El juez sostiene que el recurso de la fiscal¨ªa no paraliza la citaci¨®n de la Infanta

La infanta Cristina de Borb¨®n, hija del Rey, ha sido citada a declarar el pr¨®ximo d¨ªa 27 de abril en los juzgados de Palma de Mallorca como?imputada en el caso N¨®os de corrupci¨®n. El juez Jos¨¦ Castro, que investiga la trama de apropiaci¨®n indebida de fondos p¨²blicos por parte del esposo de la Infanta, I?aki Urdangarin, y su exsocio Diego Torres a trav¨¦s del Instituto N¨®os, cambi¨® ayer de criterio a la vista de nuevos indicios y acord¨® la imputaci¨®n de do?a Cristina, a lo que se hab¨ªa negado hasta ahora. La imputaci¨®n de la Infanta, la primera en la historia de un miembro directo de la familia real, llega cuando la Monarqu¨ªa atraviesa el peor momento de imagen de la democracia. La Zarzuela expres¨® ayer su ¡°sorpresa¡± por la decisi¨®n del juez Castro, y la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha anunciado que recurrir¨¢ la medida ante la Audiencia de Mallorca.

En el caso N¨®os, uno de los esc¨¢ndalos de corrupci¨®n de mayor magnitud de Baleares y la Comunidad Valenciana, se investiga la supuesta malversaci¨®n de 6,3 millones de euros p¨²blicos obtenidos por N¨®os a trav¨¦s de convenios con la Generalitat valenciana de Francisco Camps y el Gobierno en las islas de Jaume Matas, ambos del PP, entre 2003 y 2007. Urdangarin y Torres est¨¢n imputados por un c¨²mulo de delitos (malversaci¨®n, fraude, falsedad, prevaricaci¨®n, tr¨¢fico de influencias, blanqueo y delito fiscal) y tienen impuesta una fianza civil de 8,1 millones. Matas est¨¢ imputado y en semanas se derivar¨¢ a Valencia la parte del sumario que alude a Camps y a la actual alcaldesa, Rita Barber¨¢.

Cristina de Borb¨®n figur¨® durante una etapa como vocal del Instituto N¨®os, que presid¨ªa su esposo. En los folletos de la entidad aparec¨ªa la hija del Monarca con su t¨ªtulo de ¡°Alteza Real¡±. El juez sospecha que hubo ¡°una utilitarista figuraci¨®n¡± del cargo en N¨®os de Cristina de Borb¨®n. Es decir, que la Infanta consinti¨® en que se utilizara su imagen y su cargo para beneficiar las gestiones del Instituto que dirig¨ªa su esposo.

En el organigrama de N¨®os tambi¨¦n estaba incluido, como tesorero, Carlos Garc¨ªa Revenga, secretario de las infantas y tambi¨¦n imputado. Garc¨ªa Revenga tambi¨¦n consign¨® su rol de asesor del Rey en la publicidad y promoci¨®n del Instituto, que se declaraba te¨®ricamente sin ¨¢nimo de lucro. Ambos, la Infanta y el secretario, ¡°prestaron su consentimiento para que se usaran sus nombres, tratamiento y cargo¡±, seg¨²n la investigaci¨®n judicial.

El juez asume que ¡°si bien no existen evidentes indicios racionales de que [la Infanta] interviniera activa y decididamente en la gesti¨®n cotidiana¡± de N¨®os, s¨ª prestaba su consentimiento a que su parentesco con el Rey fuera utilizado.

Desde N¨®os se quiso aparentar que se gozaba ¡°del respaldo de la Casa de S. M. El Rey¡±, dice el auto, y as¨ª se lograron los acuerdos millonarios desde la trama con sus interlocutores. Uno de los episodios determinantes para examinar el nexo de la Infanta y la Casa del Rey es de 2006, cuando I?aki Urdangarin fue invitado por los asesores del Rey a apartarse de sus negocios privados, que ya se cre¨ªan inconvenientes y que ¨¦l finalmente no hizo.

El juez instructor, Jos¨¦ Castro, justific¨® en su auto de 18 folios la citaci¨®n de la Infanta aludiendo a la m¨¢xima de que ¡°la justicia es igual para todos¡±. Es la misma frase que us¨® el Rey en su mensaje de Navidad de 2011 para referirse a este esc¨¢ndalo en el momento en que fue imputado su yerno y para reclamar ejemplaridad y ausencia de privilegios.

