camino a una transformaci¨®n del colectivo de jueces, lenta pero imparable¡±.
?Se acab¨® el silencio. La rebeli¨®n de algunos jueces ante una ley obsoleta e injusta aprobada hace m¨¢s de un siglo, en 1909, que ha precipitado el desalojo de 350.000 propiedades y decenas de miles de familias, ha conseguido acercar a este colectivo a la sociedad y generado un debate entre los propios magistrados sobre c¨®mo responder a este drama social. El foro interno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que agrupa a m¨¢s 5.000 jueces, y los de las distintas asociaciones profesionales recogen propuestas, iniciativas y miles de mensajes que reclaman un cambio de la ley, que piden una respuesta. Algunos proponen que a partir de ma?ana se paralicen los desalojos que se tramitan en sus juzgados.
Otro mensaje: ¡°Ayer o¨ª a Juan Luis Ibarra [presidente del Tribunal Superior de Justicia del Pa¨ªs Vasco]. Expres¨® dolor y verg¨¹enza por los hechos desgraciados de Barakaldo [el suicidio de Amaya Ega?a, de 53 a?os, cuando iba a ser desalojada de su piso por una comisi¨®n judicial]. Habl¨® de cuando el derecho mata a la justicia. Y me emocion¨¦ porque sali¨® a dar la cara cuando otros presidentes del TSJ hab¨ªan callado ante suicidios anteriores. Y porque sent¨ª que se expresaba en nuestro idioma. El otro lenguaje no es el nuestro, no lo reconozco, no me hice juez para acabar convertido en un simple verdugo que aplica la pena de muerte a los m¨¢s d¨¦biles. Ser¨¢ el lenguaje de los banqueros, los mercados, pero mi sentimiento est¨¢ con Juan Luis. El derecho tiene mucha trastienda ¨¦tica¡±. ¡°Estamos debatiendo con un ardor y una intensidad que no se puede imaginar¡±, describe Gemma Vives, juez de Barcelona que dict¨® uno de los primeros autos contra los desalojos.
?Se ha perdido el miedo a hablar en la judicatura? ¡°La gente lo est¨¢ perdiendo. Se est¨¢ superando el falso concepto de responsabilidad callada. La posici¨®n de los jueces ante este drama ha provocado nuestra reconciliaci¨®n con la sociedad de la que est¨¢bamos alejados¡±, afirma Pedro Luis Viguer, de 47 a?os, decano de los jueces de Valencia y uno de los magistrados m¨¢s cr¨ªticos con los desalojos. Una postura que ha obligado al Gobierno a aprobar un decreto ley para paliar los devastadores efectos de los desahucios concediendo una moratoria de dos a?os para los m¨¢s vulnerables y un parque de viviendas. Medidas que muchos jueces y colectivos sociales creen insuficientes.
Juez Guillem Soler: "cuando un ciudadano pierde la vivienda por no pagar no puede alegar"
La ola explot¨® el pasado 25 de octubre en la sede del CGPJ. El vocal Manuel Almenar present¨® un trabajo titulado Propuestas para la agilizaci¨®n y reforma de los procesos civiles en el que siete magistrados de distintos puntos de Espa?a reclamaban al m¨¢ximo ¨®rgano de la judicatura una transformaci¨®n total del marco jur¨ªdico que regula las ejecuciones hipotecarias. Estos jueces, entre los que figura Viguer, el decano de Valencia, acusan a los bancos de ¡°irresponsabilidad, ligereza y mala praxis¡±, piden moratorias para casos de accidentes, paro, desgracias o enfermedad y reclaman que la daci¨®n en pago, es decir, la entrega de la vivienda como modo para cancelar el cr¨¦dito, se convierta en una ¡°regulaci¨®n imperativa en determinadas circunstancias¡±. Entre sus propuestas exigen que los ciudadanos participen con voz propia mediante la creaci¨®n de comisiones mixtas que favorezcan las salidas negociadas entre el banco y el deudor.
El pleno del CGPJ mir¨® hacia otro lado, evit¨® pronunciarse sobre el informe y cuestionar si se hab¨ªa o no votado entre sus redactores e incluso si el ¨®rgano de los jueces lo hab¨ªa encargado. Su contenido lo hab¨ªa revelado el d¨ªa anterior EL PA?S. ¡°Que nos llamen para hacer este informe y luego nos den en la testuz es el colmo. Hemos trabajado durante ocho meses, lo hemos hecho sin cobrar. No es de recibo la reacci¨®n que tuvo el Consejo. Qu¨¦ decepci¨®n¡±, se queja uno de los redactores que reclama el anonimato.
