El Tribunal Constitucional avala la atenci¨®n sanitaria a los sin papeles

Limitar el acceso a la sanidad para determinados colectivos puede afectar no solo a su salud, sino a la de toda la sociedad. Ese es el principal argumento del Tribunal Constitucional para avalar la atenci¨®n sanitaria universal. Adem¨¢s, el alto tribunal considera que el derecho a la salud, que consagra la Constituci¨®n, debe prevalecer sobre el beneficio econ¨®mico vinculado al ahorro que la discriminaci¨®n en la atenci¨®n sanitaria supone. La doctrina que anticipa un auto del Tribunal Constitucional --la sentencia tendr¨¢ que esperar-- echa por tierra el acceso restringido a la sanidad que el Gobierno de Mariano Rajoy implant¨® con los recortes aprobados en abril, que exclu¨ªa a los sin papeles de la asistencia normalizada ¡ªsolo contempla su atenci¨®n gratuita en urgencias, parto y posparto¡ª. Y lo hace levantando la suspensi¨®n de un decreto del Gobierno vasco que se rebelaba contra estos recortes.

El alto tribunal no admite, sin embargo, la eliminaci¨®n del aumento del copago farmac¨¦utico, que tambi¨¦n inclu¨ªan las medidas de Rajoy, y contra el que tambi¨¦n se posicion¨® el entonces Ejecutivo de Patxi L¨®pez. En cualquier caso, el Constitucional no entra a determinar el conflicto de competencias, algo que dirimir¨¢ en una sentencia posterior. En el auto, adoptado por el pleno del Constitucional, el tribunal atiende las alegaciones del Gobierno vasco respecto a que excluir a determinados colectivos de la atenci¨®n sanitaria supondr¨ªa poner en riesgo su salud ¡°lo que repercutir¨ªa no solo en su estado de salud individual sino en la prevenci¨®n de la propagaci¨®n de determinadas enfermedades infecto contagiosas, afectando seriamente a la salud de toda la sociedad¡±.

Sanidad declara que "respeta" el auto del Constitucional y alega que solo ¡°ha regulado la condici¨®n de asegurado¡±

Uno de los puntos clave de la reforma sanitaria que el Gobierno aprob¨® en abril es la exclusi¨®n de la asistencia normalizada de los extranjeros en situaci¨®n irregular ¡ªque se hizo efectiva el 1 de septiembre con la desactivaci¨®n de sus tarjetas sanitarias¡ª. Un punto que el Pa¨ªs Vasco trat¨® de sortear con un decreto que fue recurrido ante el Constitucional por el Ejecutivo de Rajoy. Para seguir garantizando la asistencia universal, el Gobierno vasco argument¨® que el colectivo de sin papeles es ¡°el que resulta m¨¢s afectado por patolog¨ªas infecciosas¡± como el VIH, la tuberculosis, la meningitis tuberculosa, el paludismo y la hepatitis B, ¡°que presentan una prevalencia en la poblaci¨®n inmigrante superior a la espa?ola y cuya falta de seguimiento puede dar lugar a un estado de alarma social por deterioro de la salud p¨²blica¡±. Dejar a estas personas ¡°sin el apoyo cl¨ªnico sanitario, supondr¨ªa un riesgo de contagio para el resto de la poblaci¨®n¡±, defend¨ªa tambi¨¦n.

Argumentos de salud p¨²blica que est¨¢n tambi¨¦n en el trasfondo del auto del Constitucional. Este indica que todos los poderes p¨²blicos deben ¡°garantizar a todos los ciudadanos el derecho a la protecci¨®n de la salud¡±, y esgrime que el argumento del ahorro, en el que se bas¨® el Gobierno para limitar la atenci¨®n sanitaria, no puede prevalecer sobre el inter¨¦s general de preservar la salud. La ¡°conveniencia de evitar riesgos para el conjunto de la sociedad¡±, y la importancia de mantener el derecho a la salud y a la integridad f¨ªsica de las personas no pueden verse desvirtuadas ¡°por la mera consideraci¨®n de un eventual ahorro econ¨®mico¡± que, como indican, ni siquiera se ha concretado.

