El juez acusa al duque de enriquecerse

I?aki Urdangarin y su exsocio Diego Torres, usaron el Instituto N¨®os para actuar de manera ilegal y con la finalidad de ganar dinero de manera fraudulenta, a costa del erario de Baleares y la Comunidad Valenciana, seg¨²n el juez Jos¨¦ Castro. Para ello se sirvieron de una pantalla, el Instituto N¨®os, que se afirmaba sin ¨¢nimo de lucro. El yerno del Rey y el que fue su profesor, Torres, han de formalizar, de manera solidaria y conjunta, antes de cinco d¨ªas, una fianza de responsabilidad civil de 8.189.448,44 euros para hacer frente a las exigencias personales por una posible condena. Es decir, deben ponerse de acuerdo, ya que no se establece qu¨¦ cantidad debe aportar cada uno. En caso de no hacerse efectiva la fianza acarrear¨ªa el embargo de sus propiedades.

El juez dice que el esposo de la infanta Cristina manej¨® una ¡°psicol¨®gica presi¨®n derivada del parentesco con la Casa Real¡± y que fue ¡°intencionadamente utilizado para vencer cualquier resistencia¡± de las autoridades.

El instructor del caso Urdangarin asumi¨® ayer las tesis de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y en un auto de 542 p¨¢ginas desmenuz¨® los datos econ¨®micos, administrativos y los indicios penales por los que Urdangarin y Torres deber¨¢n constituir la fianza y, en el futuro, ser juzgados junto al expresidente balear del PP Jaume Matas y otros ex altos cargos.

Los dos gestores, que se dec¨ªan expertos en eventos deportivos y patrocinios, se movieron para su mero ¡°enriquecimiento¡±, se relacionaron con las administraciones desentendi¨¦ndose de las reglas que rigen la contrataci¨®n p¨²blica. Y agrega: ¡°Con tal de conseguir su objetivo, que no es otro que el de desviar fondos p¨²blicos en beneficio propio o ajeno¡±. Nunca se exigi¨® a N¨®os ¡°ninguna rendici¨®n de cuentas¡± sobre gastos que ¡°sobredimensionaban escandalosamente¡±.

El juez desgrana la nulidad de los acuerdos millonarios, contratos, convenios y colaboraciones obtenidos con la Generalitat Valenciana y el Gobierno de Baleares, ambos del PP. En ocasiones, para un pago de m¨¢s de un mill¨®n de euros, se exhibi¨® apenas un folio con un presupuesto informal que nunca se concret¨® ni justific¨®. Existi¨® ¡°utilizaci¨®n fraudulenta y deliberadamente de la figura del convenio para eludir la aplicaci¨®n de la Ley de contratos del sector p¨²blico¡±.

El instructor recrimina reiteradamente al esposo de la infanta Cristina el abuso de su condici¨®n de miembro de la Familia Real en sus negocios ante las autoridades pol¨ªticas con ¡°la directa intervenci¨®n en persona¡±, o con ¡°el anuncio del respaldo que le brindaban las altas personalidades vinculadas, cada una a su manera y, en el caso de don Carlos Garc¨ªa Revenga (secretario de las infantas) faltando deliberadamente a la verdad, con la Casa de S.M. El Rey¡±.

N¨®os rese?aba en sus presentaciones que estaba presidido por Urdangarin y en ¡°la junta directiva tambi¨¦n se integra S.A.R. la infanta do?a Cristina¡±. As¨ª se lograba influir en ¡°la esfera pr¨®xima a las distintas Administraciones p¨²blicas. Ese protagonismo ha de recaer sobre sus responsables, de ordinario merecedores de m¨¢s intenso reproche ¨¦tico y jur¨ªdico en tanto estar¨ªan quebrantando el especial deber¡± sobre la ¡°correcta gesti¨®n de los fondos p¨²blicos que le han sido confiados¡±. La ¡°censura¡± a Urdangarin se precisa por ¡°quienes utilizan en su exclusivo beneficio el ¨¢rea de influencia que suele ser inherente a la m¨¢s alta instituci¨®n del Estado¡±.

Urdangarin lograba relaciones de privilegio, hac¨ªa tr¨¢fico de influencias y creaba dependencia en aquellos que le contrataron, como los expresidentes valenciano y balear, Francisco Camps, y Jaume Matas, ambos del PP.

El juez Castro ataca a esos pol¨ªticos ¡°interlocutores, detentadores de relevantes cargos p¨²blicos y escasamente escrupulosos de la observancia de las normas sobre la contrataci¨®n p¨²blica (que decid¨ªan) prescindir de los obligados tr¨¢mites¡±. Los acuerdos con N¨®os fueron as¨ª ¡°fruto de un pacto verbal, totalmente prohibido legalmente¡±. Los pol¨ªticos actuaron as¨ª, seg¨²n corrobora el juez, ¡°sin un claro convencimiento de la utilidad que representaba el negocio jur¨ªdico que se les propon¨ªa¡± al tiempo que se ¡°desvinculaban de su exacto cumplimiento y justificaci¨®n del coste¡±.

Los 8,19 millones de fianza marcada surgen de sumar las partidas que Urdangarin y Torres captaron en la Generalitat valenciana y en Baleares: 2,3 millones de euros de los dos Illes Balears Forum con los pagos por el equipo ciclista Illes Baleares; tres partidas p¨²blicas de 1,04 millones cada una de los tres Valencia Summit, y los 382.000 que N¨®os cobr¨® de la Generalitat valenciana para unos Juegos Europeos jam¨¢s realizados. Las partidas de los convenios, que deben ser devueltas al considerar los acuerdos nulos de pleno derecho, se incrementan con 2,1 millones de multa, un tercio de la cantidad global malversada.

Los acusados se beneficiaron de las actuaciones de las autoridades en actos que son fruto ¡°de decisiones arbitrarias adoptadas mediante un ejercicio abusivo de poder, cuya finalidad era ¨²nicamente beneficiar a una determinada entidad, al margen de cualquier consideraci¨®n de utilidad o necesidad p¨²blica¡±.

Torres y Urdangarin ¡°consuman (los delitos) hasta las ¨²ltimas consecuencias derivando los fondos il¨ªcitamente obtenidos hacia las sociedades de su entorno y de ah¨ª arranca que sean merecedores de la fianza interesada¡±.

El instructor dibuja el marco penal que rodea los hechos y sus supuestos autores aun cuando admite que no es el momento procesal para calificar la autor¨ªa. Pero atribuye igualmente a Urdangarin y Torres la posibilidad de ser autores de los delitos instrumentales continuados de falsedad en documento oficial y en documento mercantil, de prevaricaci¨®n, de malversaci¨®n de fondos p¨²blicos y de fraude a la Administraci¨®n. Esta descripci¨®n es previa a la nueva acusaci¨®n de tres delitos fiscales contra Urdangarin y uno contra Torres por parte de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n tras el informe de la Agencia Tributaria, con la posterior personaci¨®n de la Abogac¨ªa del Estado.

En el auto se rechaza el ¡°desprendimiento econ¨®mico del que dicen haber hecho gala desde N¨®os¡± y del ¡°que se prevalecieron para obtener contrataciones p¨²blicas¡±. El juez rebate el argumento de la defensa de Urdangarin, que sostiene que se deslig¨® de N¨®os m¨¢s all¨¢ de su cese de presidente formal en marzo de 2006 y que no obtuvo beneficio directo. ¡°De hecho, lo sigui¨® siendo (presidente) con posterioridad¡±, seg¨²n ¡°innumerables datos¡±.