La actitud tibia de Gonzalo Moliner, presidente del m¨¢ximo ¨®rgano de los jueces, y de algunos vocales ante el informe que propon¨ªa soluciones para los desalojos hipotecarios no sirvi¨® de nada. Los 47 jueces decanos de toda Espa?a suscribieron d¨ªas despu¨¦s en Barcelona una frase para la historia: ¡°La justicia est¨¢ llamada a encabezar el discurso p¨²blico contra la crisis¡±. Una comisi¨®n de 15 jueces llev¨® a la reuni¨®n la necesidad de reformar la denostada Ley de Ejecuci¨®n Hipotecaria.
La ola que explot¨® en el CGPJ y la iniciativa de los decanos no fue casual. El viento y las corrientes que la formaron vienen de a?os atr¨¢s en juzgados de Estella y Pamplona, Girona, Torrej¨®n (Madrid), Elche, Barcelona o Terrassa (Barcelona), entre otros, en los que los jueces sorteaban en el silencio de sus despachos la dura ley de ejecuci¨®n hipotecaria con autos vanguardistas. Resoluciones innovadoras en las que retratan situaciones de ¡°enriquecimiento injusto¡±, ¡°abuso de derecho¡± y pr¨¢cticas parecidas a la ¡°usura¡±. Todos hablan de la indefensi¨®n de los desahuciados frente a los bancos.
Un magistrado sobre el Poder Judicial:? "Nos llaman para hacer un informe y luego nos dan en la testuz. Es el colmo"
Fuera de los juzgados algunos ciudadanos soplaban con fuerza en la misma direcci¨®n. Llu¨ªs Mart¨ª, de 54 a?os, mec¨¢nico de profesi¨®n, separado y padre de un ni?o de 10 a?os, ha paralizado el desalojo de su casa en La Bisbal del Pened¨¦s, un pueblo a 30 kil¨®metros de Tarragona, en cinco ocasiones. Asegura que es la primera persona en Espa?a que lo ha conseguido. Entre otras causas por la ayuda de 30 personas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que el 3 de noviembre de 2010 rodearon su casa con pancartas para impedir el desalojo. ¡°Mi caso se ha archivado. Se suspendi¨® por voluntad del banco (Catalu?a Caixa). Deb¨ªa m¨¢s de 100.000 euros, pero no ten¨ªa trabajo desde 2009. Sigo en mi casa y no la voy a dejar¡±, dice.
Con esta iniciativa arranc¨® la campa?a Stop Desahucios de la PAH que hoy ha logrado paralizar 500 desalojos y se ha convertido, junto a movimientos como el 15-M, en la punta de lanza de iniciativas ciudadanas contra la vieja Ley de Ejecuci¨®n Hipotecaria. Ada Colau, de 38 a?os, licenciada en Filosof¨ªa y trabajadora en un observatorio de derechos sociales, es una de las impulsoras de esta plataforma que en solo dos a?os ha crecido como hongos por todo el pa¨ªs. ¡°Hemos conseguido peque?as grandes victorias, como daciones en pago antes de la subasta y condonaciones de deuda despu¨¦s de la subasta. Centenares de Ayuntamientos nos apoyan pidiendo que se cambie la ley¡±.
Con ese objetivo, PAH y otros colectivos han reunido 600.000 firmas y presentado una iniciativa legislativa popular ante el Congreso para lograr la daci¨®n en pago retroactiva. Mart¨ª Batllori, letrado de la PAH, califica de ¡°tortuosa y conflictiva¡± la presentaci¨®n de esta iniciativa y augura que alcanzar¨¢n el mill¨®n de firmas. Para Pablo Matos, portavoz de vivienda del PP en la anterior legislatura, la daci¨®n en pago es un ¡°disparate porque lo que consigue es la p¨¦rdida de la vivienda y el abandono del hogar familiar¡±. El diputado popular afirma que el decreto ley del Gobierno es solo una respuesta ¡°urgente¡± para paralizar los desahucios y se muestra partidario de reformar la Ley Hipotecaria. ¡°Le aseguro que la vamos a impulsar. Hay mucha desproporci¨®n y abusos¡±, dice.