Castro sostiene que no llamar a la Infanta y ¡°dejar que la inc¨®gnita se perpet¨²e¡± habr¨ªa sido un ¡°cierre en falso en descr¨¦dito de la m¨¢xima de que la justicia es igual para todos y una clara contradicci¨®n con la pr¨¢ctica cotidiana de los juzgados y tribunales en casos similares¡±

El juez evita prejuzgar en su auto qu¨¦ puede suceder tras esa declaraci¨®n de la esposa de Urdangarin, aunque s¨ª precisa que la llama con el fin de que aclare algunas dudas sobre cu¨¢l fue su funci¨®n real en esa instituci¨®n te¨®ricamente sin ¨¢nimo de lucro dirigida por su marido y que, sin embargo, se benefici¨® de contratos de varias Administraciones gobernadas por el PP. El juez a?ade que, tras esa citaci¨®n (en su condici¨®n de vocal directiva del Instituto N¨®os y copropietaria, con su esposo, de la sociedad Aiz¨®on), la Infanta puede salir sin cargos.

Los ¨²ltimos correos electr¨®nicos conocidos en la causa ¡ªentregados hasta en cuatro tandas al juez por Diego Torres¡ª, y en los que se revelaban actuaciones comprometidas del yerno del Rey y su esposa en el funcionamiento del Instituto N¨®os desde su fundaci¨®n en 2003, han sido el eslab¨®n sobre el que el instructor ha engarzado ahora la implicaci¨®n de la infanta Cristina.

El juez se dedica en su auto a compactar un c¨²mulo de indicios, que aislados no ve relevantes, pero que al final s¨ª observa suficientes para considerar el papel de la infanta Cristina como ¡°un supuesto de cooperaci¨®n necesaria¡± en los delitos de los que se acusa a su esposo y tambi¨¦n al socio en N¨®os y coimputado Diego Torres. Ambos, reafirma el juez, obten¨ªan un ¡°trato privilegiado¡± ante las empresas y organismos p¨²blicos por las supuestas influencias que mostraban por sus ¡°vinculaciones¡± con la Casa del Rey.

El magistrado desliza en su auto una reflexi¨®n que se refiere al posible conocimiento del Rey de los complicados mercadeos de Urdangarin y la presencia en N¨®os de su hija: ¡°No se acaba de entender que S.M. el Rey no comentara con su hija las cr¨ªticas y recomendaciones que hab¨ªa hecho llegar o proyectaba a su marido e incluso consensuara con ella su alcance y compromiso, expreso o t¨¢cito, de que alguna manera velara por su cumplimiento¡±.

La Infanta, seg¨²n el auto, debi¨® conocer que ¡°las recomendaciones de su padre no se estaban siguiendo y cuestionar al respecto la actitud de su marido¡±. El secretario de las infantas, Carlos Garc¨ªa Revenga, y el asesor jur¨ªdico del Monarca, el testigo Jos¨¦ Manuel Romero, ya forjaron en sus declaraciones judiciales un relato de blindaje alrededor del Rey y de la infanta Cristina para intentar aislar su relaci¨®n con los negocios sospechosos de Urdangarin. El propio duque de Palma tambi¨¦n intent¨® definir casi como un florero ese papel en su declaraci¨®n ante el juez.

El juez no entiende que el conde de Fontao, Jos¨¦ Manuel Romero, ¡°actuara a sus espaldas¡± (del Rey) al ordenar a Urdangarin que rompiera sus relaciones comerciales. Cree el investigador que Romero asumi¨® una carga que no le correspond¨ªa ante ¡°personas tan estrechamente vinculadas¡± al Rey, como su hija y su yerno. E incide en que la Infanta deb¨ªa saber que Urdangarin trab¨® encuentros de negocios incluso en los palacios de Marivent, en Palma, y de la Zarzuela, en Madrid. Aunque esta ¨²ltima afirmaci¨®n el propio juez admite que todav¨ªa no est¨¢ probada.

