Las tasas de Gallard¨®n sublevan a la justicia

Las nuevas tasas judiciales ¡ªque a partir de ahora pagar¨¢n todos los ciudadanos, no solo ciertas empresas como en la actualidad, y que disparan su cuant¨ªa¡ª fueron publicadas ayer en el Bolet¨ªn Oficial del Estado (BOE) y entrar¨¢n en vigor ¡°en unas semanas¡± (no hoy mismo, como ser¨ªa preceptivo, porque la gesti¨®n del cobro no se puede practicar). Nacen con la oposici¨®n de todo el sector de profesionales de la justicia ¡ªjueces, fiscales, secretarios judiciales y abogados¡ª, de todos los partidos pol¨ªticos salvo el PP y de los sindicatos.

La jurisdicci¨®n penal ¡ªque supone el 72% del total¡ª queda exenta de las tasas, as¨ª como ciertos pleitos referidos a derechos fundamentales y algunos de los que tienen que ver con causas de familia y menores. Tampoco se pagar¨¢ tasa en la primera instancia de los pleitos de lo social (por ejemplo, una demanda por despido). Para el resto, las cuant¨ªas van de los 100 euros en un procedimiento monitorio (una reclamaci¨®n por una deuda) a los 1.200 euros de un recurso de casaci¨®n ante el Tribunal Supremo. Y eso es solo la tasa fija: luego hay otra variable que resultar¨¢ de multiplicar por 0,5% el dinero que se reclame en el pleito; si no se reclama dinero o no est¨¢ cuantificado, la tasa variable ser¨¢n 90 euros.

El PSOE ha anunciado que presentar¨¢ recurso ante el Tribunal Constitucional al entender que la nueva norma vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y rompe con la igualdad que proclama la ley fundamental. De momento, jueces y letrados aprovechar¨¢n las concentraciones ya convocadas para este viernes ante el Ministerio de Justicia y ante todas las sedes judiciales para manifestarse en contra de la medida.

A las tarifas fijas se a?adir¨¢ una variable, en funci¨®n del dinero que se reclame

Sin embargo, el Gobierno no teme el recurso del PSOE: considera que el Tribunal Constitucional ya se ha manifestado en varias ocasiones avalando la legitimidad de las tasas ¡°si respetan el principio de proporcionalidad en funci¨®n de la capacidad econ¨®mica de los ciudadanos¡±. El subsecretario de Justicia, Juan Bravo, asegur¨® ayer que ¡°el dise?o de esa nueva ley de tasas respeta ese principio¡±.

Pero los cr¨ªticos sostienen justo lo contrario: las nuevas tasas, seg¨²n consideran jueces, fiscales, abogados y partidos de la oposici¨®n, dividir¨¢n a los ciudadanos entre ¡°ricos¡± ¡ªlos que podr¨¢n seguir acudiendo a los tribunales porque podr¨¢n pagarlo¡ª y ¡°pobres¡±, para quienes el acceso a la justicia se encarece de forma notable.

El Ministerio de Justicia, dirigido por Alberto Ruiz-Gallard¨®n, replica con tres argumentos: que ¡°los pobres¡± seguir¨¢n sin pagar tasas porque tienen derecho a la justicia gratuita; que la jurisdicci¨®n penal tambi¨¦n sigue exenta y es el grueso de la actividad judicial; y que alg¨²n mecanismo disuasorio hab¨ªa que adoptar para acabar con la ¡°excesiva litigiosidad¡± que hay en Espa?a (nueve millones de asuntos entraron en los juzgados el a?o pasado, seg¨²n los datos del Consejo General del Poder Judicial). ¡°Hay que plantearse si es justo que un servicio p¨²blico que se usa de forma muy espor¨¢dica y que al Estado le cuesta mantener lo pague solo el conjunto de los contribuyentes, sin ninguna contribuci¨®n del usuario¡±, afirma un alto cargo del Ministerio, que subraya tambi¨¦n que muchos recurrentes alargan los pleitos con sucesivos recursos, ahora gratuitos, solo por ganar tiempo. Y concluye recordando: ¡°Mucho m¨¢s se paga por el abogado y el procurador que por estas tasas¡±.

El pre¨¢mbulo de la norma publicada ayer se?ala que esta ¡°pone todo el cuidado¡± en que la regulaci¨®n de tasas judiciales en los ¨®rdenes civil, contencioso-administrativo y social ¡°no afecte al derecho a acceder a la justicia¡±.

En 1986 el Gobierno del socialista Felipe Gonz¨¢lez anul¨® las tasas judiciales, derogando as¨ª una ley de 1959. El pago se reintrodujo en 2003, con el Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, pero solo para grandes empresas. A partir de ahora todos los ciudadanos habr¨¢n de pagar por presentar una demanda civil o un recurso contencioso administrativo. Justicia prev¨¦ ingresar 306 millones de euros por esta v¨ªa (el 10% de su presupuesto, menos que en otros pa¨ªses europeos).

El Consejo General de la Abogac¨ªa Espa?ola y representantes de la Comisi¨®n Interasociativa de Jueces y Fiscales, entidad integrada por las principales asociaciones de magistrados y fiscales, han optado por aunar esfuerzos con el fin de que se declare la inconstitucionalidad de esta ley.

Justicia subraya que los casos penales y las rentas muy bajas est¨¢n exentos

Por otro lado, el l¨ªder de la oposici¨®n, Alfredo P¨¦rez Rubalcaba, consider¨® la iniciativa de Gallard¨®n como ¡°un retroceso m¨¢s¡± en el ¡°sistema de derechos y libertades¡± y acus¨® al PP de utilizar la crisis ¡°como coartada para imponer un cambio muy profundo y cargado de ideolog¨ªa¡±. ¡°La derecha espa?ola nunca se hab¨ªa atrevido a tanto¡±, agreg¨® el dirigente socialista.

Seg¨²n la asociaci¨®n de consumidores Facua, esta ley ¡°abre la puerta a que las empresas se nieguen a acatar las decisiones del sistema de arbitraje, al obligar a los consumidores a pagar un m¨ªnimo de 200 euros para exigir su cumplimiento¡±. Y el Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) se quej¨® de la nueva Ley de Tasas que, seg¨²n consideran, les convierte en ¡°meros recaudadores¡± y va ¡°contra la ciudadan¨ªa¡±. Los sindicatos CC OO, UGT, CSIF y USO rechazaron tambi¨¦n las nuevas tasas judiciales.

La ley fue publicada ayer por el BOE y, por tanto, las nuevas tasas deber¨ªan entrar en vigor hoy. Pero finalmente no ser¨¢ hasta dentro de ¡°unas semanas¡± cuando los ciudadanos que acudan a los juzgados empiecen a notarlo en su bolsillo. La aplicaci¨®n de la norma se ha retrasado porque el Ministerio de Hacienda a¨²n no ha publicado el impreso de pago, con el que los usuarios deben hacer efectivas las tasas antes de presentar las demandas y recursos que han dejado de ser gratuitos.

El subsecretario de Justicia se?al¨® que el retraso no se ha producido por la presi¨®n de los colectivos cr¨ªticos sino porque la propia ley se?ala que Hacienda debe publicar la orden para regular el procedimiento. Bravo comunicar¨¢ hoy a los secretarios judiciales que, de momento, no se cobre ninguna tasa.