Conjura policial contra el soberanismo

Un grupo de polic¨ªas emboscado en el anonimato est¨¢ lanzando informes sin firma con sospechas de grave corrupci¨®n contra la clase pol¨ªtica gobernante en Catalu?a, contra algunos jueces y fiscales que investigan la corrupci¨®n de dirigentes de Converg¨¨ncia y contra directivos de los diarios de mayor difusi¨®n en esa comunidad aut¨®noma.

Esta conspiraci¨®n policial an¨®nima, que el Ministerio del Interior no parece controlar, irrumpi¨® cuando el Gobierno de Artur Mas inici¨® su deriva soberanista para lograr la independencia de Catalu?a, convoc¨® elecciones anticipadas y anunci¨® la fecha de una consulta sobre el derecho a decidir.

Desde entonces, los polic¨ªas que elaboran esos informes contra el soberanismo catal¨¢n pretenden defender con su estrategia la unidad de Espa?a ¡ªen peligro por culpa del plan rupturista de los nacionalistas catalanes¡ª, seg¨²n interpretan fuentes policiales.

Ese grupo an¨®nimo distribuy¨® un informe de la Unidad de Delitos Econ¨®micos y Fiscales (UDEF) ¡ªfalso, seg¨²n declar¨® el jefe de esa unidad policial al juez¡ª para desacreditar al presidente catal¨¢n en plena campa?a electoral. Ahora, otros cinco informes, tambi¨¦n sin firma, circulan por los mismos territorios con id¨¦nticos objetivos.

En estos informes, que ha analizado EL PA?S, los polic¨ªas an¨®nimos a¨ªslan datos reales, basados en hechos probados incluidos en sumarios, y los mezclan con otros datos procedentes de investigaciones preliminares, atribuidos a fuentes an¨®nimas, no contrastados por nadie, en alg¨²n caso falsos y en otros muchos resultado de elucubraciones sin fundamento.

Interior dice que a¨²n no sabe qui¨¦n fabric¨® el informe con sello de la UDEF

Esos documentos an¨®nimos pero elaborados supuestamente en alg¨²n departamento del Ministerio del Interior se distribuyen convenientemente y se convierten en esc¨¢ndalo de primeras p¨¢ginas. Los peri¨®dicos que acogen esa mercanc¨ªa irregular fuera del circuito legal y ajena a la instrucci¨®n judicial manipulan el titular hasta llevarlo m¨¢s all¨¢ de donde llev¨® el polic¨ªa an¨®nimo su propio an¨¢lisis.

El trabajo de esos agentes sin identificar ha sido amparado por altos dirigentes del Gobierno y del PP a trav¨¦s de declaraciones p¨²blicas que sirven como altavoz de las elucubraciones. Ha habido ministros, como el de Hacienda, Crist¨®bal Montoro, que ha llegado a pedir cuentas a los pol¨ªticos de CiU acusados por esos informes sin firma ni destinatario.

El desconcierto en el Ministerio del Interior respecto a estas pr¨¢cticas cuanto menos alegales es may¨²sculo, a juzgar por las declaraciones p¨²blicas de sus responsables. Un mes y medio despu¨¦s de que apareciese el supuesto borrador de la UDEF que suger¨ªa, sin aportar una sola prueba, que el presidente Artur Mas hab¨ªa cobrado comisiones ilegales a trav¨¦s de cuentas en Suiza, el ministro del Interior, Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz, asegura que a¨²n ignora qui¨¦n fabric¨® el papel.

La v¨ªctima principal de estas pr¨¢cticas an¨®nimas e ilegales es la clase pol¨ªtica que gobierna en Catalu?a, que, sin embargo, s¨ª est¨¢ inmersa en varios procedimientos judiciales, como el caso Palau y el caso ITV, donde se acumulan decenas de pruebas s¨®lidas de su presunta corrupci¨®n. Esos casos judicializados, que se investigan desde hace mucho tiempo, tienen ya imputados a relevantes dirigentes de Converg¨¨ncia, el partido mayoritario en la coalici¨®n CiU.