Ada Colau, la activista de la campa?a Stop Desahucios, considera insuficientes las medidas del Gobierno. ¡°Las moratorias parciales no son la soluci¨®n. Se habla del desahucio, pero no de la deuda. La gente tiene que poder liberarse de esa carga. No se les puede dejar excluidos de por vida. Definir colectivos vulnerables es otra equivocaci¨®n, ya se hizo con el c¨®digo de buenas pr¨¢cticas, que ha sido un fracaso. Con este decreto el caso de la se?ora que se suicid¨® en Barakaldo no entrar¨ªa: era un matrimonio con trabajo y un hijo de 21 a?os¡±.
Una encuesta con 6.000 casos de desalojo concluye que el 65% son de espa?oles y que en el 82% hab¨ªa un menor
Guillem Soler, de 36 a?os, titular de un juzgado de Barcelona, es uno de los pioneros en denunciar los abusos de los desalojos. Hace dos a?os y medio, cuando estaba al frente de un juzgado de Sabadell y casi nadie hablaba del drama, plante¨® la inconstitucionalidad de la ley de ejecuciones hipotecarias, pero el Constitucional aval¨® la vieja ley de 1909. En su opini¨®n el ciudadano est¨¢ indefenso y lo explica as¨ª: ¡°Cuando un ciudadano pierde la vivienda por no pagar no puede alegar, no puede paralizar la ejecuci¨®n. Si quiere hacerlo tiene que ir a un proceso distinto. Es una ley restrictiva del derecho de defensa¡±.
La moratoria de dos a?os aprobada por el Ejecutivo para las familias que no ingresen m¨¢s de 19.200 euros al a?o es para Soler puro maquillaje. ¡°El fondo de este problema es este sistema injusto que requiere que se cambie la ley. Hace falta una reforma legislativa a fondo¡±. El juez propone dos opciones; la daci¨®n en pago o la modificaci¨®n de la ley procesal para que el banco en vez de quedarse con la casa por el 60% de su valor lo haga por el 80%. ¡°As¨ª quedar¨ªa poca deuda por pagar¡±, apostilla. Y a?ade: ¡°tienen que tener efecto retroactivo porque de no ser as¨ª el problema contin¨²a¡±.
Edmundo Rodr¨ªguez, de 49 a?os, magistrado de la Audiencia Provincial de ?lava, reclama suprimir el procedimiento de ejecuci¨®n hipotecaria y destaca la indefensi¨®n de los miles de afectados, que adem¨¢s carecen de abogado. ¡°Yo lo har¨ªa desaparecer. Hay que ir a uno ordinario y com¨²n para los acreedores. Hay que ampliar las causas de oposici¨®n del acreedor: por cl¨¢usulas abusivas o intereses de demora desproporcionados; establecer que el inmueble que se ejecuta sirva de vivienda familiar; que sea obligatorio para los deudores la intervenci¨®n de letrado. Ahora en el 95% de los casos no hay oposici¨®n. Y como no hay oposici¨®n ejecutamos y subastamos por dos duros¡±.
Una encuesta con 6.000 casos recogidos por la plataforma de afectados PAH ofrece datos sorprendentes: el 82% de las viviendas ejecutadas eran el hogar de al menos un menor; el 65% eran espa?oles; m¨¢s de un 40% hab¨ªa suscrito una hipoteca entre 100.000 y 200.000 euros; un 49,1% se encontraba en el paro. La lista de las entidades ejecutantes la encabezan Bankia con un 16%, y el BBVA con un 12%. ¡°Los afectados est¨¢n desesperados, no se les ocurre ir al Colegio de Abogados a pedir defensa. Cuando vienen sin letrado tenemos un problema¡±, confiesa el juez Rodr¨ªguez.
El abogado Rafael Mayoral, de 38 a?os, ha asistido en Madrid a decenas de desalojos. No imaginaba que el movimiento que iniciaron unos pocos llegar¨ªa tan lejos. Se ha implicado porque cuando se notifica la demanda de ejecuci¨®n al deudor no se le informa de su derecho a la defensa gratuita. ¡°El afectado est¨¢ indefenso, no tiene informaci¨®n sobre el procedimiento. Adem¨¢s, si no lo pides el banco te carga las costas¡±, dice. Cien letrados han creado un turno solidario para asistir a desalojados y redactar escritos.
