Las comunidades dejan sola a Andaluc¨ªa en su decreto contra los desalojos

Los desahucios ya forman parte de la agenda pol¨ªtica. Han pasado a hacerlo forzosamente. La presi¨®n social se ha encargado de ello. A los escraches y la iniciativa legislativa popular, que lleg¨® al Congreso de los Diputados avalada por casi un mill¨®n y medio de firmas, ahora hay que a?adir el plan de Andaluc¨ªa, que contempla la expropiaci¨®n del uso de la vivienda a los bancos durante un m¨¢ximo de tres a?os en caso de desalojos de familias en riesgo de exclusi¨®n social. Los Gobiernos regionales han respondido. Y han dejado sola a la Junta. Salvo la comunidad canaria, ninguna otra autonom¨ªa se plantea dar una respuesta tan contundente. Las m¨¢s cr¨ªticas, como Galicia o Madrid, han definido la propuesta como "muy poco inteligente" y "peligrosa". Otras tantas, entre las que se encuentran Extremadura o Asturias, han preferido no valorar el decreto. La mayor¨ªa remite a las iniciativas puestas en marcha en sus propios territorios. Asesoramiento jur¨ªdico a personas afectadas, reubicaci¨®n en inmuebles de titularidad p¨²blica o mediaci¨®n con las entidades bancarias, pero de las expropiaciones prefieren ni hablar.

? Arag¨®n: "Nuestra propuesta es mejor". El consejero de Obras P¨²blicas, Urbanismo y Transporte, Rafael Fern¨¢ndez de Alarc¨®n, sostiene que la propuesta aragonesa?¡ªuna bolsa de viviendas para alquiler social, regulada por un decreto que est¨¢ en tramitaci¨®n¡ª "es mucho m¨¢s eficaz y positiva" que la medida andaluza. El Gobierno de Arag¨®n (PP) anunci¨® un plan de gesti¨®n social de la vivienda a desarrollar entre 2012 y 2015 dotado con 40 millones de euros. Adem¨¢s, se han creado unidades para prestar asesoramiento legal, t¨¦cnico y social a personas en riesgo de sufrir una ejecuci¨®n hipotecaria. Tambi¨¦n se han firmado convenios con los Ayuntamientos de Huesca y Zaragoza para poner en marcha, con la colaboraci¨®n de los colegios profesionales de abogados, oficinas de mediaci¨®n hipotecaria.

El fondo social de viviendas anunciado por el Gobierno central se est¨¢ "construyendo". Hasta ahora, cuenta con 156 pisos para desahuciados repartidos en 31 localidades de todo Arag¨®n, pero solo siete Ayuntamientos de los m¨¢s de 700 que hay en la comunidad se han adherido a este convenio.

? Baleares apuesta por la seguridad jur¨ªdica. Jos¨¦ Ram¨®n Bauz¨¢ (PP), presidente balear, estima "fundamental" que cualquier planteamiento referido a los desahucios garantice la "seguridad jur¨ªdica", ya que lo contrario ser¨ªa "perjudicial" para los ciudadanos. Bauz¨¢ reconoci¨® el pasado mi¨¦rcoles ante los periodistas desconocer los detalles de la iniciativa andaluza.

El presidente aut¨®nomo record¨®, no obstante, que el Ejecutivo balear "ha puesto en marcha sistemas y l¨ªneas de alquiler muy econ¨®micos y baratos para acceder a la vivienda" y asever¨® lo siguiente: "Fuimos los primeros y no hicimos ostentaci¨®n de nada, sino que lo hicimos con mucha prudencia". El pasado 19 de febrero el Parlamento balear aprob¨® una declaraci¨®n institucional para buscar soluciones a los problemas de desahucios y se respaldaron medidas como la daci¨®n en pago. Bauz¨¢ asegur¨® que desde abril no hay desalojos en el archipi¨¦lago.

? Canarias seguir¨¢ los pasos de Andaluc¨ªa. El persidente aut¨®nomo, Paulino Rivero, ha reiterado su disposici¨®n a emprender actuaciones "iguales o similares" a las propuestas andaluzas contra los desahucios y ha asegurado que ya ha dado instrucciones "precisas" para estudiar la aplicaci¨®n del decreto de la Junta. En la misma l¨ªnea, Mart¨ªn Marrero, portavoz del Ejecutivo canario, ha afirmado que se sienten en la obligaci¨®n "moral y jur¨ªdica" de estudiar la viabilidad de esta iniciativa.

