El espejo roto del soberanismo

Hasta que, en plena crisis econ¨®mica, una ola soberanista inund¨® Catalu?a el pasado oto?o, el mayor desaf¨ªo nacionalista al que el Gobierno central se hab¨ªa enfrentado en las ¨²ltimas d¨¦cadas vino del Pa¨ªs Vasco, estall¨® en 2003 y se llam¨® plan Ibarretxe. La manera en la que el Ejecutivo ¡ªprimero con el PP y luego con el PSOE¡ª hizo frente a aquel ¨®rdago, los argumentos pol¨ªticos y jur¨ªdicos que se utilizaron y su recorrido judicial constituyen el espejo ante el que muchos colocan ahora el desaf¨ªo planteado por CiU y ERC desde Catalu?a.

El plan Ibarretxe ¡ªla propuesta de nuevo Estatuto abanderada por el entonces lehendakari, Juan Jos¨¦ Ibarretxe, del PNV, que pretend¨ªa alterar el encaje de Euskadi en Espa?a con un nuevo estatus de ¡°libre asociaci¨®n¡± y soberan¨ªa propia¡ª fue tumbado en el Congreso de los Diputados y en el Tribunal Constitucional. Hubo tres momentos clave en ese periplo, que ahora podr¨ªan repetirse en el caso catal¨¢n. Fueron estos:

1. La C¨¢mara vasca inicia el tr¨¢mite, el Gobierno impugna

El 25 de octubre de 2003, el Gobierno vasco aprob¨® su Propuesta de Estatuto Pol¨ªtico de la Comunidad de Euskadi, con la que Ibarretxe llevaba amagando dos a?os. El texto proclamaba la ¡°identidad propia¡± y derecho de autodeterminaci¨®n del ¡°pueblo vasco¡±, propon¨ªa un estatus de ¡°libre asociaci¨®n con el Estado espa?ol¡± y dejaba la puerta abierta a la independencia si as¨ª lo decid¨ªan los vascos en una ¡°consulta¡±. El 4 de noviembre la Mesa del Parlamento vasco inici¨® la tramitaci¨®n parlamentaria del plan; y nueve d¨ªas m¨¢s tarde el Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar impugn¨® ambos acuerdos ¡ªel del Ejecutivo de Ibarretxe y el de la Mesa¡ª ante el Tribunal Constitucional.

El alto tribunal dictamin¨® el 20 de abril de 2004: por siete votos a cinco, rechaz¨® la impugnaci¨®n del Gobierno y autoriz¨® ¡ªsin entrar a valorar su contenido¡ª que la propuesta de Estatuto siguiera su curso, apelando a ¡°la l¨®gica del sistema democr¨¢tico, uno de cuyos fundamentos consiste en que el Parlamento es la sede natural del debate¡±.

Aquella decisi¨®n judicial podr¨ªa avalar a quienes sostienen hoy que la resoluci¨®n que CiU y ERC pretenden aprobar este mes tampoco es impugnable. Hay, sin embargo, un elemento distinto: el argumento del Constitucional entonces fue que el plan Ibarretxe no era una ¡°disposici¨®n¡± ni una ¡°resoluci¨®n¡±, sino una ¡°propuesta¡± para abrir un debate, y el art¨ªculo 161.2 de la Constituci¨®n solo legitima al Gobierno a impugnar ¡°disposiciones y resoluciones¡± de las comunidades. El texto que quieren aprobar ahora CiU y ERC en el Parlamento catal¨¢n es una ¡°resoluci¨®n¡±, tal y como figura en el borrador que se ha conocido estos d¨ªas; una declaraci¨®n que tendr¨ªa principio y fin en s¨ª misma, no el acto administrativo de inicio de un debate.

