La oposici¨®n llevar¨¢ al Constitucional la no revalorizaci¨®n de las pensiones

El Gobierno de Mariano Rajoy provoca unanimidades, aunque sea para rechazar sus decisiones. Por primera vez, todos los grupos parlamentarios de la oposici¨®n suscribir¨¢n recursos ante el Tribunal Constitucional contra una norma, en concreto contra la decisi¨®n del Ejecutivo de no actualizar las pensiones seg¨²n el IPC final de 2012. No hay precedentes en 34 a?os de democracia constitucional de un recurso de todos, sin excepci¨®n, contra la mayor¨ªa parlamentaria.

Derecha, izquierda y centro (salvo el PP) consideran que la decisi¨®n vulnera la Constituci¨®n y recurrir¨¢n el decreto, que se convalidar¨¢ el jueves solo con los votos de los populares.

La base fundamental del recurso ser¨¢ la vulneraci¨®n del principio de irretroactividad de las normas. El Gobierno asegura que su decisi¨®n es equivalente a la que adopt¨® Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero en 2011, cuando decidi¨® congelar las pensiones. As¨ª, el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, habl¨® de la ¡°desverg¨¹enza¡± del PSOE por anunciar que llevar¨¢ al Constitucional el decreto.

Decisi¨®n a futuro

Sin embargo, los socialistas y todos los dem¨¢s grupos de la oposici¨®n (CiU, PNV, UPyD, Izquierda Plural y Grupo Mixto) entienden que aquella era una decisi¨®n a futuro, no la eliminaci¨®n de un derecho adquirido. Es decir, que al iniciar el a?o los pensionistas sab¨ªan que ten¨ªan una subida y una actualizaci¨®n comprometida en funci¨®n del IPC final en noviembre.

Por eso, el portavoz del PNV, Emilio Olabarr¨ªa, asegur¨® el mi¨¦rcoles ante F¨¢tima B¨¢?ez, ministra de Empleo, que lo que ha hecho el Gobierno es expropiar unos derechos adquiridos. Zapatero anunci¨® la congelaci¨®n de las pensiones en mayo del 2010 para el a?o siguiente.

Los socialistas ya hab¨ªan anunciado su intenci¨®n de presentar el recurso ante el Constitucional y ayer lo confirm¨® la portavoz en el Congreso, Soraya Rodr¨ªguez. ¡°El decreto es una norma ilegal e inconstitucional, porque conlleva la aplicaci¨®n retroactiva de las leyes, que est¨¢ prohibida por la Constituci¨®n¡±, asegur¨®.

El PSOE es el ¨²nico grupo que por s¨ª solo supera los 50 diputados necesarios para presentar el recurso, pero est¨¢ dispuesto a hacerlo de manera conjunta. En paralelo, el diputado de ICV Joan Coscubiela inici¨® conversaciones con todos los dem¨¢s grupos y ha llegado a la cifra de 53 diputados para un recurso propio que, finalmente, podr¨ªa presentarse de manera conjunta con el de los socialistas.

Fuentes de CiU y del PNV confirmaron ayer a este peri¨®dico que se sumar¨¢n al recurso de los dem¨¢s grupos parlamentarios, por entender que la decisi¨®n del Gobierno es claramente inconstitucional, porque afecta a derechos devengados desde el 1 de enero de 2012. UPyD participa en las negociaciones y la intervenci¨®n cr¨ªtica de ?lvaro Anchuelo en la comparecencia de B¨¢?ez anticipa que comparte los argumentos para pedir la anulaci¨®n del decreto.

Quedan fuera los dos diputados de UPN y del Foro Asturias, que formalmente pertenecen al Grupo Mixto, pero que en la pr¨¢ctica votan siempre con el PP, especialmente en los debates sobre asuntos econ¨®micos. En todo caso, la ley da un plazo de tres meses desde la aprobaci¨®n del decreto para interponer el recurso. La resoluci¨®n del Constitucional se conocer¨¢ dentro de varios a?os, cuando haya pasado ya el plazo legal para la actualizaci¨®n de las pensiones. Los grupos, adem¨¢s, intentar¨¢n ma?ana que el Gobierno acceda a tramitar el decreto como proyecto de ley, de forma que puedan introducirse enmiendas, pero el Ejecutivo ya ha mostrado su oposici¨®n. El PP, con su mayor¨ªa absoluta, tiene la capacidad de cerrar ma?ana el debate, tras la convalidaci¨®n del decreto en el pleno. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que prometi¨® reiteradamente no tocar las pensiones, no estar¨¢ en el debate y votaci¨®n porque acudir¨¢ a la cumbre europea que se inicia ese d¨ªa.