¡°La decisi¨®n real¡±, con la orden de apartar a Urdangarin, ha sido analizada por el juez junto a un buen n¨²mero de correos y declaraciones de imputados y testigos a lo largo del ¨²ltimo a?o. Hace un a?o el propio juez Castro y, tambi¨¦n la Audiencia de Palma, ya hab¨ªa rechazado la imputaci¨®n de la hija del Rey, que fue reclamada por el pseudosindicato ultra Manos Limpias. Entonces no se vieron suficientes indicios de implicaciones y no se constat¨® que la Infanta interviniese en las actuaciones econ¨®micas de su esposo. Ahora el juez s¨ª ve indicios de que pudo ser copart¨ªcipe de una cuenta corriente entregada a la princesa Corinna (amiga del Rey) para unos cobros.

En 2013, ¡°deviene inevitable¡± la imputaci¨®n porque ¡°conviene despejar cualquier duda¡±, rese?a Castro, para evitar que gravite sobre la Infanta ¡°la m¨¢s m¨ªnima sombra de sospecha¡± sobre su intervenci¨®n en los negocios de la trama de N¨®os. El juez precisa que la citaci¨®n como testigo de la Infanta, al poder declarar por escrito, hubiera sido improductiva y contaminada por el parentesco.

Adem¨¢s, el juez relata c¨®mo en la empresa familiar privada Aiz¨®on los empleados dom¨¦sticos eran contratados de manera irregular y recib¨ªan dinero opaco. Los pagos de las empresas privadas que contrataron al yerno del Rey se facturaron en Aiz¨®on, firma desconocida por los contratantes y con una ignorada plantilla de asesores. Los tres delitos fiscales de los que se acusa a Urdangarin nacen de la actividad econ¨®mica de esa firma. El juez s¨ª significa tambi¨¦n en ese aspecto que ¡°no se ha de descartar su conocimiento [de la Infanta] de que aquella [Aiz¨®on] est¨¢ siendo utilizada con fines il¨ªcitos¡±.

El juez atribuye as¨ª la g¨¦nesis de la trama supuestamente corrupta a Urdangarin y Torres, que ¡°con el conocimiento y apoyo de la esposa del primero y amigos comunes¡± lanzan en 2003 N¨®os y los duques de Palma crean Aiz¨®on. Buscaron desde N¨®os ¡°propiciar un trato generoso¡± por parte de empresas y Administraciones p¨²blicas que prescindieron de los cauces y controles de rigor, ¡°disfrutando [la Infanta] junto con su marido de los beneficios obtenidos¡±.

En este episodio de la imputaci¨®n de la Infanta se da la primera desavenencia directa de quienes han investigado a la par el caso que suma ya m¨¢s de 41.000 folios, el juez Jos¨¦ Castro y el fiscal Pedro Horrach. Ayer mismo, el fiscal anticorrupci¨®n Horrach, que hace semanas traslad¨® al instructor su criterio adverso y el anuncio de que no le acompa?ar¨ªa en la imputaci¨®n de la hija del Rey, confirm¨® que presentar¨¢ un recurso de apelaci¨®n ante la Audiencia de Palma.

Esta apelaci¨®n del fiscal, de entrada, no cambia la condici¨®n de imputada de la infanta Cristina ni impide su citaci¨®n, seg¨²n fuentes de los tribunales de Palma.

En todo caso, en la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n de Baleares sostienen, sin embargo, que con su escrito de apelaci¨®n, a presentar en el plazo de cinco d¨ªas ante la Audiencia Provincial, s¨ª se puede activar por parte de la Sala la suspensi¨®n de la imputaci¨®n de la infanta Cristina. La Audiencia, por su parte, puede resolver este recurso de la fiscal¨ªa antes del d¨ªa 27 de abril y paralizar o no esa citaci¨®n.

La fiscal¨ªa quiere recurrir porque entiende que el juez Castro ha actuado de manera precipitada y porque ve falta de indicios de entidad suficientes para respaldar la acusaci¨®n formal. La relaci¨®n personal entre el juez Castro y el fiscal Horrach es excelente. La discrepancia jur¨ªdica y procesal no es fruto de una pugna por cuestiones de protagonismo. Tampoco Horrach se ha visto sometido en este caso y en este punto al dictado de su superioridad, que seg¨²n aseguran en su entorno le ha dado plena autonom¨ªa de criterio.