?Se imaginan que los primeros condenados por los delitos del novio de Ayuso sean pol¨ªticos y periodistas?

El Partido Popular y muchos de sus dirigentes fueron condenados en el caso G¨¹rtel, una trama de corrupci¨®n masiva que coloniz¨® administraciones gobernadas por la formaci¨®n conservadora. Mucho antes de que el caso llegara a juicio, la Audiencia Nacional abri¨® una pieza separada para investigar una supuesta revelaci¨®n de secretos porque EL PA?S dio cuenta detallada de las corruptelas acreditadas por la investigaci¨®n. El PP entend¨ªa que con la causa secreta, eso era un delito que hab¨ªa que investigar. El locuaz Mariano Rajoy lo interpret¨® as¨ª: ¡°Esto no es una trama del PP sino una trama contra el PP¡±.

?Se imaginan que el juez que instru¨ªa el caso, los fiscales que investigaban o los abogados de las distintas acusaciones populares hubieran sido condenados en esta causa antes incluso de que se hubiera celebrado el juicio contra el PP y sus dirigentes?

El Partido Popular y su secretaria general, Dolores de Cospedal, demandaron a EL PA?S por la publicaci¨®n de la contabilidad secreta que durante al menos 20 a?os manejaron sus gerentes y tesoreros para abonar a los principales dirigentes cuantiosos sobresueldos y para financiar las obras de reforma de su sede nacional con dinero negro nunca declarado a Hacienda. ?Se imaginan que los tribunales hubieran condenado a EL PA?S por publicar las pruebas de una grave corrupci¨®n que afectaba al partido del Gobierno? Cospedal acab¨® retirando la demanda cuando el extesorero Luis B¨¢rcenas, admiti¨® ser el autor del documento publicado por EL PA?S.

El juez Manuel Garc¨ªa Castell¨®n abri¨® una pieza separada para investigar una supuesta revelaci¨®n de secretos por la publicaci¨®n en EL PA?S de la respuesta de las autoridades suizas a una comisi¨®n rogatoria donde se desmontaba con argumentos jur¨ªdicos toda la causa abierta por el magistrado de la Audiencia Nacional contra el expresidente catal¨¢n Carles Puigdemont. ?Se imaginan que alg¨²n funcionario del juzgado de Garc¨ªa Castell¨®n, el propio juez o los departamentos suizos y espa?ol que manejaron el documento pudieran ser condenados en la causa por terrorismo contra Puigdemont, finalmente archivada por un error grueso del juez Manuel Garc¨ªa Castell¨®n?

El juez Juan Carlos Peinado encarg¨® un informe a la Guardia Civil sobre las presuntas corruptelas perpetradas por Bego?a G¨®mez, mujer del presidente del Gobierno. Cuando EL PA?S public¨® ese informe, que descartaba irregularidades en la actuaci¨®n de G¨®mez, el juez abri¨® una pieza separada para investigar la supuesta revelaci¨®n de secretos. ?Imaginan ustedes que la causa contra G¨®mez, en la que el juez todav¨ªa no ha hallado tras nueve meses de investigaci¨®n ni un solo indicio s¨®lido de los delitos que persigue, se pudiera convertir en una condena contra el propio juez, funcionarios de su juzgado, o la Guardia Civil, ¨²nicos que ten¨ªan el documento que public¨® EL PA?S y que unos d¨ªas despu¨¦s fue distribuido a todas las partes?

El magistrado ?ngel Hurtado, instructor de la causa abierta al fiscal general del Estado, ?lvaro Garc¨ªa Ortiz, encarg¨® un informe a la Guardia Civil tras registrar el tel¨¦fono m¨®vil de la fiscal provincial, Pilar Rodr¨ªguez, tambi¨¦n investigada en esta causa. En un auto donde facilit¨® el contenido del informe a las partes, el instructor advirti¨® de que no se pod¨ªa difundir a terceros. Pero s¨®lo unos minutos despu¨¦s de su advertencia, el informe estaba copiado y pegado en todos los medios de comunicaci¨®n, incluyendo conversaciones de particulares que nada ten¨ªan que ver con la causa. ?Imaginan que, retorciendo mucho el derecho como se hace en algunos tribunales a diario, esta causa acabe investigando la gesti¨®n del juez Hurtado por no impedir con todos los medios a su disposici¨®n la supuesta revelaci¨®n de un secreto que, por otra parte, la opini¨®n p¨²blica tiene el derecho a conocer?

El juez Jos¨¦ Castro y el fiscal Pedro Horrach, que investigaron el denominado caso Noos, los contratos corruptos de administraciones gobernadas por el PP a favor de I?aki Urdangar¨ªn, entonces yerno del rey Juan Carlos I, fueron investigados por revelaci¨®n de secretos porque los detalles fiscales del esposo de la entonces infanta Cristina, obrantes en el sumario del caso, fueron publicados en los medios de comunicaci¨®n. ?Se imaginan que el juez, el fiscal o los abogados de las acusaciones populares hubieran sido condenados por aquel caso?

La supuesta filtraci¨®n de sumarios donde se destapan casi siempre las corruptelas de un delincuente acaban en investigaciones judiciales que se archivan sin que los instructores tomen medidas especiales.

En todos los casos menos en uno, donde el magistrado del Supremo ?ngel Hurtado, conocido principalmente por intentar exculpar al PP en el caso G¨¹rtel cuando era juez de la Audiencia Nacional, orden¨® de urgencia registrar el despacho del fiscal general del Estado y clonar todos sus dispositivos electr¨®nicos con la orden de almacenar informaci¨®n de ocho meses ¨Drectificada d¨ªas despu¨¦s a solo ocho d¨ªas¨D. El delito que persigue Hurtado es una supuesta revelaci¨®n de secretos como otras muchas que se relatan en este art¨ªculo. Con una diferencia, el delito aqu¨ª revelado desmontaba una mentira mayor difundida por el entorno del supuesto delincuente Alberto Gonz¨¢lez Amador, comisionista y pareja de Isabel D¨ªaz Ayuso. El jefe de gabinete de la presidenta madrile?a, Miguel ?ngel Rodr¨ªguez, revel¨® secretos de la causa con una interpretaci¨®n manipulada que difundieron varios medios y, adem¨¢s, acus¨® en falso a la fiscal¨ªa de maniobras pol¨ªticas inexistentes, mentira que airearon otros medios.

Para rizar el rizo de lo irracional. El comisionista Alberto Gonz¨¢lez Amador lleva semanas presentando demandas por difamaci¨®n contra pol¨ªticos y periodistas que se atreven a llamarle lo que ¨¦l mismo confes¨® ante la inspecci¨®n de Hacienda y ante la Fiscal¨ªa de Delitos Econ¨®micos.

La sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha admitido a tr¨¢mite la primera de las demandas contra la vicepresidenta Mar¨ªa Jes¨²s Montero. ?Se imaginan una condena al Gobierno de 40.000 euros por decir que el defraudador confeso Alberto Gonz¨¢lez Amador tiene un piso pagado en parte con el bot¨ªn del fraude?

El entorno de Gonz¨¢lez Amador presume de que con las demandas por difamaci¨®n que ha presentado (unas 15 contra pol¨ªticos y periodistas) va a recaudar tanto dinero como la multa que est¨¢ dispuesto a pagar (491.000 euros) para evitar la c¨¢rcel por los dos delitos que confes¨®.