Decenas de letrados crean un turno solidario para ayudar a los afectados, que en un 95% no plantean recurso
Jos¨¦ Luis Gonz¨¢lez Armengol, decano de los jueces de Madrid, reclama una reforma que va m¨¢s all¨¢ de la que acaba de aprobar el Gobierno. Esta es su receta: ¡°Hay que ir a un cambio legislativo que lleve anejos otros aspectos legales del C¨®digo Civil en el que se fije la daci¨®n en pago. El banco es un acreedor privilegiado. Hay que garantizar el compromiso de las Administraciones con las viviendas sociales. Se tiene que potenciar el mercado de alquiler para llegar a est¨¢ndares europeos. La compra implica m¨¢s riesgos. Estamos pagando las consecuencias de una pol¨ªtica de vivienda equivocada¡±.
La moratoria de dos a?os aprobada por el Gobierno para los m¨¢s vulnerables es un error para Jos¨¦ Mar¨ªa Fern¨¢ndez Seijo, de 47 a?os, el juez que recurri¨® ante el Tribunal de Justicia de la UE el caso de Mohamed Aziz, un obrero marroqu¨ª residente en Catalu?a, una iniciativa que amenaza con tumbar la ley hipotecaria espa?ola. El dictamen de la abogada general del tribunal, califica de abusiva la normativa. ¡°La moratoria por s¨ª sola es peligrosa si no hay una quita. Deber¨ªa ir acompa?ada de la reestructuraci¨®n de la deuda. Si la paralizas lo que haces es retardar el problema porque los intereses siguen creciendo. Si no rebajas la deuda no hay soluci¨®n definitiva. Adem¨¢s, las clases medias deber¨ªan beneficiarse, no solo las clases m¨¢s bajas¡±.
La futura sentencia europea augura que la ley espa?ola est¨¢ muerta. Algunos lo ven tan claro que ya proponen la paralizaci¨®n de todos los desahucios. ?ngel Dolado, de 50 a?os, juez decano de Zaragoza y presidente del Foro Judicial Independiente, dirige esta iniciativa. ¡°Para evitar males mayores hay que suspenderlos. Hemos redactado un formulario a modo de auto que estamos distribuyendo en toda Espa?a. Queremos que las juntas de jueces valoren la posibilidad de pararlos¡±. El abogado Mayoral asegura que ma?ana numerosos afectados pedir¨¢n la suspensi¨®n de sus desalojos en juzgados en todo el pa¨ªs. Y esgrimir¨¢n el informe de la abogada del tribunal europeo. ¡°Vamos a ver si lo atienden los jueces¡±, se pregunta.
Diego Guti¨¦rrez, de 37 a?os, juez en Lleida, cree que s¨ª: ¡°Hay que hacer algo. Hay un compromiso de parte de la judicatura para afrontar estas situaciones tan dram¨¢ticas. Algunos compa?eros se plantean suspender algunas ejecuciones hasta que el tribunal europeo se pronuncie¡±. Jos¨¦ Francisco Cobo, de 55 a?os, el magistrado de la Audiencia de Navarra que dict¨® uno de los primeros autos cr¨ªticos con el sistema de desahucios, recita todo el acerbo comunitario en materia de protecci¨®n a los consumidores y apostilla: ¡°Me parece una posibilidad correcta y razonable. Deber¨ªamos ir por ah¨ª¡±.
Otros como Juan Antonio Xiol, presidente de la Sala Primera del Tribunal Supremo, buscan v¨ªas m¨¢s complejas y estudian si es posible plantear recursos a los autos de desalojo ya que la casaci¨®n exige proceder solo contra sentencias: ¡°No es f¨¢cil, pero no imposible. La novedad ser¨ªa la apelaci¨®n ante la Audiencia, y contra la sentencia de esta cabe el recurso de casaci¨®n. Buscar alguna v¨ªa para que lleguen ante el Supremo¡±.