Marrero ha reconocido que Canarias no tiene competencias para elaborar decretos leyes, al contrario que Andaluc¨ªa, por lo que habr¨¢ de adaptar esa medida a la normativa auton¨®mica. No obstante, el Gobierno regional (CC y PSOE) no descarta reformar el Estatuto de autonom¨ªa para poder articular iniciativas contra las entidades financieras y evitar desahucios en las islas, en donde los desalojos se han cuadruplicado desde que comenz¨® la crisis, en 2008, llegando a alcanzar las 9.439 ejecuciones hipotecarias en cinco a?os. Eso s¨ª, el portavoz del Ejecutivo aut¨®nomo ha recordado que para ello es preciso "un consenso amplio" en el archipi¨¦lago, "para despu¨¦s convencer al Estado".

Rivero afirm¨® el mes pasado que en Canarias no hay "ni habr¨¢" desahucios en viviendas sociales, y a?adi¨® que a los 16.500 pisos que hay en el archipi¨¦lago en alquiler social se sumar¨¢n otros 900. Los Ayuntamientos del archipi¨¦lago tambi¨¦n prestan servicios de mediaci¨®n entre afectados y bancos.

? Cantabria, "poco dada a las florituras". "Es un problema nacional que tiene que tener una soluci¨®n en el marco de la legislaci¨®n nacional", ha declarado el presidente c¨¢ntabro, Ignacio Diego (PP), en relaci¨®n a los desahucios y al decreto andaluz que pretende frenarlos. "Desde las comunidades aut¨®nomas podemos hacer nuestra aportaci¨®n en la medida de nuestra capacidad. Pero en mi Gobierno somos m¨¢s dados a la gesti¨®n y a la eficacia de nuestra capacidad y muy poco dados a florituras y a las demagogias. Eso se lo dejamos a otros que demostraron mucha capacidad para lo ¨²ltimo y muy poca para lo primero", ha se?alado.

Diego ha remitido a la normativa nacional que est¨¢ en tr¨¢mite y a las medidas complementarias a esta, como la puesta en marcha de un fondo social de viviendas "de alquiler barato", para el cual hay 6.000 inmuebles "que se adjudicar¨¢n en las pr¨®ximas semanas". "Las viviendas vac¨ªas que tenemos en Cantabria, que no son muchas, pero son las que tenemos, las hemos puesto a disposici¨®n de este fondo", ha asegurado el presidente. El pasado noviembre, adem¨¢s, el Gobierno regional ofert¨® 24 casas de su propiedad en r¨¦gimen de alquiler para cubrir las necesidades de familias con escasos recursos econ¨®micos.

? Castilla La-Mancha, en contra de las demagogias. "Se trata de una medida con una carga demag¨®gica importante, ya que el Gobierno andaluz ya vot¨® en contra de que 4.000 viviendas del parque p¨²blico fueran para los m¨¢s necesitados", ha dicho Leandro Esteban, portavoz del Gobierno de Castilla La-Mancha (PP). A preguntas de los medios de comunicaci¨®n, Esteban ha indicado que hay que buscar "correlaci¨®n entre lo que se hace y lo que se dice". "Lo digo con respeto", ha puntualizado.

La Junta de Castilla La-Mancha anunci¨® el mes pasado que el 10% de su parque de viviendas, que cuenta con unos 800 inmuebles vac¨ªos, estar¨¢ a disposici¨®n de familias desahuciadas, que obtendr¨¢n la calificaci¨®n de "colectivo preferente" para poder entrar a vivir en casas protegidas. Por el momento, seg¨²n fuentes de la Junta, no hay ning¨²n solicitante.

? Castilla y Le¨®n, prudente. El Gobierno de Castilla y Le¨®n (PP) sostiene que no es ¨¦l quien debe hacer valoraciones en profundidad acerca del decreto. "Le corresponder¨ªa a otros ¨®rganos como la Abogac¨ªa del Estado o, en su caso, al Tribunal Constitucional", se?alan fuentes de la Consejer¨ªa de Presidencia. Destacan, no obstante, que el argumento de que la propiedad privada pierde su protecci¨®n cuando no cumple una funci¨®n social es "jur¨ªdicamente poli¨¦drico" porque es dif¨ªcil determinar qui¨¦n puede acogerse a ¨¦l. Estas mismas fuentes a?aden que el de los desahucios es un problema muy serio y que el hecho de que esto ocurra "mientras se dispone de un parque de viviendas sobredimensionado" es una contradicci¨®n que "habr¨¢ que resolver". Aseguran que estudiar¨¢n la medida de Andaluc¨ªa, pero creen que la respuesta y b¨²squeda de una soluci¨®n debe ser nacional, no de Gobiernos regionales y de forma aislada.

