Oposici¨®n, jueces, abogados y fiscales se unen contra las nuevas tasas

El Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, ha logrado poner de acuerdo a todos. Pero no en apoyo a una de sus medidas, sino en el rechazo a las nuevas tasas judiciales que hoy publica el Bolet¨ªn Oficial del Estado.

Desde la oposici¨®n, el secretario general del PSOE, Alfredo P¨¦rez Rubalcaba, ha considera la iniciativa de Gallard¨®n como ¡°un retroceso m¨¢s en nuestro sistema de derechos y libertades¡±. El l¨ªder de la oposici¨®n acusa al PP de utilizar la crisis ¡°como coartada para imponer un cambio muy profundo y cargado de ideolog¨ªa¡±. ¡°La derecha espa?ola nunca se hab¨ªa atrevido a tanto¡±, a?ade Rubalcaba que asegura que se est¨¢n estableciendo dos tipos de ciudadanos: ¡°los que tienen dinero y pueden hacer efectivo su derecho a la salud, a la educaci¨®n, y ahora a la justicia, por un lado; y, por otro, los que carecen de medios y, como ciudadanos de segunda categor¨ªa, tienen restringidos sus derechos.¡±

¡°La Ley de Tasas Judiciales es otra vuelta de tuerca en una involuci¨®n que afecta a la esencia misma de nuestra democracia¡±, concluye, y recuerda que los socialistas van a recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional.

Las protestas han llegado desde uno de los ¨¢mbitos m¨¢s fr¨¢giles, las v¨ªctimas de violencia de g¨¦nero. Para la presidenta del Observatorio contra la Violencia Dom¨¦stica y de G¨¦nero del Consejo General del Poder Judicial(CGPJ), Inmaculada Montalb¨¢n, las nuevas tasas supondr¨¢n "un freno" para que las v¨ªctimas de esta violencia "rompan el v¨ªnculo con su agresor". Presentar denuncias seguir¨¢ siendo gratis, pero las demandas de divorcio para aquellas mujeres sin hijos supondr¨¢n unos 100 euros, y alrededor de 800 m¨¢s interponer recursos de apelaci¨®n. "Esto dificultar¨¢ mucho las separaciones en las que v¨ªctima y agresor comparten vivienda (las m¨¢s habituales) o alg¨²n negocio", se?al¨® Montalb¨¢n.

La portavoz del PP en el Congreso en materia de Violencia de G¨¦nero, Marta Gonz¨¢lez, ha afirmado que "la asistencia jur¨ªdica gratuita est¨¢ exenta para las mujeres v¨ªctimas de violencia de g¨¦nero". Sin embargo, la norma publicada hoy no incluye dicha excepci¨®n.

Para la asociaci¨®n de consumidores Facua, la ley de tasas judiciales supone la "implantaci¨®n efectiva de una justicia para ricos y otra para pobres, al limitar el acceso a un derecho fundamental en funci¨®n de los recursos econ¨®micos que tengan los ciudadanos". En un comunicado, FACUA considera que su aplicaci¨®n es contraria al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y considera que "abre la puerta a que las empresas se nieguen a acatar las decisiones del sistema de arbitraje, al obligar a los consumidores a pagar un m¨ªnimo de 200 euros para exigir su cumplimiento".

Abogados, jueces y fiscales tambi¨¦n se han mostrado en contra de las tasas y persiguen la declaraci¨®n de inconstitucionalidad de las nuevas tasas. As¨ª lo indicaron tras un encuentro entre el presidente de la Abogac¨ªa, Carlos Carnicer, y la Comisi¨®n Interasociativa, que agrupa a las asociaciones de jueces y fiscales. Adem¨¢s, la Abogac¨ªa ha agradecido al PSOE, atendiendo las peticiones del Consejo General de la Abogac¨ªa, el anuncio de recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley, "ya que vulnera la igualdad de todos los espa?oles y el acceso a la tutela judicial efectiva".

Tambi¨¦n el Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) se ha quejado de la nueva Ley de Tasas que, seg¨²n consideran, les convierte en "meros recaudadores". Para Sisej, la nueva norma va "contra la ciudadan¨ªa", ya que discrimina "la posibilidad de acceso al servicio p¨²blico en funci¨®n de su capacidad econ¨®mica". Adem¨¢s, estos funcionarios sostienen que la norma "es de dudosa compatibilidad con el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva".

Entre los sindicatos, la Federaci¨®n de Servicios P¨²blicos (FSP) del sindicato UGT ha calificado de "regresiva" y "franquista" la ley que entrar¨¢ ma?ana y ha recalcado que las tasas solo se aplicaron entre 1959 y 1986, cuando el entonces presidente Felipe Gonz¨¢lez las elimin¨®. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) apunta que la subida de las tasas judiciales "limita derechos constitucionales" y crear¨¢ una "Justicia de dos categor¨ªas", a la que se acceder¨¢ "en funci¨®n de los recursos econ¨®micos". Y la Uni¨®n Sindical Obrera (USO) rechaza "frontalmente el tasazo" al considerar que s¨®lo quienes tengan recursos podr¨¢n recurrir "sin menoscabo de su patrimonio".