La libertad condicionada

La llegada del PSOE al poder en 1982, con el respaldo parlamentario de 202 de los 350 esca?os del Congreso de los Diputados, abri¨® muchas expectativas pol¨ªticas que se cumplieron en gran parte en materia socioecon¨®mica, construcci¨®n de una sociedad de bienestar respaldada por el sector p¨²blico, modernizaci¨®n de las Fuerzas Armadas ¡ªy sometimiento al Ejecutivo democr¨¢tico¡ª, apertura exterior ¡ªpivotada sobre la incorporaci¨®n a la Comunidad Europea y la permanencia en la OTAN¡ª, renovaci¨®n de la funci¨®n p¨²blica, reconversi¨®n industrial, reforma educativa... En cambio, el desarrollo de derechos fundamentales que los socialistas hab¨ªan contribuido a introducir en el proceso constituyente no avanz¨® como cab¨ªa esperar, y en algunos casos retrocedi¨®, porque el Gobierno opt¨® por la prevalencia de la seguridad sobre las libertades.

En su discurso de investidura el 30 de noviembre de 1982, Felipe Gonz¨¢lez, tras referirse a que su ¡°horizonte como socialistas¡± era ¡°profundizar constantemente en las libertades de las personas y los pueblos de Espa?a¡±, proclam¨® ¡°la seguridad ciudadana como garant¨ªa de desarrollo de las libertades¡±. Pero fue m¨¢s expl¨ªcito en el seminario celebrado en febrero de 1985 en el monasterio de El Paular, junto a tres ministros y una treintena de periodistas. A prop¨®sito de la dial¨¦ctica libertad-seguridad, Gonz¨¢lez avis¨® de que la crudeza de ¡°algunas cosas¡± que iba a decir ¡°pudiera disonar a algunos¡±. ¡°En el Gobierno que represento¡±, dijo, ¡°el m¨¢s constante factor de impulso quiz¨¢ sea el problema del incremento de la seguridad o de la lucha contra la inseguridad¡±. Y a?adi¨®: ¡°Si tuviera que confesar claramente cu¨¢les son mis prop¨®sitos respecto al futuro, tendr¨ªa que decir tambi¨¦n claramente que reforzar la seguridad, y de esto no quiero que haya ninguna duda¡±.

Cuando se le record¨® a Felipe Gonz¨¢lez que la Constituci¨®n da prioridad al valor de la libertad, insisti¨®: ¡°Creo que soy mucho m¨¢s fiel con la Constituci¨®n diciendo esto¡±. Y tras referirse a que su obligaci¨®n era ¡°combatir los malos tratos y que cada vez sean m¨¢s excepcionales¡±, asegur¨® que ¡°se producen en todos los pa¨ªses del mundo¡±. Y defendi¨® tambi¨¦n que para combatir el terrorismo ¡°es imprescindible alguna excepcionalidad en el tratamiento¡±.

Esta filosof¨ªa tuvo su reflejo en el Gobierno, que experiment¨® una confrontaci¨®n entre los ministros de Justicia, Fernando Ledesma, y de Interior, Jos¨¦ Barrionuevo, resuelta desde la c¨²pula del Ejecutivo en favor del segundo, y m¨¢s tarde, del que le sustituy¨®: Jos¨¦ Luis Corcuera. Finalmente, tras 10 a?os de Gobierno, se opt¨® por una opci¨®n de dudosa eficacia: la bicefalia. Juan Alberto Belloch asumi¨® las carteras de Justicia e Interior.

El Gobierno experiment¨® una confrontaci¨®n entre los ministros de Justicia, Fernando Ledesma, y de Interior, Barrionuevo

El Tribunal Constitucional (TC) declar¨® aspectos inconstitucionales de las leyes de Extranjer¨ªa, Objeci¨®n de Conciencia, Protecci¨®n de la Seguridad Ciudadana (tambi¨¦n conocida como ley Corcuera o de la patada en la puerta, por las facilidades que daba a la polic¨ªa para eludir la autorizaci¨®n judicial en los registros) y Antiterrorista. En esta ¨²ltima ley ¡ªen un clima social impresionado por la creciente violencia de ETA¡ª se introdujo la posibilidad de someter a r¨¦gimen de incomunicaci¨®n durante hasta 10 d¨ªas a los sospechosos de terrorismo.