La resoluci¨®n del Constitucional habla del caso vasco, pero su alcance es mucho m¨¢s amplio. Y es que Euskadi no es la ¨²nica autonom¨ªa que se ha rebelado ante la ante la decisi¨®n del Gobierno de expulsar de la asistencia normalizada a los inmigrantes irregulares ¡ªunos 150.000¡ª, a quienes se pretende cobrar por una asistencia a la que ellos, como el resto de la poblaci¨®n, contribuyen con sus impuestos. Tambi¨¦n Andaluc¨ªa, Asturias y Catalu?a siguen d¨¢ndoles tarjeta sanitaria.

Euskadi no es la ¨²nica autonom¨ªa que se ha rebelado contra la exclusi¨®n sanitaria

Adem¨¢s de estas autonom¨ªas, otras cuatro ¡ªCastilla y Le¨®n, la Comunidad Valenciana, Galicia y Navarra¡ª tratan de proporcionarles asistencia, aunque a trav¨¦s de f¨®rmulas administrativas y programas espec¨ªficos. Nueve comunidades aplican el decreto del Gobierno a rajatabla: Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia y Arag¨®n. All¨ª, a los inmigrantes irregulares solo les queda la opci¨®n de pagar por los servicios, contratar un seguro o recurrir a las organizaciones que tienen programas gratuitos.

Pese a esta realidad, el Ministerio de Sanidad afirma que en ning¨²n caso, la reforma sanitaria tiene por objetivo la exclusi¨®n de los inmigrantes sin papeles. ¡°En ning¨²n caso el Ministerio ha querido que se deje de dar asistencia sanitaria a nadie. Solo ha regulado la condici¨®n de asegurado¡±, asegura una portavoz. ¡°Respetamos y acatamos, por supuesto la resoluci¨®n del Constitucional¡±, indica.

Un auto que Andaluc¨ªa ¡ªque tambi¨¦n ha recurrido el decreto del Gobierno¡ª ve como una muy buena noticia. Pa¨ªs Vasco pretend¨ªa garantizar la tarjeta sanitaria a los sin papeles a trav¨¦s del decreto suspendido cautelarmente. La comunidad presidida por Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n lo est¨¢ haciendo de facto. ¡°Atender a todas las personas es una garant¨ªa para el modelo sanitario porque cualquier barrera en la atenci¨®n no solo es una injusticia, tambi¨¦n es un problema de salud p¨²blica e incluso una bolsa de ineficiencia ya que la atenci¨®n universal se garantiza a trav¨¦s de la atenci¨®n primaria", indica una portavoz de la Consejer¨ªa de Salud andaluza.

Teresa Maura, presidenta de M¨¦dicos del Mundo en Pa¨ªs Vasco, tambi¨¦n habla de riesgo. ¡°En las comunidades que aplican el decreto estas personas solo pueden acudir a urgencias, lo que implica que tienen continuidad en la asistencia, no se les atiende de manera normalizada ni racional¡±, critica. Su organizaci¨®n tiene varios programas para atender a extranjeros que viven en Espa?a en situaci¨®n irregular, un colectivo, explican, especialmente vulnerable. Y no porque tengan m¨¢s riesgo de enfermar. Al contrario, suelen ser personas j¨®venes que acuden al m¨¦dico menos que la media; sino porque tienen m¨¢s dificultades y barreras administrativas.

Maura declara que aunque la resoluci¨®n del Constitucional no es a¨²n una sentencia y que esta puede tardar en llegar, es significativo que toque cuestiones de fondo como son la universalidad de la cobertura sanitaria y la importancia de las cuestiones de salud p¨²blica. "El derecho a la sanidad tiene que ser para todas las personas y en igualdad de condiciones", apunta.