La acci¨®n exterior de las autonom¨ªas deber¨¢ seguir directrices del Gobierno

El enfrentamiento entre el Gobierno y la Generalitat catalana por la actividad de las comunidades aut¨®nomas en el extranjero est¨¢ servido. ¡°Yo les invito a incorporarse a las oficinas de representaci¨®n diplom¨¢tica de Espa?a. Me parece una oferta muy razonable. Si no quieren aprovecharla y prefieren cerrar ambulatorios y tener embajaditas fuera, tendr¨¢n que explic¨¢rselo a sus votantes¡±, declar¨® la semana pasada el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperaci¨®n, Jos¨¦ Manuel Garc¨ªa-Margallo.

¡°Impedir la pol¨ªtica exterior propia es poner puertas al campo. ?Qu¨¦ har¨¢n? ?Nos prohibir¨¢n viajar? ?Nos retirar¨¢n el pasaporte?¡±, replic¨® Francesc Homs, conseller de Presidencia. Homs, mano derecha de Mas, hizo estas declaraciones en la presentaci¨®n de DiploCat, un difuso proyecto de ¡°diplomacia en red¡± cuyo objetivo no es solo defender los intereses econ¨®micos de Catalu?a fuera sino tambi¨¦n internacionalizar su proceso soberanista.

El Gobierno no quiere impedir que el presidente catal¨¢n viaje ni retirarle el pasaporte, pero s¨ª vigilar de cerca sus pasos para que no se salga de sus competencias.

El anteproyecto de Ley de Acci¨®n Exterior y del Servicio Exterior, que hoy debatir¨¢ la Comisi¨®n de Subsecretarios y el viernes podr¨ªa ver el Consejo de Ministros, se?ala que las actividades que las comunidades aut¨®nomas y entidades locales en el extranjero ¡°estar¨¢n sujetas a las directrices, fines y objetivos de la pol¨ªtica exterior fijados por el Gobierno¡±, a trav¨¦s de la Estrategia de Acci¨®n Exterior, con una vigencia de cuatro a?os.

Las autonom¨ªas no podr¨¢n asumir la representaci¨®n del Estado, ni celebrar tratados internacionales, ni generar obligaciones o responsabilidades internacionalmente exigibles al Estado, ¡°ni interferir con la pol¨ªtica exterior que dirige el Gobierno¡±.

Para garantizar que se cumplen estos principios, las comunidades aut¨®nomas (pero tambi¨¦n el Consejo del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo o los entes locales) deber¨¢n informar a Exteriores ¡°de las propuestas sobre viajes, visitas, intercambios y actuaciones con proyecci¨®n exterior¡± para que dicho departamento pueda emitir ¡°recomendaciones¡± sobre su adecuaci¨®n a las directrices fijadas por el Gobierno. Adem¨¢s, Exteriores informar¨¢ ¡°con car¨¢cter previo¡± los acuerdos que las autonom¨ªas y entes locales ¡°pretendan celebrar¡± con organismos extranjeros o internacionales para verificar que se adecuan a la ley.

El aspecto m¨¢s pol¨¦mico es el referido a las oficinas de las comunidades en el exterior, las llamadas embajadas auton¨®micas. Las comunidades aut¨®nomas deber¨¢n informar al Gobierno ¡°con car¨¢cter previo a su apertura¡±, para que Exteriores diga si es compatible con los objetivos de la pol¨ªtica exterior y Hacienda informe sobre su adecuaci¨®n a los principios de eficiencia en el uso de recursos p¨²blicos y reparto de competencias. En el borrador distribuido la semana pasada a todos los diplom¨¢ticos se dice que el informe de Hacienda ¡°tendr¨¢ car¨¢cter vinculante cuando se trate de comunidades aut¨®nomas que hayan incumplido su objetivo de estabilidad presupuestaria¡±. Es decir, las autonom¨ªas que incumplan su objetivo de d¨¦ficit (como Catalu?a) no podr¨¢n abrir oficinas en el extranjero sin el visto bueno de Montoro. Fuentes de Exteriores aseguran, sin embargo, que este punto no figura en el texto que debatir¨¢n los subsecretarios.

El proyecto se basa en la jurisprudencia del Constitucional que, si bien reconoce el derecho de las autonom¨ªas a abrir delegaciones en el exterior, permite al Gobierno ¡°establecer medidas que regulen o coordinen¡± dichas actividades, para evitar que perjudiquen la pol¨ªtica exterior, competencia exclusiva del Estado.

Seg¨²n un informe de Exteriores, las autonom¨ªas mantienen un total de 166 oficinas en el extranjero. La comunidad con m¨¢s embajadas es Catalu?a (41); y el pa¨ªs que m¨¢s alberga, China (20). En 2011, el PP cifr¨® su coste total en 150 millones anuales. La oferta de Margallo de integrar dichas oficinas en las sedes diplom¨¢ticas espa?olas se ha plasmado, hasta ahora, en la firma de convenios con La Rioja, la Comunidad Valenciana, Galicia y Asturias. Catalu?a lo ha rechazado.