Seg¨²n apuntan desde la Consejer¨ªa de Presidencia, la f¨®rmula que usan en Castilla y Le¨®n consiste en adelantarse al problema: han apostado por un modelo de protecci¨®n de los deudores hipotecarios. En cuatro meses, han atendido a 576 familias. La estructura que se ha creado, indican estas mismas fuentes, proporciona una atenci¨®n social intensiva para afrontar las situaciones de desamparo y para prever la exclusi¨®n social.

? Catalu?a prefiere negociar con los bancos. El Ejecutivo catal¨¢n (CiU y ERC) rechaza la expropiaci¨®n anunciada por la Junta de Andaluc¨ªa. El secretario de Vivienda de la Generalitat, Carles Sala, argumenta que "no es el mejor sistema, por las dificultades que comporta el proceso expropiatorio con la legislaci¨®n actual". Sala apuesta por "la v¨ªa de la negociaci¨®n" antes que por "todas las medidas previas que habr¨ªa que tomar para que la expropiaci¨®n fuera constitucional". "De las entidades financieras vamos a conseguir m¨¢s pisos para alquiler social por la v¨ªa de la negociaci¨®n que de la expropiaci¨®n, lo veremos en un a?o", asegura. El responsable de vivienda de la Generalitat recuerda que de 2007 a 2010, cuando estuvo en vigor en Catalu?a la expropiaci¨®n del usufructo, "la cifra de expropiaciones fue cero".

La Ley del Derecho a la Vivienda que impuls¨® el Gobierno tripartito (PSC, ERC e ICV) preve¨ªa la expropiaci¨®n forzosa de las casas que llevaran dos a?os vac¨ªas. La Generalitat consideraba entonces que ten¨ªa derecho a declarar el "incumplimiento de la funci¨®n social de la propiedad". Finalmente y tras las presiones de la oposici¨®n, la banca y los promotores la ley se aprob¨®, pero qued¨® descafeinada al redactarse en 2010 el reglamento que la desarrollaba. La llegada de CiU al poder acab¨® con las expropiaciones.

El actual Ejecutivo, a trav¨¦s de la Secretar¨ªa de Vivienda, solicit¨® a finales del a?o pasado a la Sareb que le cediera los pisos m¨¢s dif¨ªciles de vender para alquilarlos a precios econ¨®micos a familias desahuciadas o sin recursos, una petici¨®n que ha hecho extensiva a las entidades financieras. Por ahora, sin ¨¦xito.

? La Comunidad Foral de Navarra descarta expropiaciones. El Gobierno de Navarra (UPN) descarta tomar medidas de expropiaci¨®n de viviendas vac¨ªas, ya que, seg¨²n su portavoz, Juan Luis S¨¢nchez de Muni¨¢in, es una iniciativa que puede tener eco medi¨¢tico, pero "su eficacia est¨¢ por comprobarse". El Ejecutivo navarro asegura que est¨¢ desarrollando un plan especial para paliar las consecuencias de los desahucios que, seg¨²n el consejero portavoz, contendr¨¢ medidas "m¨¢s eficaces que las que est¨¢n planteando otras comunidades aut¨®nomas". Actualmente, el departamento de Fomento mantiene un acuerdo con el Colegio de Abogados de Pamplona para la mediaci¨®n entre los afectados por las hipotecas y los bancos a los que adeudan. Adem¨¢s, varios departamentos trabajan en un plan que incluye el alquiler social de viviendas propiedad de la Administraci¨®n foral, a trav¨¦s de la sociedad p¨²blica Vinsa.

El Defensor del Pueblo Navarro, Javier En¨¦riz, defendi¨® el pasado mi¨¦rcoles en el Parlamento la adaptaci¨®n de la normativa hipotecaria a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea, aunque reconoci¨® que esta labor le compete a las Cortes Generales, por lo que traslad¨® su informe a su hom¨®loga a nivel nacional, Soledad Becerril.

