IU abre el debate para endurecer las incompatibilidades de los pol¨ªticos

Los pol¨ªticos que dejen el servicio p¨²blico no podr¨¢n trabajar nunca en empresas privadas que desarrollen actividades relacionadas con asuntos en los que intervinieron durante sus cargos y que fueran privatizadas en esas fechas. Tampoco podr¨¢n trabajar en empresas que se beneficien de contratos p¨²blicos de ¡°servicios externalizados, ayudas financieras o ventajas fiscales de naturaleza contractual¡±. Con este texto, fruto de una proposici¨®n no de ley elaborada por el diputado Gaspar Llamazares, Izquierda Unida quiere provocar el debate sobre el endurecimiento de las incompatibilidades en sus condiciones y en su duraci¨®n. Ahora se fijan en dos a?os y se pretende ampliarlas a cinco.

No hay duda de que esta proposici¨®n que acaba de registrarse en el Congreso nace de los casos de estos d¨ªas, en los que diversos altos cargos del PP han pasado a la empresa privada a pesar de que no haya nada jur¨ªdicamente reprochable en sus actos. La expresidenta de la comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y presidenta a¨²n del Partido Popular de Madrid, ha sido contratada por una empresa de cazatalentos para niveles directivos. Tambi¨¦n el exconsejero de Sanidad, Juan Jos¨¦ G¨¹emes, fue contratado por la empresa que ha obtenido la gesti¨®n de los an¨¢lisis cl¨ªnicos, que G¨¹emes privatiz¨®, de varios hospitales madrile?os, aunque tras las enormes cr¨ªticas de la oposici¨®n ha decidido declinar la oferta.

Se trata de abrir en canal la Ley de Incompatibilidad de Altos Cargos y toda la legislaci¨®n que toque el paso de los pol¨ªticos a la vida profesional privada. Como adelanto la proposici¨®n apunta que los salientes no puedan en ning¨²n caso ofrecer a sus ¡°clientes y empleadores consejos basados en informaciones obtenidas durante su mandato¡± y que no sean de dominio p¨²blico. Con esta limitaci¨®n, la utilidad de los pol¨ªticos decrece notablemente. Otra limitaci¨®n es de car¨¢cter accionarial. As¨ª los salientes de la vida p¨²blica no podr¨¢n tener participaciones ¡°directas o indirectas¡± en empresas que tengan acuerdos o contratos con empresas p¨²blicas privatizadas durante los 10 a?os anteriores.

A la espera de que la Diputaci¨®n Permanente del Congreso vote la petici¨®n de comparecencias de miembros del Gobierno, las peticiones para que acudan no cesan, as¨ª como la presentaci¨®n de iniciativas. El Grupo Parlamentario Socialista pretende que vengan al Congreso el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, antes del debate del estado de la naci¨®n del 20 y 21 de febrero, as¨ª como los ministros de Sanidad, ( Ana Mato ); Agricultura ( Miguel Arias Ca?ete ) y de Hacienda y Administraciones P¨²blicas ( Cristobal Montoro). Este ¨²ltimo tambi¨¦n es demandado por Rosa D¨ªez de UPyD por el mismo motivo que lo pide la portavoz socialista, Soraya Rodr¨ªguez. Se trata de que el titular de Hacienda ofrezca informaci¨®n de las personas que se han acogido a la amnist¨ªa fiscal. La dirigente de UPyD exige que los beneficiarios del perd¨®n fiscal puedan ser investigados por los inspectores de la AgenciaTributaria, al objeto de dilucidar si los fondos regularizados tienen un origen oscuro y, por tanto, inconfesable. La Fiscal¨ªa debe actuar, pide Rosa D¨ªez, para determinar si ha habido blanqueo de capitales, dinero procedente de la droga ¡° o de la corrupci¨®n pol¨ªtica¡±.