El 62% cree que las nuevas tasas llevan a una justicia de ricos y otra de pobres
Ocho de cada diez abogan por que la ley sea recurrida ante el Tribunal Constitucional
El rechazo ciudadano a la nueva ley de tasas es generalizado. La medida la desaprueban tanto los votantes del PSOE como los del PP. As¨ª queda reflejado en una encuesta elaborada por Metroscopia para el Consejo General de la Abogac¨ªa. Para dos de cada tres, no exageran quienes apuntan que esta norma va a dar lugar a una justicia de ricos y otra de pobres, y que el peso de estas tasas recaer¨¢ sobre las clases medias. El 84% considera que vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva que establece la Constituci¨®n y por tanto deben ser recurridas ante el Tribunal Constitucional ¡°lo antes posible¡±.
¡°No s¨¦ por qu¨¦ el ministro est¨¢ enrocado en no reconocer algo patente¡±, ha se?alado el presidente del Consejo General de la Abogac¨ªa, Carlos Carnicer, durante la presentaci¨®n del estudio hoy al mediod¨ªa. El encargado de dar a conocer los datos ha sido el presidente de Metroscopia, Jos¨¦ Juan Toharia, quien ha asegurado que le ha llamado la atenci¨®n el ¡°alt¨ªsimo ¨ªndice de respuesta¡±. ¡°Los medios de comunicaci¨®n han dado una informaci¨®n que ha calado en la ciudadan¨ªa¡±, ha resaltado.
Carnicer pide a Gallard¨®n que ¡°no vuelva a invocar que esta es una cuesti¨®n corporativa que no importa a los ciudadanos¡±
La iniciativa del Ejecutivo ha sido criticada por partidos de la oposici¨®n, pero tambi¨¦n por profesionales del derecho, sindicatos y asociaciones de consumidores. Se ha cuestionado su constitucionalidad y los socialistas ya han anunciado que interpondr¨¢n un recurso. Ahora, este sondeo, elaborado a partir de 1.000 entrevistas telef¨®nicas realizadas el pasado lunes, cuantifica el descontento de los ciudadanos. El 90% critica que el Ministerio de Justicia no haya buscado el acuerdo con todas las partes implicadas antes de promover la aprobaci¨®n urgente de la ley. ¡°Pocas veces en mi vida hab¨ªa visto un porcentaje tan abrumador¡±, ha comentado el presidente de la empresa demosc¨®pica.
El 83% de los encuestados opina que con este modelo el ciudadano medio se va a sentir menos protegido que antes por la justicia y m¨¢s alejado de ella. La mayor¨ªa no cree que gracias a esta medida el sistema judicial vaya a funcionar mejor (68%) ni que se vayan a lograr ingresos adicionales que permitan financiar mejor la justicia gratuita (89%). Para el 84%, el Estado tiene la obligaci¨®n de pagar dicha justicia gratuita a trav¨¦s de los Presupuestos Generales y no mediante tasas como estas. La opini¨®n generalizada es que no hay razones que justifiquen esta decisi¨®n.
A tenor de los datos, Toharia ha concluido que ¡°dif¨ªcilmente se puede sostener que en este tema no haya un clamor popular¡±, ante lo que Carnicer le ha pedido al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, que ¡°no vuelva a invocar que esta es una cuesti¨®n corporativa que no importa a los ciudadanos¡±. ¡°Si nuestra Constituci¨®n establece una tutela judicial efectiva, ponerle cualquier tipo de obst¨¢culos es inconstitucional¡±, ha continuado, para posteriormente reconocer que en momentos de crisis se podr¨ªa aceptar por ejemplo una tasa ¡°testimonial¡± para la segunda instancia. ¡°Pero las cuant¨ªas de estas tasas est¨¢n hechas para impedir el acceso a los tribunales¡±, ha lamentado.
Ante quienes acusan a los abogados de estar en contra de la norma porque repercutir¨¢ en su actividad, el presidente del consejo ha respondido que ¡°sin duda¡± habr¨¢ clientes que, informados de las tasas, no puedan pagarlas, lo que ha calificado de ¡°efecto perverso¡± de la propia ley: ¡°Al cliente habr¨¢ que decirle que tenga el dinero preparado porque en cualquier momento el proceso se puede ver perjudicado y si en los d¨ªas para recurrir no tenemos la cantidad, habr¨¢ perdido el derecho¡±. Toharia ha agregado que un estudio anterior puso de manifiesto que el 70% de los abogados no vive de la litigaci¨®n. ¡°Aprovecho para revocar que somos los abogados los que alargamos los procesos. Un abogado solo puede poner los recursos que la ley le permite¡±, ha defendido Carnicer.
El Consejo General de la Abogac¨ªa ha planteado una serie de acciones para seguir protestando por esta nueva medida. Adem¨¢s de poner a disposici¨®n de los letrados formularios para que pidan a los juzgados que planteen la cuesti¨®n de inconstitucionalidad, ha creado una plataforma junto a operadores jur¨ªdicos, sindicatos y asociaciones de consumidores. Esta mantendr¨¢ su primera reuni¨®n el lunes. Carnicer ha avanzado que el martes se celebrar¨¢ otro encuentro con ¡°otros operadores para aunar voluntades¡±: ¡°Seguiremos pidiendo que esta ley sea derogada o como poco se reduzca much¨ªsimo y se dejen exentos muchos casos¡±. Igualmente se plantean facilitar al Gobierno "la estructura de una nueva administraci¨®n de justicia". Su objetivo no es ¨²nicamente la eliminaci¨®n de la ley de tasas, "hay m¨¢s cosas que sugieren que hay dificultades para atender los problemas".
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