Espa?a podr¨¢ obligar a presos de la UE a cumplir condena en sus pa¨ªses de origen

El Consejo de Ministros aprob¨® ayer la trasposici¨®n a la legislaci¨®n espa?ola de 11 directivas europeas que, cuando entren en vigor (probablemente, ya a final de a?o), podr¨ªan cambiar sustancialmente el mapa penitenciario de la UE. Y el espa?ol. Esa nueva normativa establecer¨¢ el ¡°reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales penales¡± y permitir¨¢ ¡°que una resoluci¨®n condenatoria dictada en un Estado miembro sea ejecutada en otro¡±, seg¨²n inform¨® el Ministerio de Justicia en una nota. ¡°Ello har¨¢ posible que los reclusos extranjeros puedan ser enviados a su pa¨ªs de origen y, a la inversa, que los espa?oles condenados en otros Estados cumplan condena en nuestro pa¨ªs¡±. En Espa?a cumplen condena en prisi¨®n cerca de 4.400 ciudadanos de la UE, calculan fuentes penitenciarias. Y unos 700 espa?oles est¨¢n presos en c¨¢rceles europeas, seg¨²n fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.

En realidad, ya hay espa?oles que son condenados fuera de Espa?a y luego son extraditados para cumplir la pena aqu¨ª, y europeos condenados en Espa?a que son entregados a su pa¨ªs de origen. ¡°Pero eso se hace en funci¨®n de convenios entre pa¨ªses: no es obligatorio sino facultativo¡±, explica Julio Fuentes, subdirector general de Pol¨ªtica Legislativa del ministerio. ¡°Ahora los pa¨ªses van a asumir esa obligaci¨®n: si el juez de vigilancia de un Estado pide que un condenado cumpla la pena en su pa¨ªs de origen, este pa¨ªs tendr¨¢ que aceptarlo¡±, afirma. El reo ser¨¢ escuchado, pero su consentimiento no ser¨¢ imprescindible. Aunque Fuentes subraya que el objetivo de esa extradici¨®n es ¡°facilitar la reinserci¨®n y la cercan¨ªa del preso a su familia¡±, de modo que ¡°todas estas medidas tienen el l¨ªmite del respeto a los derechos fundamentales, y su alegaci¨®n siempre ha de ser posible¡±.

La colaboraci¨®n entre los sistemas judiciales de los Estados miembros de la UE se trasladar¨¢ tambi¨¦n a otros aspectos de la condena. Fuentes pone un ejemplo: un ciudadano brit¨¢nico que ha cumplido ya su pena de prisi¨®n en Gran Breta?a pero est¨¢ en libertad vigilada. ¡°En este momento, si ese ciudadano viene de vacaciones a Espa?a, deja de estar vigilado. Cuando esta normativa entre en vigor, Gran Breta?a podr¨¢ reclamar al juez de vigilancia penitenciaria espa?ol que se haga cargo de esa vigilancia¡±, asegura el subdirector general. No queda claro qui¨¦n asumir¨ªa ese gasto.

¡°La diferencia fundamental es esa: a partir de ahora la cooperaci¨®n ser¨¢ obligatoria, no optativa¡±, subraya Fuentes. Habr¨¢, adem¨¢s, un intercambio permanente de informaci¨®n entre los jueces europeos sobre el historial delictivo de los detenidos, de modo que los antecedentes de un reo registrados en otro pa¨ªs podr¨¢n ser tenidos en cuenta a la hora de valorar la reincidencia cuando cometa un delito en Espa?a.

El Consejo de Ministros aprob¨® ayer tres anteproyectos de ley para adaptar las 11 directivas europeas. Esos deben ser estudiados a¨²n por el Consejo General del Poder Judicial y por el Consejo Fiscal, y en ¡°unos cinco meses¡± iniciar¨¢n la tramitaci¨®n parlamentaria para ser definitivamente aprobados y entrar en vigor.