El movimiento ciudadano contin¨²a y el decreto del Gobierno calienta todav¨ªa m¨¢s los debates en los foros de los jueces. De los comentarios no escapa Moliner, el presidente del CGPJ que evit¨® abordar el informe de sus compa?eros sobre los desalojos, la ola que rompi¨® por sorpresa en la sede del m¨¢ximo ¨®rgano judicial y que lo inund¨® todo. ¡°El problema no es que se equivoque, es que se equivoque siempre a favor de los mismos¡±, esgrime un magistrado en su mensaje.
La banca mete presi¨®n
- El martes 6 de noviembre se reunieron a comer en Madrid los representantes del llamado Grupo 1 de la Asociaci¨®n Espa?ola de Banca (AEB), el de los grandes. Acudieron Mat¨ªas Rodr¨ªguez Inciarte (vicepresidente del Santander), Jaime S¨¢enz de Tejada (director de Espa?a y Portugal del BBVA), Roberto Higuera (vicepresidente del Popular), Jaime Guardiola (consejero delegado del Sabadell) y Jos¨¦ San F¨¦lix (consejero delegado de Banesto), adem¨¢s del presidente de la patronal bancaria, Miguel Mart¨ªn. La comida, frugal como suelen acostumbrar los banqueros cuando trabajan, acab¨® con el firme prop¨®sito "de buscar soluciones sobre una cuesti¨®n que se estaba yendo de las manos y transmit¨ªrselas al Ejecutivo antes de que tome decisiones traum¨¢ticas que pueden perjudicar seriamente al sector financiero", seg¨²n una fuente implicada. La AEB puso a trabajar a los comit¨¦s jur¨ªdico y de comunicaci¨®n para elaborar una propuesta y pas¨¢rsela al Gobierno. El viernes, los bancos ya ten¨ªan un plan para enviar al Ministerio de Econom¨ªa a fin de que tuviera en cuenta sus puntos de vista.
- La cosa no acab¨® ah¨ª. A la presi¨®n popular, que es la ¨²nica que ha hecho reaccionar al Gobierno y a la propia banca, se sumaron los jueces decanos pidiendo cambios en la Ley Hipotecaria y la polic¨ªa que manejaba aplicar la cl¨¢usula de conciencia en los desahucios. Los grandes bancos tuvieron que volver a abordar el tema en otra reuni¨®n una semana despu¨¦s, el martes 13. Esta vez fue un escal¨®n m¨¢s arriba en la jerarqu¨ªa. Acudieron Alfredo S¨¢enz (vicepresidente y consejero delegado del Santander), ?ngel Cano (consejero delegado del BBVA), ?ngel Ron (presidente del Popular) y Josep Oli¨² (presidente del Sabadell), adem¨¢s de Miguel Mart¨ªn.
- Un d¨ªa despu¨¦s, la Confederaci¨®n Espa?ola de Cajas de Ahorros (CECA), presidida por Isidro Fain¨¦ (presidente, a su vez, de Caixabank), reuni¨® a su comit¨¦ ejecutivo y a su consejo con este tema como punto central y pr¨¢cticamente monogr¨¢fico. Las cajas, todav¨ªa inmersas en esos procesos de integraci¨®n y reconversi¨®n, tambi¨¦n subrayaron la necesidad de aclarar el panorama y mejorar los criterios objetivos que se deben aplicar.
- Las presiones de los bancos y cajas fueron insistentes desde las reuniones del martes y mi¨¦rcoles. Adem¨¢s, Emilio Bot¨ªn tuvo la oportunidad de tratar del tema con el ministro de Econom¨ªa, Luis de Guindos, y el gobernador del Banco de Espa?a, Luis Linde, en una conferencia internacional de banca del Santander.
- Los responsables de bancos y cajas hab¨ªan visto que el asunto de los desahucios se les iba a echar encima irremisiblemente. Se intercambiaron llamadas al m¨¢s alto nivel. Hab¨ªa que moverse. Consideran que las cr¨ªticas que reciben por los casos de desahucios son "exageradas y equivocadas", lo que impacta muy negativamente en su negocio, por mucho que prediquen que solo son morosos o impagados el 3% de las casi siete millones de hipotecas, cuyo saldo vivo es de 931.000 millones de euros (cifras de agosto), y que la mayor parte de los 350.000 casos de los que habla el m¨¢ximo ¨®rgano judicial corresponde a casos de segundas o terceras viviendas, garajes, locales comerciales, naves industriales, locales r¨²sticos...
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