En los informes policiales an¨®nimos ¡ªadem¨¢s del fabricado con el membrete de la UDEF hay otros cinco que circulan sin sello ni firma con el t¨ªtulo ¡°Sumario Palau. An¨¢lisis de situaci¨®n¡±, fechados entre el 12 de septiembre y el 31 de octubre de este a?o¡ª se citan como fuentes de la informaci¨®n ¡°sectores judiciales no nacionalistas, empresariado catal¨¢n, servicios policiales extranjeros, imputados que quieren negociar y sindicalistas de los Mossos¡±. Entre los imputados que quieren declarar, seg¨²n uno de los informes an¨®nimos, figura el ingeniero inform¨¢tico Herv¨¦ Falciani, que trabaj¨® en el HSBC Private Bank de Ginebra y copi¨® los datos de 130.000 cuentas, entre ellas 3.000 de espa?oles que supuestamente defraudaron al fisco. Los informes an¨®nimos apuntan que Falciani, ya en libertad, podr¨ªa facilitar datos referidos a autoridades catalanas que blanquearon dinero a trav¨¦s de Suiza.

Los polic¨ªas descalifican en sus ¡°an¨¢lisis de situaci¨®n¡± a los jueces y fiscales que investigan los casos de corrupci¨®n que afectan al Gobierno catal¨¢n de CiU, sugiriendo que quieren tapar el esc¨¢ndalo porque trabajan a sueldo de los pol¨ªticos independentistas catalanes.

Estos jueces y fiscales a los que descalifican los polic¨ªas an¨®nimos en sus informes son los mismos jueces y fiscales que han imputado al extesorero de Converg¨¨ncia y los mismos que han impuesto a este partido una fianza de responsabilidad civil de 3,2 millones, adem¨¢s de destapar una red de financiaci¨®n ilegal a trav¨¦s del Palau que se nutr¨ªa con las comisiones que pagaban determinadas constructoras, entre ellas Ferrovial, por la adjudicaci¨®n de obras p¨²blicas por parte del Gobierno catal¨¢n de Jordi Pujol hasta 2003.

Para descalificar al juez del ¡®caso Palau¡¯ se us¨® una ayuda a una fundaci¨®n

Todo lo que los polic¨ªas an¨®nimos escriben en sus informes sin firma ni destinatario acaba publicado en determinados peri¨®dicos de tendencia conservadora. As¨ª ocurri¨® con la denuncia policial an¨®nima contra el juez del caso Palau, que dec¨ªa as¨ª: ¡°Su se?or¨ªa Josep Mar¨ªa Pijuan surgiendo como forma de sentirse realizado que le gustar¨ªa una Fundaci¨®n para reinsertar los desclasados socialmente (IRES). A partir de ese momento, al parecer se le ha inyectado a esta Fundaci¨®n fondos de la Generalitat, en una ingente cantidad de euros por importe de varios millones¡±. Con esta informaci¨®n bastante incomprensible, los polic¨ªas quer¨ªan sugerir que el juez proteg¨ªa los intereses del Gobierno catal¨¢n como pago a la subvenci¨®n recibida para esa fundaci¨®n.

Los mossos an¨®nimos que supuestamente nutren de informaci¨®n a los polic¨ªas an¨®nimos que hacen informes an¨®nimos cuentan que vieron billetes de 500 euros en el maletero del coche del consejero catal¨¢n de Interior, Felip Puig; y que F¨¦lix Millet, expresidente del Palau de la M¨²sica y principal acusado de robar 30 millones de euros en esa instituci¨®n, habl¨® con Artur Mas el d¨ªa que registraban su casa, y que si el caso ¡°termina en un juzgado fuera de Catalu?a¡± aportar¨¢n documentaci¨®n que compromete a miembros del Gobierno catal¨¢n.

Con esos supuestos chivatazos futuros de los Mossos se fabric¨® parte del famoso informe de la UDEF que acusaba a Mas de tener cuentas en Suiza con dinero procedente de comisiones ilegales.

Los informes incluyen en algunos casos errores de bulto para magnificar el esc¨¢ndalo. Como cuando se?alan que un juzgado de instrucci¨®n investiga un pelotazo inmobiliario de 800 millones de euros por la venta de unos terrenos a Eroski que val¨ªan ¡°538 millones de euros¡± y se vendieron por ¡°1.337 millones¡±. ¡°Se investigan los 800 que faltan, con cuentas en Liechtenstein a nombre de varios dirigentes pol¨ªticos, entre ellos AM (Artur Mas) y su padre¡±, se?ala el an¨®nimo.