2. ¡®No¡¯ rotundo del Parlamento

La C¨¢mara vasca aprob¨® la propuesta de Estatuto el 30 de diciembre de 2004 ¡ªcon los votos de PNV, EA, IU-EB y tres votos imprescindibles de Sozialista Abertzaleak, marca de Batasuna¡ª e Ibarretxe se fue a defender su plan al Congreso de los Diputados. All¨ª fue rechazado de plano el 1 de febrero de 2005: la C¨¢mara lo tumb¨® en el primer tr¨¢mite, el de la toma en consideraci¨®n, por 313 votos en contra (PSOE, PP, IU, Coalici¨®n Canaria y Chunta), 29 a favor (CiU, ERC, PNV, BNG, EA y NaBai) y dos abstenciones (ICV). As¨ª termino la vida pol¨ªtica del plan Ibarretxe.

En aquel debate, el presidente del Gobierno, el socialista Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, afirm¨®: ¡°La ley es la garant¨ªa de la convivencia, de la libertad [...] La relaci¨®n del Pa¨ªs Vasco con el resto de Espa?a la decidir¨¢n todos los vascos, no la mitad, y todos los espa?oles¡±. Por el PP habl¨® Mariano Rajoy: ¡°O algunos responsables pol¨ªticos no se han enterado de que cualquier reforma estatutaria que choque con la Constituci¨®n carece de viabilidad o lo saben muy bien pero no les importa perder el tiempo¡±, dijo. Y tambi¨¦n: ¡°Lo que est¨¢ en cuesti¨®n esta tarde no es si aprobamos o no determinado documento, sino si en Espa?a se aplica la ley¡±.

3. ?ltimo intento: la consulta. ¡°Inconstitucional y nula¡±

Tres a?os m¨¢s tarde, Ibarretxe hizo un ¨²ltimo intento: en junio de 2008, el Parlamento auton¨®mico aprob¨® una ley ad hoc para convocar, el 25 de octubre, una ¡°consulta popular¡± sobre dos asuntos: un di¨¢logo con ETA y una negociaci¨®n sobre el ¡°derecho a decidir del pueblo vasco¡±. La consulta no llegar¨ªa a celebrarse. El Gobierno de Zapatero recurri¨® la ley y el Constitucional la declar¨® ¡°inconstitucional y nula¡± el 11 de septiembre, por unanimidad.

Los argumentos del alto tribunal fueron b¨¢sicamente tres. Primero: que lo que se pretend¨ªa pasar por ¡°consulta no vinculante¡± era en realidad un ¡°refer¨¦ndum¡± ¡ªporque abordaba asuntos ¡°de manifiesta naturaleza pol¨ªtica¡±¡ª y por tanto requer¨ªa la autorizaci¨®n del Estado. Segundo: que preguntar por el derecho a decidir afecta ¡°al fundamento mismo del orden constitucional¡±, y eso puede plantearse proponiendo una reforma de la Constituci¨®n, pero no imponiendo una ¡°inaceptable v¨ªa de hecho para reformar la Constituci¨®n al margen de ella¡±. Y tercer argumento: el ¡°titular del derecho a decidir¡± es ¡°el pueblo espa?ol¡±. La ¡°redefinici¨®n¡± del Estado afectar¨ªa ¡°al conjunto de los ciudadanos espa?oles¡±; por eso no puede decidirla solo una parte de ellos, sino todos.

El Gobierno de Aznar hab¨ªa intentado que el ¨®rdago de Ibarretxe tuviera, adem¨¢s de la pol¨ªtica y la judicial, una respuesta penal: en 2003 introdujo en el C¨®digo Penal un delito nuevo para castigar con c¨¢rcel la "convocatoria de elecciones o de consultas populares por v¨ªa de refer¨¦ndum¡±. Pero aquello nunca llegar¨ªa a aplicarse: porque la consulta finalmente no fue convocada y porque en 2005 el Ejecutivo de Zapatero hab¨ªa eliminado ese delito del C¨®digo Penal. El Constitucional, adem¨¢s, lo declar¨® nulo en 2011 por una cuesti¨®n de procedimiento en la tramitaci¨®n de 2003: el PP hab¨ªa hurtado al Parlamento el debate sobre ese pol¨¦mico art¨ªculo.