? La Comunidad de Madrid, a favor de proteger la propiedad privada. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Gonz¨¢lez (PP), es "totalmente contrario" a la iniciativa tomada por la Junta de Andaluc¨ªa de expropiar temporalmente el uso de las viviendas "en inminencia" de desahucio. "Todas las medidas que cuestionen el derecho a la propiedad privada son muy peligrosas, hay otras maneras de abordar el problema de los desahucios que no sea ir contra la propiedad privada y vulnerar la legalidad vigente", entiende Gonz¨¢lez. "Toda la regulaci¨®n que no garantice la defensa de la propiedad privada no la compartimos. Es un derecho sagrado que hay que respetar", considera.

En el pleno de la Asamblea de Madrid de este jueves el secretario general del PSM, Tom¨¢s G¨®mez, propuso "expropiar temporalmente a los bancos para salvar a la gente". "Estoy hablando de expropiar el usufructo y no de expropiar la propiedad privada", especific¨®. "Para una idea que tiene, es la que le ha dado Izquierda Unida de Andaluc¨ªa", le respondi¨® Gonz¨¢lez.

La Comunidad ha llegado a un acuerdo con C¨¢ritas a trav¨¦s del cual destinar¨¢ 800 viviendas p¨²blicas del parque inmobiliario del Instituto de la Vivienda de Madrid, que cuenta con 23.000 pisos, a personas que hayan sufrido un desahucio. Los afectados podr¨¢n permanecer un tiempo m¨¢ximo de cinco a?os en la nueva residencia, abonando cada mes un alquiler que rondar¨¢ los 200 euros.

? Comunidad Valenciana: "La receta andaluza est¨¢ equivocada". "El decreto de Andaluc¨ªa es una receta equivocada: la Generalitat Valenciana [PP] considera que, adem¨¢s de ayudar a las personas que tienen problemas, desde la Administraci¨®n tambi¨¦n se debe animar al sector privado para que construya viviendas, con la consecuente generaci¨®n de empleo que esto supone", han explicado fuentes de la Consejer¨ªa de Infraestructuras. En la Comunidad Valenciana, por tanto, tampoco se tomar¨¢n medidas similares a las andaluzas. Adem¨¢s, estas mismas fuentes argumentan que la soluci¨®n a este problema "debe ser a nivel nacional, tal y como ha remarcado el Gobierno de Mariano Rajoy", porque "se pueden generar agravios comparativos entre los ciudadanos de diferentes comunidades aut¨®nomas ante situaciones similares".

La Generalitat Valenciana recalca que s¨ª est¨¢ dando soluciones reales a las familias con problemas de viviendas, a trav¨¦s de varias actuaciones, como el programa extraordinario de alquiler de inter¨¦s social, gracias al cual se han entregado 124 pisos de promoci¨®n p¨²blica con alquileres sociales en 23 municipios, 40 de ellos destinados a afectados por desahucios. Desde la Consejer¨ªa de Infraestructuras aseguran que la comunidad ha sido la primera en firmar un acuerdo con Bankia para la cesi¨®n de 300 viviendas en alquiler social y que est¨¢n en conversaciones con otras entidades. Tambi¨¦n cuentan con la Red Alquila, que asesora a los afectados, tramita ayudas en materia de alquiler y media entre propietarios e inquilinos.

? Extremadura critica los discursos buenistas. Desde la Junta de Extremadura (PP) rechazan valorar la propuesta de Andaluc¨ªa, remiti¨¦ndose a su propia iniciativa en esta materia, que pasa por poner el parque p¨²blico de viviendas sociales a disposici¨®n de las personas implicadas en un desahucio por ejecuci¨®n hipotecaria. El presidente regional,? Jos¨¦ Antonio Monago, apuesta por "hablar con claridad a la gente" de c¨®mo se resuelven "los problemas". "Si no, estamos en un discurso buenista, ye-y¨¦, guay, chachi que no resuelve pero que tiene el aplauso f¨¢cil", ha se?alado.

Monago asegura que en Extremadura el problema ya est¨¢ resuelto. El pasado s¨¢bado, el presidente anunci¨® una medida, identificando al extreme?o como "el primer Gobierno auton¨®mico" que ofrecer¨¢ una de las 15.000 casas con titularidad regional ¡ªde las que unas 200 est¨¢n disponibles¡ª a quienes hayan sufrido una ejecuci¨®n hipotecaria desde 2011. Adem¨¢s, invit¨® directamente al resto de Ejecutivos aut¨®nomos y al central "a que hagan lo mismo".

