El juez del ¡®caso N¨®os¡¯ busca indicios definitivos para imputar a la infanta
Pide las actas de la Junta Directiva donde estaba la mujer de Urdangarin El asesor jur¨ªdico de la Casa del Rey y Gonz¨¢lez Pons, citados como testigos
El juez Jos¨¦ Castro encar¨® este viernes la recta final de la instrucci¨®n del caso N¨®os, en el que est¨¢ imputado el yerno del Rey, I?aki Urdangarin, su ex socio Diego Torres y el ex presidente balear Jaume Matas, para investigar nuevos detalles de la supuesta trama de apropiaci¨®n indebida de fondos p¨²blicos que dirigi¨® el marido de la infanta Cristina.
Entre las pruebas que va a recabar el juez Castro figuran dos que buscan averiguar qu¨¦ papel desempe?¨® la infanta Cristina de Borb¨®n, primero como vocal directiva del Instituto N¨®os y despu¨¦s como propietaria a medias con su marido de una empresa, Aiz¨®on, a la que llegaron grandes cantidades de dinero de los contratos p¨²blicos adjudicados a N¨®os.
El juez atiende as¨ª la petici¨®n hecha por el autodenominado sindicato Manos Limpias, personado en la causa y que reclama la imputaci¨®n de la infanta desde hace m¨¢s de un a?o.
Tanto el juez Castro como la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca se han opuesto hasta ahora a la imputaci¨®n de la infanta Cristina que solicita insistentemente Manos Limpias. El juez argument¨® en marzo de 2012 a trav¨¦s de un auto que no exist¨ªan en la causa indicios ¡°racionales¡± suficientes para imputar a la hija del Rey, y rechazaba actuar contra la Infanta bas¨¢ndose en ¡°meras elucubraciones¡±. El juez conclu¨ªa que ¡°actuar prescindiendo de tan elementales requisitos solo conducir¨ªa a estigmatizar gratuitamente a una persona, lo que no es de recibo¡±.
Los correos del ex socio
Desde entonces, la investigaci¨®n ha avanzado y el ex socio de Urdangarin ha aportado a la causa una serie de correos electr¨®nicos donde se sugiere que la infanta Cristina pudo ayudar al negocio de su marido facilit¨¢ndole algunos contactos.
El ¨²ltimo auto del juez Jos¨¦ Castro comunicado este viernes avanza en una l¨ªnea de la que se desprende que, por primera vez desde el inicio del caso en 2010, tiene sobre la mesa la posible imputaci¨®n de la infanta, seg¨²n indicaron a este peri¨®dico fuentes jur¨ªdicas, y busca indicios definitivos para apoyar su decisi¨®n. La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, seg¨²n las mismas fuentes, no apoya este an¨¢lisis y la necesidad de imputar a la hija del Rey al considerar que la investigaci¨®n no ha descubierto indicios suficientes para tomar una decisi¨®n que ser¨ªa especialmente delicada para la imagen de la Casa del Rey, ya muy deteriorada por la imputaci¨®n de Urdangarin.
El juez Castro investiga si Urdangarin busc¨® ¡°crear un ¨¢rea de influencias¡± desde el Instituto N¨®os, que se presentaba bajo la apariencia de una entidad sin ¨¢nimo de lucro, con el apoyo de la hija del Rey y de su secretario, Carlos Garc¨ªa Revenga, tambi¨¦n imputado en la causa.
El juez interrog¨® sobre esta posibilidad a Urdangarin en la ¨²ltima comparecencia de finales del pasado febrero. El Duque de Palma neg¨® cualquier participaci¨®n de su mujer o de Garc¨ªa Revenga en el Instituto N¨®os, pese a que la primera era vocal de la junta directiva y el segundo, tesorero.
Urdangarin declar¨® al juez que su mujer estaba en la junta directiva de N¨®os ¡°por comodidad, transparencia y formalismo¡±, y se neg¨® a contestar sobre correos electr¨®nicos suministrados por Diego Torres donde se daba cuenta de las gestiones de la infanta Cristina a favor de los negocios de su marido.
En el auto que firm¨® este viernes, el juez Castro reclam¨® las actas, firmas y documentaci¨®n de las juntas generales, ordinarias y extraordinarias celebradas por el Instituto N¨®os, en 2003, 2004 y 2006. El instructor quiere conocer quienes participaron en esas reuniones y donde tuvieron lugar.
