La juez que quiso reabrir el 11-M ser¨¢ suspendida por prevaricaci¨®n en otro caso
El Tribunal Superior de Madrid abre juicio oral a Coro Cill¨¢n por presunto trato de favor a un amigo El Poder Judicial inicia el proceso para apartarla cautelarmente La magistrada ha sido sancionada reiteradamente desde 1999 y ha seguido impartiendo justicia
La juez Coro Cill¨¢n ha sido sancionada disciplinariamente en repetidas ocasiones a lo largo de los ¨²ltimos 13 a?os por retrasos reiterados y graves en su actuaci¨®n profesional: no dictaba sentencia o lo hac¨ªa injustificadamente tarde ¡ªen alg¨²n caso, m¨¢s de tres a?os despu¨¦s de la vista¡ª. Sin embargo, ha seguido impartiendo justicia. La comisi¨®n permanente del Consejo General del Poder Judicial inici¨® ayer los tr¨¢mites para suspenderla cautelarmente, una vez m¨¢s. Esta vez la causa es a¨²n m¨¢s grave: en un auto dictado el pasado 19 de marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha abierto juicio oral contra ella por un presunto delito de prevaricaci¨®n. En el auto se le requiere, adem¨¢s, que preste una fianza de 17.000 euros para asegurar "la responsabilidad civil que pueda declararse".
La comisi¨®n permanente del Poder Judicial ha concedido tres d¨ªas para que el fiscal y la propia juez hagan las alegaciones correspondientes. La semana pr¨®xima, en una reuni¨®n que se celebrar¨¢ lugar en principio el martes o el mi¨¦rcoles, se tomar¨¢ la decisi¨®n definitiva. Teniendo en cuenta que ya se ha abierto juicio oral contra la juez Cill¨¢n, parece previsible que ser¨¢ suspendida cautelarmente hasta que haya una sentencia de absoluci¨®n o condena.
El art¨ªculo 383 de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial determina que la suspensi¨®n de los jueces y magistrados tendr¨¢ lugar, entre otros casos, ¡°cuando se hubiere declarado haber lugar a proceder contra ellos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones¡± y ¡°cuando por cualquier otro delito doloso se hubiere dictado contra ellos auto de prisi¨®n, de libertad bajo fianza o de procesamiento¡±.
La magistrada Cill¨¢n, conocida por haber tratado de reabrir el caso de los atentados del 11-M ¡ªasunto zanjado por el Tribunal Supremo un a?o antes¡ª, est¨¢ acusada de haber favorecido los intereses de un amigo suyo dentro de sus actuaciones profesionales en el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 43 de Madrid. La Fiscal¨ªa de Madrid present¨® una querella que fue admitida a tr¨¢mite en mayo de 2012. Previamente, en diciembre de 2011, el Poder Judicial ya hab¨ªa abierto un expediente disciplinario por cuatro presuntas faltas graves y muy graves que se par¨® cuando se abri¨® el procedimiento penal contra la juez a la espera de que recaiga resoluci¨®n.
La mano que resucit¨® la conspiraci¨®n
Coro Cill¨¢n es la juez que resucit¨® la teor¨ªa de la conspiraci¨®ndel 11-M. Admiti¨® a tr¨¢mite la querella de la Asociaci¨®n Ayuda a V¨ªctimas del 11-M que acusaba al entonces jefe de los Tedax, Jes¨²s S¨¢nchez Manzano, de ocultar y falsear pruebas sobre los terribles atentados que costaron la vida a 191 personas en 2004. La juez admiti¨® la causa pese a que el asunto ya se hab¨ªa planteado anteriormente, sin ¨¦xito, ante la Audiencia Nacional y en t¨¦rminos muy similares, ante el Juzgado de Instrucci¨®n 6 de Madrid, que tambi¨¦n archiv¨®.
