La juez de los ERE enfila a los verdaderos beneficiarios de un fraude de 136 millones

La juez Mercedes Alaya ha puesto la proa a "los verdaderos beneficiarios" del dinero del fraude de los ERE. Una cantidad de fondos p¨²blicos enorme, pero, de momento, muy lejos de lo que ha llegado a escribir Alaya, quien sugiri¨® que todo lo que se dio por este proceso es ilegal. La investigaci¨®n del caso considera que los fondos p¨²blicos defraudados entre 2001 y 2010 ascienden ya a 136 millones. La cifra aglutina los 50 millones desviados por las sobrecomisiones, seg¨²n la Guardia Civil, las ayudas a empresas por 73,8 millones que concedi¨® la Junta de Andaluc¨ªa y los 12,3 millones que percibieron 126 intrusos (prejubilados ajenos a las compa?¨ªas beneficiadas). La C¨¢mara de Cuentas andaluza pein¨® durante un a?o el fondo de los ERE, dotado de 721 millones, y precis¨® la cifra de subvenciones a empresas y la de los intrusos, un dinero que el Ejecutivo andaluz reclama ahora.

La Junta exige la devoluci¨®n de las ayudas a empresas y las p¨®lizas abonadas a estos 126 intrusos, personas pr¨®ximas al PSOE y exdirigentes de la Consejer¨ªa de Empleo, seg¨²n la juez. Tanto estas ¨²ltimas reclamaciones como la iniciada contra las 121 empresas subvencionadas, constituyen ahora expedientes administrativos de la Junta que culminar¨¢n en los juzgados de lo contencioso-administrativo tras las alegaciones ya presentadas. Los jueces determinar¨¢n si procede la devoluci¨®n del dinero en una batalla legal que se antoja muy larga.

Mientras, los auditores de la C¨¢mara de Cuentas plasmaron en su biblia t¨¦cnica sobre el caso que las consultoras Vitalia y Uniter recibieron 68 millones en comisiones por encima del mercado. De estos fondos, la Guardia Civil estima ilegales 50 millones, aunque ya ha avisado de que esta cifra de dinero desviado a las consultoras crecer¨¢. Los investigadores consideran que los porcentajes eran abusivos e ilegales. Por su parte, las consultoras alegan que la Direcci¨®n General de Seguros siempre estuvo al tanto de los porcentajes, que llegaron a superar el 20% de la cuant¨ªa que supuso cada ERE.

Los 136 millones defraudados, que rondan el 18% del costo actual del fondo ¡ª721 millones (cuando se acabe de pagar habr¨¢ costado 1.217 millones)¡ª, es una cifra escandalosa, pero muy lejos de los 1.000 millones que el PP asegura que se ha robado. Ayer el n¨²mero tres de los populares, el vicesecretario de Organizaci¨®n y Electoral, Carlos Floriano, volvi¨® a disparar con hip¨¦rboles desmesuradas: "Casi 1.000 millones de euros destinados a ayudar a los parados, dinero p¨²blico, que ha sido utilizado por una trama corrupta organizada en la Junta de Andaluc¨ªa para beneficiarse unos pocos". El discurso del PP sobre el esc¨¢ndalo ha consistido desde su inicio en exagerar algunas cifras y hace un a?o elevaron las comisiones de las consultoras a una horquilla de entre 150 y 200 millones.

En las filas de enfrente, el PSOE afronta su mayor caso de corrupci¨®n en 30 a?os de Gobierno en la Junta. Tras su reacci¨®n inicial de minimizar el caso a "cuatro golfos", en relaci¨®n con el c¨ªrculo cercano al exdirector general de Trabajo Javier Guerrero, el discurso oficial ha cambiado. Ya no se reduce el esc¨¢ndalo dada su dimensi¨®n (acumula ya 68 imputaciones judiciales), pero fuentes del Gobierno aut¨®nomo resaltan su satisfacci¨®n porque la Operaci¨®n Heracles de esta semana ha seguido la pista del dinero. Y esta investigaci¨®n ha hecho olvidar de momento los debates jur¨ªdicos de fondo sobre el uso ilegal de la partida presupuestaria, que puso en jaque al Gobierno porque afectaba al presidente Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n durante su etapa como consejero de Econom¨ªa.

El pago de las comisiones a consultoras, adelantado por EL PA?S hace 14 meses, ha aclarado que el grueso del dinero desviado de los ERE ha ido a parar a pocas manos: una trama de corrupci¨®n con el intermediario Juan Lanzas, Guerrero y la c¨²pula de la consultora Vitalia como v¨¦rtices. De momento, las insinuaciones del PP de una financiaci¨®n ilegal del PSOE andaluz se han quedado en eso, en rumores sin indicios que lo acrediten.

Eso s¨ª, no hay duda de que la Operaci¨®n Heracles es solo una de varias tandas de detenciones que intentar¨¢n acotar la dimensi¨®n completa del caso. "Es solo el primer piso para levantar el edificio. Est¨¢ por ver si llegaremos a cuatro o cinco pisos", ilustran fuentes del caso. Porque los posibles nuevos imputados ya han sido avisados de que est¨¢n en el punto de mira, desde que en 2010 comenz¨® la investigaci¨®n: directores de las aseguradoras con comisiones abusivas que pagaban a las consultoras, sindicalistas beneficiados con p¨®lizas, otros bufetes de abogados que tramitaron ERE con visos flagrantes de irregularidad... algunos de los detenidos esta semana se vinieron abajo en los interrogatorios y han se?alado a los protagonistas de las pr¨®ximas detenciones.

Unos 30 agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil examinan la d¨¦cada en la que la corrupci¨®n extendi¨® sus tent¨¢culos en la Consejer¨ªa de Empleo. El paso del tiempo beneficia la destrucci¨®n de pruebas, pero queda un obst¨¢culo insalvable: "El problema es que las cuentas corrientes de los bancos dejan rastro", apuntan otras fuentes.

El descontrol de las ayudas p¨²blicas esos 10 a?os es una factura cifrada de momento en 136 millones. Y a pesar de que el fraude solo benefici¨® a 126 intrusos de un total de 6.096 prejubilados gracias a la Junta, la huella que han dejado tantos desmanes aflora ahora con otros beneficiados.