Numerosas personas que trabajaron para N¨®os han declarado al juez en los dos ¨²ltimos a?os que no vieron a la infanta Cristina tomar decisiones en relaci¨®n con la actividad del Instituto N¨®os ni participar en los ¨®rganos directivos del mismo.
El juez ha solicitado tambi¨¦n al registro mercantil de Barcelona una copia de la hoja registral de Aiz¨®on, la empresa cuya propiedad comparten al 50% Urdangarin y su esposa que se lucr¨® fundamentalmente con fondos p¨²blicos que lograba el Instituto N¨®os para organizar eventos de turismo y deportes en Baleares y la Comunidad Valenciana.
El juez detalla en su auto hasta 33 citaciones de distintos personas relacionadas con el caso, de las que 31 ir¨ªan en calidad de testigos y dos de imputados, entre ellos el supuesto testaferro de Urdangarin, Robert Cockx. Entre los testigos que deber¨¢n declarar ante el juez destaca Esteban Gonz¨¢lez Pons, ex consejero valenciano y alto cargo del PP nacional, por su supuesta participaci¨®n cuando dirig¨ªa el ¨¢rea de Presidencia en la firma del convenio para la realizaci¨®n de los Juegos Europeos por los que N¨®os lleg¨® a cobrar casi 400.000 euros y que no fructific¨®.
Adem¨¢s, el juez cita a Jos¨¦ Manuel Romero, conde de Fontao, asesor jur¨ªdico externo de la casa del Rey. Romero fue supuestamente la persona que gestion¨® la salida de Urdangarin del Instituto N¨®os y le asesor¨® para que no figurara como cargo directivo en nuevos negocios privados que emprendiera el yerno del Rey.
Testaferros y grandes empresas
El apoderado de I?aki Urdangarin, Mario Sorribas, ha visto agravada su situaci¨®n en la causa penal. El juez Jos¨¦ Castro le imput¨® este viernes a trav¨¦s de un auto nuevos delitos de malversaci¨®n de caudales y prevaricaci¨®n, por su actuaci¨®n en el convenio que suscribi¨® con la fundaci¨®n Madrid 2016.
Sorribas fue la mano derecha de Urdangarin para sus negocios en Espa?a durante el tiempo en el que el yerno del Rey fue apartado, te¨®ricamente, a una zona de sombra y, m¨¢s tarde, cuando se march¨® a vivir a Estados Unidos.
Mario Sorribas actu¨® durante ese tiempo de apoderado en la empresa Aiz¨®on, propiedad de Urdangarin y de la Infanta Cristina. Su abogado intent¨® sin ¨¦xito que el juez le retirara la imputaci¨®n y le defini¨® como un ¡°simple mandado¡± de Urdangarin y ¡°un currante¡±.
El juez y el fiscal pasar¨¢n cuatro d¨ªas en Madrid y en Barcelona interrogando a decenas de testigos para intentar desentra?ar la supuesta trama de testaferros y comisionistas (media docena) que supuestamente intervinieron en las operaciones internacionales del duque.
En especial el juez Castro quiere resolver qu¨¦ pas¨® con el cobro de 375.000 euros de unas gestiones que Urdangarin hizo para que Aguas de Valencia explorara posibles inversiones en el extranjero.
La investigaci¨®n judicial ha descubierto indicios de que Urdangarin pudo percibir m¨¢s de 140.000 euros por esa tarea de asesor¨ªa y que ese dinero fue ingresado en cuentas suizas.
Adem¨¢s, las grandes empresas que tuvieron al duque de Palma en su consejo de administraci¨®n cobrando distintas cantidades de dinero (Lagard¨¨re, Mixta ?frica, Motor Press, Pernod, Havas, Seelinger, Aceros Bergara pasando por Altadis) deben aportar los contratos y actas de los consejos que avalan las altas retribuciones al yerno del Rey.
Hacienda persigue a Urdangarin por entender que no declar¨® como deb¨ªa las retribuciones cobradas por participar en esos consejos de administraci¨®n. El duque de Palma hizo que esas empresas de las que era consejero pagaran directamente a Aiz¨®on, la empresa que compart¨ªa con su mujer, lo que le permiti¨® pagar menos impuestos por el dinero que consegu¨ªa de esos consejos de administraci¨®n. La Agencia Tributaria sostiene que eso supone un fraude fiscal.
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