Exteriores ultima una ley que veta a las autonom¨ªas la firma de tratados

El Consejo de Ministros dio ayer luz verde al anteproyecto de ley de Acci¨®n Exterior y del Servicio Exterior (LAESE), un texto que pretende ¡°poner orden¡± en el despliegue de las administraciones p¨²blicas en el extranjero, en palabras del ministro Jos¨¦ Manuel Garc¨ªa-Margallo.

Aunque el jefe de la diplomacia espa?ola lleva ocho meses y casi 40 borradores peleando por sus compa?eros de Gabinete para sacar adelante una reforma que se atragant¨® a todos sus antecesores, a la ley le queda a¨²n un largo camino por recorrer. El texto se someter¨¢ ahora a un ¡°tr¨¢mite de audiencia¡± en el que se consultar¨¢ su contenido, y se recoger¨¢n las sugerencias, de las comunidades aut¨®nomas, la Federaci¨®n Espa?ola de Municipios y Provincias (FEMP), los sindicatos, las asociaciones profesionales, el Consejo General del Poder Judicial y un largo etc¨¦tera, adem¨¢s del preceptivo informe del Consejo de Estado. Si no hay contratiempos, el proyecto de ley debe llegar a las Cortes antes del verano y publicarse en el BOE antes de que acabe el a?o.

Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores trabaja ya en una ley cuya aprobaci¨®n est¨¢ prevista en una de las disposiciones de la LAESE: la Ley de Tratados. El objetivo de esta norma, que desarrollar¨¢ el Cap¨ªtulo III de la Constituci¨®n, es adaptar la legislaci¨®n espa?ola a los cambios en el derecho internacional y delimitar el campo de competencias del Estado tanto hacia arriba (Uni¨®n Europea) como hacia abajo (comunidades aut¨®nomas).

La propia LAESE ya deja claro que es competencia exclusiva del Gobierno ¡°la negociaci¨®n, firma y aplicaci¨®n provisional de los tratados internacionales¡±, antes de su remisi¨®n a las Cortes. Y agrega que las autonom¨ªas no pueden ¡°celebrar tratados internacionales con otros Estados u organismos internacionales¡±, ni tampoco ¡°generar obligaciones o responsabilidades internacionalmente exigibles al Estado¡±.

Ahora bien, entre 1990 y 2010, seg¨²n datos de Exteriores, las comunidades aut¨®nomas suscribieron 277 memorandos de entendimiento sobre las m¨¢s variadas materias con Estados, regiones u organismos internacionales. M¨¢s del 90% de estos (254) se suscribieron en los ¨²ltimos seis a?os de dicho periodo, lo que refleja la creciente actividad exterior de las comunidades aut¨®nomas; en especial de Andaluc¨ªa, Catalu?a y Galicia.

A ello hay que sumar los convenios de cooperaci¨®n transfronteriza entre regiones vecinas de Espa?a con Francia y Portugal, que suman 24 entre 2008 y 2011. Estos ¨²ltimos convenios est¨¢n sujetos a un decreto de 1997 que exige la autorizaci¨®n previa por parte del Estado, su registro en Administraciones P¨²blicas y su publicaci¨®n en el BOE antes de que puedan entrar en vigor.

La LAESE pretende, hasta cierto punto, generalizar esta f¨®rmula al exigir que el Ministerio de Exteriores informe, con car¨¢cter previo, todos ¡°los acuerdos, cualquiera que sea su denominaci¨®n y contenido, que las comunidades aut¨®nomas y las entidades locales pretendan celebrar con autoridades y organismos extranjeros e internacionales, con el objeto de verificar el cumplimiento de lo previsto en esta ley¡±. Es decir, que se ci?en a su ¨¢mbito de competencias y no invade las del Estado.

En sentido contrario, la futura Ley de Tratados deber¨¢ tener en cuenta que algunas competencias han sido transferidas por Espa?a a la UE; que, por ejemplo, negocia en nombre de sus 27 socios todos los acuerdos en materia de comercio con terceros pa¨ªses. En ocasiones, ambos planos, se mezclan. Fuentes diplom¨¢ticas recuerdan c¨®mo se tuvo que abortar el intento de dos Gobiernos auton¨®micos de negociar sendos acuerdos de inmigraci¨®n con Marruecos y pesca con Mauritania, ante las protestas de la propia Comisi¨®n Europea.

Para evitar estos problemas, y otros, la LAESE prev¨¦ la posibilidad de que personal diplom¨¢tico preste servicio en las comunidades aut¨®nomas, aunque no aclara qui¨¦n le pagar¨¢. Como dice el refr¨¢n: quien paga manda.