La defensora del Pueblo liga el aumento de quejas a los recortes en los servicios

Los recortes, sobre todo los ajustes en los servicios sanitarios y educativos, dispararon en 2012 las quejas registradas por los ciudadanos ante el Defensor del Pueblo. La instituci¨®n que dirige Soledad Becerril recibi¨® 33.478 expedientes (un 36% m¨¢s que el a?o anterior). Y seg¨²n reconoce en el informe anual presentado este mi¨¦rcoles en el Congreso de los Diputados, ¡°un considerable porcentaje de las numerosas quejas recibidas a lo largo de 2012 han sido planteadas por personal al servicio del sector p¨²blico, que ha venido soportando de manera directa, como tambi¨¦n le ocurre al empleo privado, las consecuencias de la crisis econ¨®mica y de los recortes y ajustes presupuestarios aplicados para afrontarla¡±. La supresi¨®n de la paga extra de los funcionarios, la renta activa de inserci¨®n y los ajustes en sanidad centran la mayor¨ªa de las quejas.

? Reformas para devolver la confianza. ¡°La Transici¨®n, y con ella los esfuerzos y sentido de la responsabilidad, que hace cuarenta a?os fuimos los espa?oles capaces de demostrar, para pasar de un r¨¦gimen autoritario a una democracia, no pueden malgastarse¡±. Becerril plantea en el informe anual de quejas una reflexi¨®n sobre la necesidad de fortaleza de las instituciones frente a la corrupci¨®n y al desapego ciudadano. La defensora considera que ¡°las instituciones de la democracia tienen que continuar siendo los pilares del Estado social y de derecho que en el pasado reciente nos dimos, y que tanta admiraci¨®n han producido¡±.

Por esta raz¨®n, este mi¨¦rcoles aprovech¨® su visita a la C¨¢mara baja para reclamar reformas para ¡°restaurar la confianza¡± de los ciudadanos en los organismos p¨²blicos. En este contexto, cuando esc¨¢ndalos como el caso B¨¢rcenas, el caso Pallerols y el caso Urdangarin empa?an la vida pol¨ªtica y p¨²blica, dej¨® claro que en su opini¨®n ¡°son los parlamentarios los que deben decidir¡±, aunque ¡°evidentemente hay que reforzar las instituciones¡±.

? Desahucios. ¡°Las principales actuaciones de la instituci¨®n en materia econ¨®mica¡±, un apartado que recoge 4.974 quejas, ¡°persiguieron reforzar la protecci¨®n de los deudores hipotecarios y de los peque?os ahorradores¡±, asegura la defensora. Becerril se muestra partidaria, por tanto, de ¡°la conveniencia de elaborar un concepto jur¨ªdico del deudor de buena fe; regular el procedimiento de insolvencia personal; insistir en la ampliaci¨®n de las situaciones en que se extingue la deuda hipotecaria mediante la daci¨®n en pago del bien hipotecado; establecer un acto previo de conciliaci¨®n antes de emprender la ejecuci¨®n hipotecaria¡±. Y, adem¨¢s, propone reformar la ley protecci¨®n de deudores hipotecarios sin recursos, ¡°ampliando su ¨¢mbito de aplicaci¨®n".

? Copago y acceso a la sanidad. Los recortes sanitarios, tanto los debidos en todo el Estado al real decreto ley de abril que cambiaba el copago en medicamentos y las condiciones para recibir atenci¨®n como las distintas actuaciones auton¨®micas han disparado los expedientes de queja al Defensor del Pueblo en 2012. La oficina que dirige Becerril tramit¨® 1.674 expedientes de queja en el ¨¢rea de Sanidad, casi el triple de los 595 del a?o anterior. Entre ellas destacan dos peticiones de que presente recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto, y las recibidas contra los servicios de Salud de Castilla-La Mancha, Madrid y Catalu?a.

En el informe el Defensor critica la nueva regulaci¨®n del derecho al acceso sanitario, que deja fuera a los espa?oles o extranjeros en situaci¨®n regular que no hayan cotizado a la Seguridad Social y ganen m¨¢s de 100.000 euros al a?o. ¡°Esta situaci¨®n no resulta congruente con el sistema de financiaci¨®n sanitaria¡±, que desde 1999 descansa ¡°en la carga tributaria soportada por todos los contribuyentes¡±. La oficina del Defensor pregunta por la atenci¨®n a extranjeros sin autorizaci¨®n de residencia ¡°y con procesos graves¡±. ¡°En estos supuestos determinados derechos, como el de la protecci¨®n de la salud en todas sus dimensiones, deber¨ªan pertenecer a la persona con independencia de su situaci¨®n administrativa¡±. Por eso afirma que se traslad¨® al Ministerio de Sanidad ¡°que se adopten las medidas complementarias necesarias¡± para garantizar ese derecho.

? Empleo, educaci¨®n y cultura. En materia de empleo, educaci¨®n y cultura, la defensora recibi¨® 12.932 quejas, que dieron pie a la puesta en marcha de 28 investigaciones de oficio y a la gesti¨®n de 243.909 solicitudes de interposici¨®n de recurso de inconstitucionalidad.

Este ¨¢mbito recoge el mayor n¨²mero de peticiones de interposici¨®n de recurso de inconstitucionalidad. Tras la aprobaci¨®n del paquete de medidas de estabilidad presupuestaria del pasado mes de julio, el recorte m¨¢s duro de la democracia, miles de funcionarios y empleados p¨²blicos se dirigieron a la instituci¨®n para protestar porque se les hubiera suprimido la paga extraordinaria.

El defensor del Pueblo evit¨® recurrir ante el Constitucional, aunque s¨ª recomend¨® que se pagara a los funcionarios y empleados p¨²blicos la parte de la paga extra correspondiente al periodo trabajado antes de la publicaci¨®n del decreto ley, puesto que consideraba que se trataba de la prestaci¨®n relativa al trabajo ya realizado hasta entonces. El Gobierno de Mariano Rajoy, como es notorio, rechaz¨® la recomendaci¨®n.

En materia educativa, la instituci¨®n reclam¨® una revisi¨®n de los criterios para la racionalizaci¨®n del gasto p¨²blico en ese ¨¢mbito. La futura ley reguladora del sistema educativo, en opini¨®n del Defensor, deber¨ªa incluir, adem¨¢s de un amplio acuerdo, las previsiones y medidas de financiaci¨®n adecuadas para que su puesta en marcha y su desarrollo posterior queden garantizados.