El pelotazo inmobiliario se investiga desde hace 15 a?os, pero fue de 800 millones de pesetas, no de 800 millones de euros, y no aparece Artur Mas por ning¨²n lado.

Otro informe an¨®nimo intenta rebuscar en la vida de los directivos de los principales peri¨®dicos que se editan en Barcelona v¨ªnculos con el blanqueo de capitales o con el delito fiscal o simplemente con su apoyo al Gobierno catal¨¢n de CiU por motivos inconfesables.

Los agentes an¨®nimos deslizan acusaciones graves contra periodistas

En el encabezamiento de los informes an¨®nimos se se?ala que las denuncias de corruptelas proceden de ¡°fuentes judiciales y de fiscal¨ªa que con ocasiones de reuniones cordiales han mostrado preocupaci¨®n¡±.

La Fiscal¨ªa ha mostrado preocupaci¨®n, pero no ante la deficiente investigaci¨®n de los casos de corrupci¨®n en Catalu?a, sino ante la filtraci¨®n interesada en las ¨²ltimas semanas de informes an¨®nimos con datos falsos o sin contrastar que ponen en cuesti¨®n el Estado de derecho, seg¨²n fuentes judiciales.

La ¨²nica reuni¨®n que se conoce entre agentes y fiscales ¡ªporque la dio a conocer con otro escrito, tambi¨¦n an¨®nimo, el Sindicato Unificado de la Polic¨ªa¡ª se celebr¨® el 28 de octubre pasado, en plena precampa?a electoral catalana, y no result¨® muy cordial. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, lleg¨® a considerar la reuni¨®n una maniobra irregular ¡°desde el punto de vista de la relaci¨®n procesal entre las fuerzas del orden y la fiscal¨ªa¡±, dado que ¡°la sugerencia de actividad de los polic¨ªas a los fiscales estaba fuera de situaci¨®n porque no era el cauce regular¡± para plantearla.

Aquella cita en la fiscal¨ªa se produjo en las fechas previas al comienzo de la campa?a electoral catalana, donde se dirim¨ªa el futuro de esa comunidad y el desaf¨ªo soberanista del candidato Artur Mas. El exjefe de la UDEF Jos¨¦ Luis Oliveras, nombrado jefe del Centro de Inteligencia del Crimen Organizado (CICO), pidi¨® una reuni¨®n con el fiscal anticorrupci¨®n, Emilio S¨¢nchez Ulled, encargado de la investigaci¨®n, entre otros, del caso Palau, en el que est¨¢n imputados los extesoreros de Converg¨¨ncia y que ha puesto al Gobierno catal¨¢n bajo la sospecha de grave corrupci¨®n.

La excusa de la reuni¨®n solicitada por Oliveras era presentar a Marcelino Mart¨ªn Blas, jefe policial de Asuntos Internos, competente en la investigaci¨®n de casos de corrupci¨®n policial. Tras diez minutos de conversaci¨®n protocolaria, donde hablaron de temas relacionados con la corrupci¨®n policial y un nuevo grupo que se iba a crear para combatirla, Oliveras fue al grano con una cuesti¨®n que exced¨ªa sus competencias actuales y las de su compa?ero de Asuntos Internos. ¡°Si encomienda el asunto del Palau a este nuevo grupo, podemos obtener resultados¡±, le solt¨® al fiscal, seg¨²n fuentes conocedoras de la reuni¨®n.

En la instrucci¨®n de la trama corrupta que salpicaba de lleno al partido en el Gobierno de Catalu?a, el fiscal S¨¢nchez Ulled hab¨ªa aconsejado al juez que para rastrear el destino de decenas de millones presuntamente robados por los directivos de la instituci¨®n cultural ser¨ªa bueno acudir a una unidad policial de ¨¢mbito nacional, dado que el tr¨¢fico de dinero pod¨ªa afectar a bancos y sucursales de toda Espa?a. Y por eso encomendaron a la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (UDEF) de la Polic¨ªa rastrear el destino de lo robado. Esa unidad policial nacional cont¨® con el apoyo del fiscal y del juez para su investigaci¨®n y entreg¨® su trabajo hace meses, cuando Oliveras era jefe de la UDEF.