Coro Cill¨¢n, sin embargo, mantuvo la causa abierta durante dos a?os y medio. En su juzgado, el 43 de Madrid, resucitaron los grandes bulos sobre el 11-M: el de la mochila que conten¨ªa una bomba que no explot¨® en El Pozo ¡ªy cuyo an¨¢lisis condujo, entre otras pruebas, hasta los autores de la masacre¡ª; la supuesta destrucci¨®n o manipulaci¨®n de restos del explosivo hallado en los lugares del atentado; el desguace de los trenes donde estallaron las bombas; la posible participaci¨®n de ETA en los hechos, e incluso el de un complot de servicios secretos extranjeros en Ginebra con la participaci¨®n del CNI, un dirigente del PSOE y un polic¨ªa espa?ol para organizar la matanza con la que sacar al PP del poder en 2004.
Durante esos dos a?os, la juez interrog¨® a m¨¢s de 50 miembros de los Tedax, a una decena de funcionarios de Renfe, a ocho funcionarios de la polic¨ªa cient¨ªfica y a todos los peritos, independientes y de parte, que hab¨ªan desfilado por el juicio del 11-M.
En febrero de 2012, la Audiencia Provincial de Madrid archiv¨® la causa por entender que era ¡°cosa juzgada¡± y critic¨® que Cill¨¢n tardara m¨¢s de dos a?os en resolver el recurso de archivo solicitado por la defensa de S¨¢nchez Manzano. El Tribunal Supremo no ha admitido a tr¨¢mite un recurso contra ese auto de la Audiencia de Madrid, dando carpetazo a este fleco de la teor¨ªa de la conspiraci¨®n.
Cill¨¢n estaba de guardia en los juzgados de Plaza de Castilla el 21 de septiembre de 2011. Ese d¨ªa, recibi¨® una denuncia de un grupo de socios de la discoteca madrile?a Moma en la que se ped¨ªa el precinto del local y un cambio de administradores. Otros socios se negaban. Cill¨¢n acept¨® cerrarlo en contra del criterio de la Fiscal¨ªa y sigui¨® tramitando el asunto en vez de enviarlo a otro juzgado que ya hab¨ªa intervenido en el conflicto. Adem¨¢s, nombr¨® como uno de los administradores a un supuesto amigo ¨ªntimo suyo y le concedi¨® una minuta de 18.000 euros al mes que despu¨¦s redujo. ¡°Por mis santos cojones se precinta Moma¡±, dijo el d¨ªa de la guardia a la fiscal, seg¨²n declar¨® esta despu¨¦s ante la inspecci¨®n del Poder Judicial. El fiscal Conrado Saiz asegur¨®, adem¨¢s, que, en su opini¨®n, la magistrada no ten¨ªa ¡°capacidad para llevar el juzgado¡± porque presentaba ¡°una inestabilidad preocupante¡±.
Las sanciones disciplinarias a la magistrada se remontan a hace m¨¢s de una d¨¦cada. En 1999, cuando era magistrada de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, se le impuso una multa de 600 euros por retrasos reiterados y graves. Tres a?os despu¨¦s, el Poder Judicial ten¨ªa de nuevo sobre la mesa otro expediente. El fiscal y el instructor pidieron en ese momento su expulsi¨®n de la carrera ¡°por los perjuicios causados a los particulares, la forma del retraso y los modos empleados para intentar ocultarlo¡± y ¡°para evitar que vuelvan a producirse en el futuro hechos similares, con grave da?o y reiterado para la administraci¨®n de justicia¡±.
El Poder Judicial, aun admitiendo que los hechos eran ¡°especialmente graves¡±, decidi¨® que no ten¨ªan ¡°la entidad suficiente como para acudir a la m¨¢xima sanci¨®n¡±, e impuso dos a?os de suspensi¨®n a Cill¨¢n. Un a?o m¨¢s tarde, ese ¨®rgano se encontr¨® de nuevo ante ¡°retrasos injustificados, reiterados y muy graves¡± y la suspendi¨® un a?o m¨¢s, por la ¡°trascendencia y repercusi¨®n social de su comportamiento¡±.
El Supremo anul¨® la primera de las resoluciones sancionadoras tras considerar que no se hab¨ªan respetado los plazos de caducidad. La segunda suspensi¨®n la dej¨® en una multa de 1.800 euros. En 2008, el Poder Judicial volvi¨® a abrir un expediente a la magistrada por retrasos indebidos.
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