Durante el proceso constituyente, diputados socialistas se opusieron a los intentos centristas ¡ªcomo el de Jes¨²s Sancho Rof, subsecretario de Interior¡ª de que la Constituci¨®n avalase ampliar el plazo de detenci¨®n policial. El 18 de mayo de 1978, Gregorio Peces-Barba advirti¨® en el Parlamento que interven¨ªa con tristeza ¡°como ciudadano, como abogado y como estudioso de los derechos humanos¡± para preguntar ¡°?qu¨¦ se pretende hacer con el detenido?¡± si la polic¨ªa no puede legalmente obligarle a declarar. Seis a?os despu¨¦s, el 27 de septiembre de 1984, durante el debate de la Ley Antiterrorista propuesta por el Gobierno socialista, era un diputado de Euskadiko Ezkerra, Juan Mar¨ªa Bandr¨¦s, quien formulaba casi id¨¦ntica pregunta y la respond¨ªa seguidamente: ¡°Esto se hace para obtener, mediante coacci¨®n, lo que no se quiere declarar voluntariamente, es decir, para ser sometido a tortura y que diga lo que se quiere que diga¡±. El ejercicio por el PSOE del poder ejecutivo le granje¨® la ruptura con UGT, a pesar de haber hecho juntos el programa de 1982. Diez a?os despu¨¦s, Nicol¨¢s Redondo, todav¨ªa secretario general de ese sindicato, asegur¨®: ¡°Ya nadie cree que este Gobierno sea socialista¡±. En cuanto al Parlamento, el Ejecutivo lo gubernamentaliz¨® y le incapacit¨® como ¨®rgano de control pol¨ªtico.

Y otro frente fue el de la justicia. La magistratura heredada del franquismo no se adaptaba a la democracia y el TC tuvo que imponerle la aplicaci¨®n de la Constituci¨®n, mientras el Gobierno adelantaba la edad de jubilaci¨®n. Se suprimieron las tasas judiciales, medida que contribuy¨® a erradicar la corrupci¨®n en los juzgados, las llamadas astillas. El ¨®rgano constitucional de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), mayoritariamente conservador, llev¨® al Gobierno socialista a reformar la ley para vincular la designaci¨®n de los 20 vocales al Parlamento, en aras de una necesaria democratizaci¨®n, que termin¨® en un reparto de cuotas parlamentarias y el CGPJ en una sucursal de los grandes partidos. Montesquieu hab¨ªa fallecido.

Tampoco renunci¨® el Gobierno socialista a patrimonializar el Ministerio Fiscal, promotor, seg¨²n la Constituci¨®n, de ¡°la acci¨®n de la justicia, en defensa (¡­) del inter¨¦s p¨²blico¡±. En diciembre de 1983, ante los fiscales jefes de toda Espa?a, reunidos en El Escorial (Madrid), el primer ministro de Justicia socialista, Fernando Ledesma, reivindic¨® para el Gobierno el monopolio de la interpretaci¨®n de ese inter¨¦s p¨²blico y social.

Lo describ¨ªa en 1992 Javier Pradera: ¡°Los Gobiernos tambi¨¦n pueden sentirse tentados a creer que las credenciales democr¨¢ticas nacidas de un amplio respaldo popular les autorizan a invadir las ¨¢reas del poder legislativo y del poder judicial y a orillar los l¨ªmites que el imperio de la ley pone al principio representativo; Felipe Gonz¨¢lez ha rozado en ocasiones las fronteras de ese campo minado, movido por su convicci¨®n de que el poder ejecutivo desempe?a la primogenitura dentro del sistema pol¨ªtico y debe imponer su liderazgo a magistrados y parlamentarios¡±.

Una tarea de profundizaci¨®n de la democracia a la que pronto se dedic¨® el poder socialista fue la culminaci¨®n del Estado de las autonom¨ªas. Antes de su triunfo en las urnas, el PSOE pact¨® con UCD la Ley Org¨¢nica de Armonizaci¨®n del Proceso Auton¨®mico (LOAPA), que impugnaron los nacionalistas vascos y catalanes. En agosto de 1983, el TC declar¨® inconstitucionales 14 de sus 38 art¨ªculos y suprimi¨® su car¨¢cter de ley org¨¢nica y su funci¨®n armonizadora. A partir de octubre de 1983, la Ley del Proceso Auton¨®mico comenz¨® a aplicarse por el ministro de Administraci¨®n Territorial, Tom¨¢s de la Quadra-Salcedo, y su equipo, que, a diferencia de los nacionalismos identitarios, tuvo como modelo el proceso auton¨®mico de Andaluc¨ªa. As¨ª, el desarrollo auton¨®mico contribuy¨® a aproximar el poder a los ciudadanos y a potenciar ¡ªcomo ya hab¨ªa planteado Felipe Gonz¨¢lez en su discurso de investidura¡ª ¡°la democracia y la solidaridad justamente en las estructuras de base donde el contacto entre los hombres es m¨¢s directo, donde se viven los problemas concretos y donde los ciudadanos pueden sentir m¨¢s c¨¢lidamente el orgullo de la solidaridad y los frutos de la participaci¨®n¡±.