Ahora, en otro puesto distinto de la polic¨ªa, Oliveras intermediaba a favor del jefe policial de Asuntos Internos para investigar m¨¢s el caso, al margen de su sustituto en la UDEF. Tras la irregular petici¨®n, lleg¨® otra sorprendente. Oliveras y Mart¨ªn Blas pidieron al fiscal su apoyo para conseguir una orden judicial de registro de la sede de Converg¨¨ncia y la casa del extesorero. El fiscal les explic¨® que llevaban tres a?os de investigaci¨®n del caso y que tanto Converg¨¨ncia como el extesorero hac¨ªa muchos meses que conoc¨ªan toda la investigaci¨®n abierta contra ellos. En esas condiciones, no habr¨ªa nada que encontrar en esa sede.

Los polic¨ªas intentaron argumentar que todo el mundo guarda papeles y sugirieron que los confidentes ten¨ªan informaci¨®n. Cuando el fiscal les pregunt¨® si ten¨ªan confidentes que les hab¨ªan contado algo relevante, los agentes contestaron que no, pero que los confidentes se pod¨ªan buscar.

Los polic¨ªas mostraron un supuesto informe del caso Palau al fiscal, que comprob¨® que se trataba de una simple cronolog¨ªa de la instrucci¨®n del caso y algunos p¨¢rrafos copiados y pegados de partes del sumario que ¨¦l mismo hab¨ªa escrito.

El fiscal consider¨® muy poco seria la extra?a oferta de aquella pareja de polic¨ªas y les pidi¨® que fueran al juez a pedirle autorizaci¨®n para lo que quer¨ªan hacer, porque estaba convencido de que obtendr¨ªan la misma negativa que ¨¦l les hab¨ªa dado.

Los dos agentes no fueron a ver a nadie, pero el fiscal, sorprendido y preocupado, advirti¨® por tel¨¦fono a sus superiores y al juez del caso de todo lo ocurrido en ese extra?o encuentro.

Un informe anti-Mas confunde millones de pesetas con millones de euros

S¨®lo unos d¨ªas despu¨¦s de aquella cita entre los dos jefes policiales y el fiscal del caso Palau, varios peri¨®dicos pr¨®ximos al PP lanzaban informaciones que culpaban a los dirigentes de CiU de todo tipo de delitos, la inmensa mayor¨ªa sin que hubiera todav¨ªa pruebas solventes para sustentar las acusaciones.

Cuando Manuel V¨¢zquez, jefe actual de la UDEF, acudi¨® al juez del caso Palau a declarar por el informe fabricado con el membrete de su departamento, declar¨® que era falso, que ning¨²n agente de su unidad lo hab¨ªa elaborado, y se sorprendi¨® al conocer que dos compa?eros suyos de otros departamentos ¡ªOliveras y Mart¨ªn Blas¡ª hab¨ªan visitado al fiscal para pedirles que les encomendara la investigaci¨®n.

El jefe directo de esos tres polic¨ªas, Ignacio Cosid¨®, director general de la Polic¨ªa, no ha tomado ninguna medida ante el sorprendente desliz en un momento pol¨ªtico tan delicado en Catalu?a y el resto de Espa?a.

¡°Si el trabajo de este grupo de polic¨ªas an¨®nimos es inducido por un cargo pol¨ªtico del Ministerio del Interior o del partido en el Gobierno, es muy grave. Pero si no ha sido inducido tambi¨¦n es muy grave, porque significa que nadie controla a ese grupo policial aut¨®nomo que ha cobrado vida propia y que se dedica a lanzar acusaciones de corrupci¨®n con escaso fundamento¡±, se?alan fuentes fiscales.

¡°Llegar¨¢ un d¨ªa¡±, dice un profesional judicial muy avezado en la investigaci¨®n de casos de corrupci¨®n al que ha consultado este peri¨®dico, ¡°en que haya una investigaci¨®n seria firmada por la UDEF y se la habr¨¢n cargado por todo lo que est¨¢ pasando ahora. Nadie se fiar¨¢ del trabajo de esa unidad policial, donde est¨¢n pasando estas cosas. La onda expansiva de todo esto es terrible¡±.

El Ministerio del Interior no ha sido capaz a¨²n de frenar estas pr¨¢cticas presuntamente ilegales.