¡°Los registradores no queremos asumir la llevanza del Registro Civil¡±

Los jueces, los secretarios judiciales y los notarios hab¨ªan criticado fuertemente el plan del Ministerio de Justicia de entregar a los registradores de la propiedad y mercantiles la gesti¨®n del Registro Civil. Ahora, son los propios registradores los que se han sumado a las cr¨ªticas al proyecto. Durante los ¨²ltimos tres d¨ªas, miembros de este colectivo de toda Espa?a se reunieron en asamblea en Zaragoza (la tercera de toda su historia) para estudiar, entre otras, la cuesti¨®n del Registro Civil, que tuvo su propia comisi¨®n de estudio. "Los registradores no queremos asumir la llevanza del Registro Civil", concluyeron finalmente por mayor¨ªa (el 75% de los reunidos en asamblea y el 30% de los registradores espa?oles).

En caso de que el Gobierno y el Parlamento decidan finalmente que s¨ª deben encargarse del asunto, piden que se lleve a cabo con el mayor "consenso social y pol¨ªtico posible" y plantean cuatro medidas: que las oficinas del Registro Civil queden separadas del resto de los registros; que se prevea un plazo "razonable" de vacatio legis para adaptarse al nuevo modelo; que los registradores tengan todas las competencias que corresponden en estos momentos a los encargados del Registro Civil; que se establezca una fuente de "financiaci¨®n suficiente" sin m¨¢s excepciones que las relativas a la inscripci¨®n de nacimientos y defunciones; y que junto a la ley se tramite un reglamento que precise m¨¢s algunas cuestiones.

La asamblea, celebrada en Zaragoza, debati¨® dos ponencias. La primera era favorable a la idea de que sean ellos los futuros encargados de la gesti¨®n del Registro Civil, y fue rechazada.

La ponencia contraria al borrador, presentada por Juan Sarmiento Ramos, abogaba porque se ¡°persuadiera¡± a Justicia de la ¡°inoportunidad¡± de la idea de encomendarles el Registro ¡°en las actuales circunstancias econ¨®micas y sociales por las que atraviesa la naci¨®n¡±. Si su petici¨®n no prosperara, el texto planteaba que se ofreciera la gesti¨®n ¡°a otros colectivos igualmente apropiados, de forma que, si en ¨²ltima instancia acaba recayendo en los registradores, quede p¨²blica constancia de que ello fue el ¨²ltimo recurso que qued¨® al Gobierno para afrontar el problema de su desjudicializaci¨®n¡±. La idea era evitar que, a ojos de la sociedad, la atribuci¨®n del registro quedara como un trato de favor hacia su colectivo. La oferta a otros colectivos no ha quedado finalmente reflejado en las conclusiones, que solo hablan del necesario "consenso social y pol¨ªtico".

En estos momentos son los jueces los que llevan el Registro Civil. Pero su regulaci¨®n sufri¨® ya una transformaci¨®n de calado en 2011. Durante el ¨²ltimo mandato de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero fue aprobada, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, una profunda reforma que quitaba a los jueces la llevanza del Registro para dejarla en manos de secretarios judiciales y funcionarios con la licenciatura en Derecho. Esta norma se aprob¨® con una vacatio legis de tres a?os para que pudieran adaptarse todas las estructuras necesarias para el cambio de modelo, y su entrada en vigor estaba prevista para 2014. El proyecto de Justicia supondr¨ªa un cambio radical con respecto a esta norma, que no llegar¨ªa a hacerse efectiva.

Las cr¨ªticas a los borradores que maneja Justicia y que han trascendido han sido m¨²ltiples. Notarios, secretarios judiciales y todas las asociaciones de jueces salvo la mayoritaria Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura, han planteado que el ministro Alberto Ruiz Gallard¨®n pretende privatizar un servicio p¨²blico, aumentar el n¨²mero de hechos inscribibles y cobrar por algunos que ahora ni siquiera constan en el Registro, como los poderes.

Los registradores, ahora, al menos los que acudieron a la reuni¨®n, han sido contundentes: no quieren el Registro. Y, si lo aceptan, piden ciertas condiciones. La asamblea general se convoc¨® despu¨¦s de que algunos de ellos se movilizaran pidiendo firmas para solicitar la reuni¨®n precisamente para poder tratar un asunto como este, muy delicado y que cambiar¨ªa profundamente su forma de funcionar.

La ponencia contraria al borrador puso sobre la mesa una serie de requisitos para el caso de que Justicia desoyera sus peticiones de que se les deje al margen de este asunto. En primer lugar,? ped¨ªan que la ley dispusiera ¡°sin ning¨²n tipo de ambig¨¹edad¡±, que la financiaci¨®n del Registro Civil corra a cargo de los usuarios (a trav¨¦s del arancel correspondiente). "Ser¨ªa absolutamente inaceptable la asunci¨®n de un Registro Civil gratuito cuya financiaci¨®n recayera sobre las espaldas de los registradores", indicaba el texto. Las conclusiones finales establecen finalmente que haya una fuente de financiaci¨®n, pero no precisa cu¨¢l, y establece la excepci¨®n de la inscripci¨®n de nacimientos y defunciones.

El texto de la ponencia ped¨ªa tambi¨¦n que quedara garantizada la separaci¨®n entre las oficinas del Registro Civil y las actuales del Registro de la Propiedad o Mercantil, tanto en su "consideraci¨®n tributaria y laboral diferenciada como en su ubicaci¨®n f¨ªsica, sus medios personales y materiales". Es decir, su propuesta era que las oficinas actuales de los registradores se mantengan tal cual y que se establezcan unas nuevas oficinas encargadas solo del Registro Civil, algo que se ha mantenido en las conclusiones, precisando que se mantendr¨¢ "la necesaria interconexi¨®n entre ellas".