Las dos consultas
Sin la complicidad de la mayor¨ªa del Congreso no puede avanzar ninguna iniciativa de calado
La autodeterminaci¨®n para la secesi¨®n es una de las iniciativas pol¨ªticas ¡°que suscita mayor divisi¨®n interna en una sociedad, por lo que aceptar sin m¨¢s que sea un derecho plantea problemas morales¡±, escribi¨® en 2003 St¨¦phane Dion, el acad¨¦mico y pol¨ªtico canadiense que impuls¨® la famosa ley de la claridad: una norma que concreta los criterios (nivel de participaci¨®n y mayor¨ªa exigibles, etc.) para la aplicaci¨®n de la doctrina del Tribunal Supremo de ese pa¨ªs respecto a referendos de autodeterminaci¨®n.
La votaci¨®n de la resoluci¨®n soberanista aprobada hace dos d¨ªas por el Parlamento de Catalu?a demuestra que ese derecho (o principio) no solo divide a la sociedad, sino a los partidos que lo defienden, incluso si lo hacen mediante la f¨®rmula m¨¢s suave de derecho a decidir. Al margen del voto decidido por cada grupo, es evidente que varios de ellos est¨¢n internamente divididos sobre lo que se dilucidaba: CiU, por supuesto, con Uni¨® m¨¢s que reticente hacia el plan del que forma parte la declaraci¨®n soberanista. El PSC, cinco de cuyos 20 diputados rompieron la disciplina absteni¨¦ndose. Cabe recordar sin embargo que de haber seguido la l¨ªnea vigente hasta hace unas semanas (no interferir en el camino hacia la consulta) se habr¨ªan abstenido los 20. Tambi¨¦n hay divisi¨®n sobre el fondo en ICV, que ha anunciado un refer¨¦ndum interno para decidir si en el de autodeterminaci¨®n votar¨¢ por o contra la independencia.
La semana pasada Artur Mas se declaraba abierto a la posibilidad de que la consulta no tuviera efectos jur¨ªdicos, es decir, que no fuera vinculante. Esa oferta pensada seguramente para atraer a los socialistas hizo aflorar la confusi¨®n entre dos conceptos de refer¨¦ndum de naturaleza diferente: el consultivo, destinado a comprobar la magnitud real de las demandas independentistas, para obrar en consecuencia; y el resolutivo, destinado a decidir sobre la independencia.
La sugerencia de Mas parece apuntar a una consulta del primer tipo, pero la planteada en la resoluci¨®n aprobada en el Parlament lo es del segundo: un refer¨¦ndum de autodeterminaci¨®n. Sin embargo, podr¨ªa no ser un lapsus. Una votaci¨®n no vinculante atraer¨ªa el voto de personas poco o nada partidarias de la independencia tomada en serio (con todas sus consecuencias), pero favorables a votar a favor de ella para ¡°castigar a Madrid¡± o, m¨¢s pragm¨¢ticamente, para ejercer una presi¨®n sobre el Estado con la amenaza escisionista a fin de obtener concesiones en terrenos como el de la financiaci¨®n, por ejemplo. Lo que distorsionar¨ªa el resultado incluso si solo se trata de verificar la continuidad en el tiempo de la fiebre independentista.
Esta confusi¨®n ha podido influir en la interna del PSC. Un refer¨¦ndum consultivo, no vinculante, que fuera el punto de partida para negociar las condiciones del resolutivo podr¨ªa haber sido visto como una forma de salvar el compromiso program¨¢tico a favor del derecho a decidir sin avalar la convocatoria del otro.
Pero si se pretende, como sobre todo plantea ERC, situar ese refer¨¦ndum decisorio como punto de partida, la eventual negociaci¨®n con el Estado y otras instancias a que alude la declaraci¨®n carece de sentido pues la decisi¨®n ya estar¨ªa tomada. Lo que agravar¨ªa el car¨¢cter unilateral de la propuesta soberanista, que es uno de sus puntos d¨¦biles. Los 85 votos a favor del refer¨¦ndum alcanzados en la votaci¨®n se aproximan a los dos tercios de la C¨¢mara, lo que supone una mayor¨ªa muy amplia. No siempre, sin embargo, la mayor¨ªa parlamentaria asegura una mayor¨ªa social de la misma magnitud, como se vio en la votaci¨®n sobre el nuevo Estatut: 90% de apoyo en el Parlament y una participaci¨®n del 49% en el refer¨¦ndum.
Pero sobre todo, ocurre que los partidos opuestos a la declaraci¨®n soberanista suman una mayor¨ªa a¨²n mayor en el Congreso de los Diputados. Y la experiencia indica que sin su apoyo o complicidad ser¨¢ imposible hacer avanzar cualquier iniciativa que para ser legal requiera reformas institucionales de calado. As¨ª lo recuerda Pujol padre en el ¨²ltimo tomo de sus memorias (A?os decisivos. Destino. 2012), cuando reprocha al Tripartito que ¡°ni preparaba el terreno [para la reforma del Estatut] ni se buscaban aliados fuera de Catalu?a que garantizaran el ¨¦xito de la operaci¨®n¡±.
Por grande que sea el acuerdo interno, una decisi¨®n que afecta a todos los espa?oles deber¨ªa contar con su consentimiento; no necesariamente mediante un refer¨¦ndum en toda Espa?a, hip¨®tesis poco realista; pero s¨ª que lo sometido a votaci¨®n del censo catal¨¢n sea el resultado de un acuerdo entre las instituciones catalanas y las del Estado. Acuerdo que no tendr¨ªa por qu¨¦ versar sobre la secesi¨®n, dando esta por inevitable, sino sobre una reformulaci¨®n del pacto estatutario; pero para ello ser¨ªa necesario que Artur Mas volviera al punto de partida: al momento anterior al de desafiar a Rajoy con que si no se le daba lo que ped¨ªa, declarar¨ªa la independencia de Catalu?a.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.