Los alcaldes preparan su ofensiva para descafeinar la reforma municipal
El Gobierno lleva m¨¢s de un mes sin remitir al Consejo de Estado el proyecto La FEMP quiere presionar con la convocatoria de una asamblea
Que el Gobierno se ha metido en un complicado jard¨ªn con la reforma de la administraci¨®n local lo sabe hasta el ¨²ltimo alcalde del PP. La oposici¨®n al anteproyecto de ley que quiere transformar la actual Ley de Bases de R¨¦gimen Local para dar m¨¢s poder a las Diputaciones ha sido tan fuerte que el informe, aprobado en Consejo de Ministros el 15 de febrero, todav¨ªa no ha llegado a su siguiente parada: el Consejo de Estado.
El dato es significativo, porque cuando el Ejecutivo quiere imprimir ritmo a una ley no suele pasar ni una semana entre una cosa y la otra. ¡°Esto no ha hecho m¨¢s que empezar¡±, analiza un miembro del consejo federal de la Federaci¨®n de Municipios y Provincias (FEMP). ¡°El PP est¨¢ llamando a filas a sus alcaldes pero lo va a tener muy complicado porque la presi¨®n p¨²blica crece y muchos municipios amenazan con la insubordinaci¨®n¡±, asegura la misma fuente, que echa cuentas: ¡°Como muy temprano la ley entrar¨¢ en vigor en enero de 2014, a un a?o de las elecciones, y eso les puede hacer da?o¡±.
La batalla de los alcaldes por descafeinar la norma comenz¨® con las protestas desde la oposici¨®n (fundamentalmente PSOE, IU y CIU), continu¨® con los ataques en voz alta de las federaciones de municipios auton¨®micas dominadas por el PP, como Galicia o La Rioja y se reforz¨® con los peros de los Gobiernos aut¨®nomos de todo signo, en especial el andaluz. Critican que se haya centrado estrictamente en el aspecto econ¨®mico cuando la deuda de los Ayuntamientos no solo no ha crecido en 2012, sino que ¨²nicamente supone el 4,1% del PIB (41.967 millones). ¡°Es el mundo al rev¨¦s, ahora vamos a tener que financiar a las Comunidades Aut¨®nomas para que presten servicios sociales en las ciudades¡±, asegura Abel Caballero (PSOE), vicepresidente de la FEMP. Con la poda de competencias tambi¨¦n se recortar¨¢n los presupuestos locales. Conflictos con contratas de basuras, agua o limpieza que han generado huelgas en toda Espa?a son un ejemplo de lo que podr¨ªa suceder.
??igo de la Serna, alcalde de Santander (PP), y presidente de la FEMP, est¨¢ intentando calmar los ¨¢nimos con un documento que recoge las alegaciones municipales al plan. El borrador ya circula en los despachos y es demoledor: si se aplicase punto por punto la Ley quedar¨ªa desvirtuada por completo, porque propone la supresi¨®n de los art¨ªculos m¨¢s pol¨¦micos, como el que refuerza el poder de intervenci¨®n sobre los consistorios de menos de 5.000 habitantes. Los alcaldes dicen que no aceptar¨¢n que aumente el control de las autonom¨ªas ni que se refuerce el papel de los interventores, a los que ven como los ¡°hombres de negro¡± del ministro Crist¨®bal Montoro. Tampoco van a pasar porque no se les escuche para fijar el llamado ¡°coste est¨¢ndar de los servicios¡±, de referencia para determinar si un Ayuntamiento es eficiente.
El Ministerio de Hacienda asegura que la diferencia entre lo que los municipios pagan por un mismo servicio puede llegar al 70%, pero la f¨®rmula que ha buscado para atajar el despilfarro, a juzgar por los expertos, va a ser muy dif¨ªcil de aplicar. Otro tema pol¨¦mico es la intenci¨®n del PP de sustituir la fusi¨®n de Ayuntamientos por una f¨®rmula mucho m¨¢s compleja que quiz¨¢ no d¨¦ los mismos resultados: el vaciado de competencias de los n¨²cleos de menos de 20.000 habitantes, que en Espa?a son 7.717, el 95% del total.
En unos d¨ªas la FEMP tendr¨¢ listas sus alegaciones. Si las voces de los alcaldes no son tomadas en cuenta tienen guardado un as en la manga: convocar¨¢n una multitudinaria asamblea convocando a los 7.331 municipios de la federaci¨®n. La presi¨®n aumentar¨¢.
Los cinco puntos calientes de la nueva ley
Hasta ahora el tema de los salarios de los alcaldes ha monopolizado el debate sobre la reforma de la administraci¨®n local. Pero realmente los sueldos son la punta del iceberg de la bater¨ªa de cambios que prepara el Gobierno con el fin de alcanzar un ahorro que cifra en 7.129 millones y que, seg¨²n los Ayuntamientos, solo conseguir¨¢ empobrecer los servicios y vaciar de contenido pol¨ªtico la instituci¨®n m¨¢s cercana al contribuyente. Estos son los puntos de conflicto.
Competencias. La reforma quiere modificar los art¨ªculos 25 y 26 de Ley de Bases de R¨¦gimen Local y eliminar competencias municipales como las que tienen que ver con la educaci¨®n, la prestaci¨®n de servicios sociales, promoci¨®n y reinserci¨®n o actividades como promoci¨®n de la mujer o la sanidad. Al eliminar esas competencias tambi¨¦n restar¨¢ a los Ayuntamientos la financiaci¨®n correspondiente que reciben por su participaci¨®n en los ingresos del Estado. En el caso de ayuntamientos de tama?o medio como Vigo (290.000 habitantes) supondr¨ªa quedarse sin cerca de ocho millones de euros. Los alcaldes quieren dejar de prestar esas competencias pero que no se detraiga ni un euro de sus presupuestos.
Coste de los servicios. El Gobierno quiere fijar un precio por cada servicio (basuras, agua, limpieza) sin contar con los Ayuntamientos. Los que no puedan ofrecer los servicios a esos costes, que se supone ser¨¢n bajos, deber¨¢n ceder la competencia a las Diputaciones. Es una de las l¨ªneas rojas de la FEMP. No admitir¨¢ que estos costes no se consulten con las entidades locales.
Retribuciones. Prohibir que el 80% de los concejales perciba una retribuci¨®n escuece. Intentan que los alcaldes de pueblos de menos 1.000 habitantes reciban un sueldo a trav¨¦s de una dedicaci¨®n parcial. Piden que tambi¨¦n se pongan l¨ªmites a los sueldos de los presidentes de las Diputaciones.
Pueblos peque?os. La FEMP no quiere que se redoble el control en los pueblos de menos de 5.000 habitantes. El Gobierno quiere intervenir aquellos que, con un plan econ¨®mico que cumplir, superen el nivel de deuda, no remitan informaci¨®n al Ministerio de Hacienda o sus servicios sean evaluados negativamente. Piden que se elimine este art¨ªculo de la ley.
Control. Para muchos alcaldes los interventores se pueden convertir en los hombres de negro del Ministerio, con capacidad de decidir si un servicio se puede prestar en funci¨®n de la disponibilidad econ¨®mica del momento. Quieren que la reforma no les d¨¦ m¨¢s poder.
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