La posible abolici¨®n de la ¡®doctrina Parot¡¯ inquieta a Gobierno y v¨ªctimas

El pr¨®ximo mi¨¦rcoles, el derecho penal espa?ol tiene una cita crucial en Estrasburgo (Francia). La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) celebra una vista para analizar el recurso del Gobierno contra la sentencia del pasado 10 de julio en la que el mismo tribunal consider¨® que la llamada doctrina Parot vulnera los derechos fundamentales.

Se trata de la ¨²ltima posibilidad que tiene Espa?a para mantener vigente la jurisprudencia del Tribunal Supremo que permite aplicar los beneficios penitenciarios en funci¨®n del total de las penas a las que hubiera sido condenado el reo en lugar de hacerlo sobre el periodo m¨¢ximo de cumplimiento efectivo, situado en la actualidad en 40 a?os y antes en 30. Esta interpretaci¨®n del alto tribunal, muy cuestionada por constitucionalistas, permiti¨® en 2006 prolongar la estancia en prisi¨®n de numerosos presos de ETA, algunos con m¨¢s de 20 muertos a sus espaldas.

La vista del pr¨®ximo d¨ªa 20 se centrar¨¢ en el caso de la etarra In¨¦s del R¨ªo, condenada a 3.828 a?os de c¨¢rcel por 19 asesinatos. Del R¨ªo, que de acuerdo con la anterior doctrina del Tribunal Supremo, deb¨ªa haber salido de prisi¨®n en julio de 2008 gracias a la redenci¨®n de penas por el trabajo, con la actual jurisprudencia ver¨¢ retrasada su salida hasta 2017.

En caso de que el TEDH, ¨²ltima instancia judicial en materia de derechos fundamentales, mantenga su criterio inicial y declare que la doctrina Parot contraviene los art¨ªculos 7 y 5.1 de la Convenci¨®n Europea de Derechos Humanos, el Gobierno y los jueces espa?oles perder¨ªan el que consideran uno de los instrumentos m¨¢s eficaces en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Y no solo eso: el Ejecutivo se ver¨ªa obligado a excarcelar de forma inmediata a 54 presos de ETA, 7 del GRAPO, uno vinculado a los GAL, otra del Ex¨¦rcito Guerrilleiro de Pobo Galego y 14 internos autores de delitos muy graves, como asesinatos o violaciones. Esta posibilidad genera ¡°alarma¡± en el Ejecutivo de Mariano Rajoy y tambi¨¦n preocupa a algunos jueces.

El ministro del Interior, Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz, vincul¨® el pasado martes la doctrina Parot con ¡°el derecho¡± de ¡°Espa?a y Europa¡± de ¡°proteger a sus ciudadanos no solo de la amenaza terrorista, sino tambi¨¦n de los m¨¢s peligrosos criminales, tales como la delincuencia organizada, los asesinos m¨²ltiples o los violadores que causan honda preocupaci¨®n ciudadana¡±. Este viernes, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, afirm¨® que mantener esta jurisprudencia del Supremo ¡°es una cuesti¨®n de justicia¡±.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy teme que ¡°el nuevo clima¡± creado tras el cese definitivo de la actividad armada de ETA, en octubre de 2011, pese en la Gran Sala a la hora de rechazar el recurso. Fuentes del Ministerio del Interior afirman que este departamento ha realizado una labor de ¡°lobby transparente¡± en las ¨²ltimas semanas para tratar que la doctrina Parot ¡ªrefrendada por el Tribunal Constitucional, aunque con votos particulares¡ª prevalezca. Los principales apoyos que ha encontrado Espa?a provienen de los Gobiernos de Francia y Reino Unido. El ejecutivo de Mariano Rajoy se ha esforzado en presentar la doctrina Parot como una jurisprudencia ¡°que supera al fen¨®meno de ETA¡± y tiene esperanzas de que el recurso prospere porque ¡°el TEDH solo acepta el 5% de los recursos que se presentan¡±.

El Gobierno basa su recurso en que la doctrina Parot no es una ley, sino una interpretaci¨®n jurisprudencial sobre la ejecuci¨®n de las sentencias, algo que, seg¨²n entiende el Ejecutivo, corresponde al ¨¢mbito de decisi¨®n de cada Estado. Tras el fallo del tribunal europeo del pasado julio, una veintena de etarras presentaron recursos ante el Tribunal Constitucional para reclamar su puesta en libertad. Este ¨®rgano rechaz¨® la petici¨®n.

La Asociaci¨®n de V¨ªctimas del Terrorismo (AVT) reproch¨® ayer al Ejecutivo su tardanza en defender la doctrina Parot. ¡°Hasta hace una semana no hemos empezado a escuchar la preocupaci¨®n del Gobierno¡±, recrimin¨® la presidenta de la AVT, ?ngeles Pedraza. La principal asociaci¨®n de v¨ªctimas cree que ser¨ªa ¡°una humillaci¨®n¡± para Espa?a no solo excarcelar a etarras sino tener que indemnizarles por haber permanecido en prisi¨®n de forma irregular.