Esta iniciativa se suma a otra aprobada el pasado 22 de marzo, por la que se exime del pago de las viviendas sociales "a las familias que hayan visto reducidos sus ingresos por la crisis", seg¨²n el discurso de Monago. "Hacemos todo lo que est¨¢ en nuestras manos para que el mayor n¨²mero de extreme?os cuente con una vivienda digna. Porque no hay derecho a los desahucios", proclam¨® el presidente extreme?o, que distingui¨® a los afectados por este problema de "los aprovechados", que defini¨® como "todos aquellos que dicen ahora que son desahuciados, pero la realidad es que tienen que dejar la vivienda porque no han pagado m¨¢s de 100 cuotas mensuales".

? Galicia: "Una medida muy poco inteligente". El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto N¨²?ez Feij¨®o (PP), tilda de medida "muy poco inteligente" y "t¨ªpica de otros pa¨ªses" el decreto ley andaluz para frenar los desahucios. En la comparecencia de prensa posterior al Consello de la Xunta, Feij¨®o ha dicho que no conoce el texto, pero considera altamente "peligroso" deslizarse sobre la utilizaci¨®n de "supuestos excepcionales" como la "apropiaci¨®n a trav¨¦s de la expropiaci¨®n de un bien". "No s¨¦ lo que pensar¨¢ un titular de una propiedad ante el impago de una renta de que se expropie su piso. Me parece que es una senda muy peligrosa y aconsejo a la Junta de Andaluc¨ªa que lo estudie con mucho detalle porque a veces las soluciones m¨¢s f¨¢ciles son las menos inteligentes", ha contestado a preguntas de los periodistas.

El presidente gallego ha recordado que esta semana la Xunta firm¨® un convenio con el Consejo General del Poder Judicial y con la Federaci¨®n Galega de Municipios y Provincias para proteger a las personas que sufran un desahucio por ejecuci¨®n hipotecaria o por impago de la renta de alquiler. El acuerdo implica que, cuando los jueces detecten casos de especial vulnerabilidad en los procesos de desalojo, informar¨¢n a los servicios sociales de la comunidad aut¨®noma y a los Ayuntamientos. Feij¨®o resalt¨® que su Ejecutivo ha puesto 500 viviendas a disposici¨®n de las personas que sufran un desahucio por impago de hipoteca o renta, "en r¨¦gimen de alquiler o propiedad".

? La Rioja aboga por m¨¢s coordinaci¨®n. "Tenemos que plantear pol¨ªticas de car¨¢cter general. Lo que ha ocurrido en Andaluc¨ªa y pueda ocurrir en otra comunidad de forma descoordinada no nos llevar¨¢ absolutamente a nada. No puede ser que cada uno vaya por un lado. Las medidas extempor¨¢neas y sorpresivas no contribuyen a generar un clima de normalidad y de apoyo de unos a otros", ha declarado Pedro Sanz (PP), presidente riojano. Tambi¨¦n ¨¦l ha recordado la actuaci¨®n del Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero en materia de desahucios, "que agiliz¨®" los desalojos. As¨ª, Sanz ha incidido en la necesidad de que las medidas y pol¨ªticas se adopten en el Congreso de los Diputados, conjugando la protecci¨®n de las familias "con el inter¨¦s general de todos, planteando que la propiedad privada es un bien que tenemos en un Estado de Derecho". Seg¨²n ha se?alado, esto debe compaginarse con el derecho a la vivienda.

El Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Logro?o puso en marcha, el pasado 21 de febrero, un servicio de mediaci¨®n para facilitar una soluci¨®n a las familias afectadas por ejecuciones hipotecarias. En este tiempo han atendido 52 casos. Para el realojo de quienes lo precisen, el Instituto de la Vivienda (IRVI) de la comunidad dispone de m¨¢s de 350 pisos: 61 de ellos del fondo social de las entidades financieras, 237 casas de particulares que figuran en la bolsa de alquiler del Ejecutivo regional y 69 del propio IRVI.

? El Pa¨ªs Vasco no se pronuncia. El Ejecutivo vasco (PNV) a¨²n no se ha pronunciado sobre la medida andaluza. Euskadi incorpor¨®, hace casi un a?o, un servicio integral para prevenir, tratar de evitar y paliar los efectos del sobreendeudamiento familiar. El nuevo Gobierno est¨¢ analizando c¨®mo mejorar la iniciativa.

El servicio recoge, desde el Departamento de Consumo, orientaci¨®n previa para quienes vayan a sumergirse en una hipoteca. Esta es la ¨²nica medida destinada a toda la ciudadan¨ªa, ya que el resto est¨¢n dirigidas a familias en riesgo de desahucio de su ¨²nica vivienda en propiedad. Para quienes ya deben una cantidad importante de dinero, el Departamento de Justicia facilita una mediaci¨®n que impulsa con economistas profesionales entre la familia sobreendeudada ¡ªlos requisitos son que la vivienda no tenga un valor superior a los 350.000 euros y que sea la ¨²nica en propiedad¡ª y la entidad bancaria, con el objetivo de evitar un desahucio y buscar alternativas como un alquiler social.

En los casos m¨¢s extremos, aquellas familias ya desalojadas, sin un entorno que las acoja y en riesgo de exclusi¨®n social, el Departamento de Vivienda facilita una casa de protecci¨®n oficial en r¨¦gimen de alquiler social, priorizando los recursos que se encuentren en la zona donde viv¨ªan antes de ser desahuciados. En los dos primeros meses de este a?o, ocho familias han hecho uso de esta ¨²ltima parte del servicio y m¨¢s de una decena est¨¢n en fase de tramitaci¨®n.

? El Principado de Asturias no valora la medida. "Somos una comunidad gobernada por el PSOE, pero cada una tiene sus se?as de identidad, y es un proyecto [el decreto andaluz para frenar los desahucios] que, por el momento, no se ha planteado", se?alan fuentes de la Consejer¨ªa de Presidencia del Gobierno asturiano. Remiten a su propia estrategia para combatir los desalojos. El Ejecutivo regional aprob¨® el pasado diciembre la creaci¨®n de una oficina de ayuda a afectados en materia hipotecaria desde la que se realizan labores de mediaci¨®n con entidades financieras. Alrededor de 300 personas han solicitado estos servicios.

En Asturias se han aplicado "medidas administrativas, no legislativas". Entre ellas destaca, seg¨²n indican desde la Consejer¨ªa de Presidencia, la habilitaci¨®n de su propio parque de viviendas ¡ªque cuenta con unos 500 pisos, de los cuales "unos 30 est¨¢n disponibles"¡ª para afectados por desahucios.?Adem¨¢s, est¨¢ en marcha la suscripci¨®n de un convenio entre los 78 Ayuntamientos de la comunidad y los dos colegios de abogados para que, adem¨¢s de labores de intermediaci¨®n, tambi¨¦n pueda prestarse asistencia jur¨ªdica gratuita a quien lo solicite y carezca de recursos.?

? Regi¨®n de Murcia: "El decreto est¨¢ verde". El Ejecutivo murciano (PP) considera que el decreto andaluz "est¨¢ verde en todos los sentidos, en su publicaci¨®n y en su desarrollo, porque a¨²n hay muchas cosas que no est¨¢n claras". El portavoz del Gobierno regional, Jos¨¦ Ballesta, ha reconocido, no obstante, que existe "una conciencia general de que las entidades financieras tienen que ser parte de la soluci¨®n porque ellas han sido parte del problema". Ha asegurado no conocer al detalle la propuesta andaluza, por lo que cree "prematuro" hacer cualquier posicionamiento en relci¨®n con la iniciativa, pero se?ala que "no parece socialmente sostenible que se pretendiera, en alg¨²n momento, privatizar los beneficios y ahora socializar las p¨¦rdidas".

"Nos encontramos en una situaci¨®n sin precedentes que, en muchos casos, requiere medidas o soluciones sin precedentes y esta iniciativa de la Junta de Andaluc¨ªa puede enmarcarse en este tipo de medidas o actuaciones", ha afirmado Ballesta, tras lo cual ha subrayado que cualquier iniciativa que se adopte en un Estado de Derecho tiene que habituarse "a la m¨¢s estricta ortodoxia legal y constitucional" y saber balancear el derecho a la vivienda con el derecho a la propiedad.

Murcia dispone de una oficina de informaci¨®n que asesora a afectados. Se eval¨²a cada caso y, en funci¨®n de la situaci¨®n en la que se encuentre, se le remite al departamento pertinente para facilitarle la ayuda que precise, explican fuentes de la Consejer¨ªa de Obras P¨²blicas. La comunidad oferta su parque de viviendas p¨²blicas, que cuenta con unos 3.100 pisos de los cuales ahora hay nueve desocupados. Adem¨¢s, los Ayuntamientos tambi¨¦n ofrecen asesoramiento a las familias afectadas.

Con informaci¨®n de Concha Monserrat, Andreu Manresa, Pedro Murillo, Clara Blanchar, Jos¨¦ Marcos, Javier Doria, Pilar Almenar, Marta Fern¨¢ndez Maeso, Cristina Huete y Ania Elorza.