El PSC propone que Espa?a y Catalu?a se reconozcan mutuamente como ¡°naci¨®n¡±

Los socialistas catalanes ya han puesto en negro sobre blanco su primera propuesta para la reforma constitucional en clave federal que, si bien es similar a la del PSOE en algunos aspectos, va mucho m¨¢s all¨¢ en puntos como la reforma de la financiaci¨®n auton¨®mica o el debate territorial. La fundaci¨®n Campalans, vinculada al PSC, ha redactado un documento de 42 p¨¢ginas elaborado por dirigentes como la exministra Carme Chac¨®n y los diputados Francesc Vall¨¨s o Miquel Iceta. En ¨¦l se defiende que la Constituci¨®n ampare una v¨ªa clara que facilite una consulta como la catalana de autodeterminaci¨®n. Tambi¨¦n defiende una ¡°nueva formulaci¨®n¡± de la financiaci¨®n auton¨®mica para evitar que las comunidades m¨¢s din¨¢micas, tras hacer su aportaci¨®n a la solidaridad interterritorial, bajen sistem¨¢ticamente en la clasificaci¨®n por recursos disponibles.

Uno de los problemas que el Partit dels Socialistes busca afrontar mediante su propuesta de reforma constitucional es la consulta catalana. El PSC pide que "en el actual contexto" la Constituci¨®n ¡°asuma claramente¡± que se pueden celebrar referendos o consultas en una sola comunidad aut¨®noma. El art¨ªculo 92 de la Carta Magna tampoco lo impide expl¨ªcitamente, pero los socialistas catalanes ven conveniente eliminar cualquier vaguedad sobre el asunto dada su voluntad de que la Generalitat pacte con el Gobierno la forma para preguntar a los catalanes sobre su futuro o sobre cualquier otro asunto. En cualquier caso, fuentes del partido de Pere Navarro recordaron ayer que el PSC no est¨¢ a favor de la secesi¨®n, sino de que la Generalitat y el Gobierno lleguen a un acuerdo para preguntar, de forma legal, a los catalanes. Carme Chach¨®n, que ha participado en este documento, insiste en que siempre ha sido "contraria al derecho a decidir" y mantiene que esta f¨®rmula "tampoco facilitar¨ªa una consulta como la que propugna Artur Mas".

El documento parte de la constataci¨®n que Catalu?a y Euskadi son una ¡°naci¨®n¡± para muchos de sus ciudadanos de la misma forma que Espa?a es ¡°naci¨®n¡± para muchos de estos catalanes y vascos, adem¨¢s del resto de espa?oles. Es decir, se propone partir de un reconocimiento de legitimidad mutua. ¡°El federalismo est¨¢ especialmente indicado para vertebrar Estados que contienen distintas naciones y por eso resulta adecuado para Espa?a¡±. En este sentido, se recalca que ¡°un mismo marco constitucional no supone homogeneidad¡±, y tiene que ser suficientemente amplio como para que haya ¡°singularidades o asimetr¨ªas¡±. Ello deber¨ªa permitir, por ejemplo, que materias como las lenguas cooficiales y su regulaci¨®n fueran competencia exclusiva de las respectivas comunidades.

Se propugna que tengan un tratamiento espec¨ªfico, aunque sin privilegios, las comunidades pol¨ªticas, culturales, hist¨®ricas o geogr¨¢ficas ¡°con un amplio sentido de formar parte de una naci¨®n hist¨®rica y cultural propia, que los constituyentes denominaron nacionalidades¡±. Esto incluir¨ªa Catalu?a, Pa¨ªs Vasco, Navarra, Galicia, Comunidad Valenciana y Baleares. Adem¨¢s, se propone una condici¨®n especial para Ceuta, Melilla y Canarias.

El texto persigue el reconocimiento de Espa?a como Estado federal, la reforma del Senado para convertirlo en un Consejo Federal, una nueva distribuci¨®n de competencias, la descentralizaci¨®n del poder judicial y la regulaci¨®n de la financiaci¨®n auton¨®mica. Se busca incrementar la participaci¨®n de las autonom¨ªas en las decisiones estatales.

La financiaci¨®n auton¨®mica es uno de los asuntos que m¨¢s desarrolla el documento. Lo hace partiendo del principio de que el actual modelo est¨¢ agotado. ¡°La din¨¢mica de los acuerdos preexistentes, en los que todas las comunidades aut¨®nomas ve¨ªan siempre incrementados sus recursos, en grado diverso en funci¨®n de su dinamismo econ¨®mico, parece dif¨ªcil de mantener por mucho m¨¢s tiempo¡±, reza el documento. A partir de aqu¨ª se propone un modelo que garantice la suficiencia de recursos de las comunidades y que el principio de solidaridad que hasta ahora ha regido casi exclusivamente el modelo se vea completado tambi¨¦n con el de la ¡°ordinalidad¡±.

¡°Hay que garantizar la justicia en la distribuci¨®n de los recursos a?adiendo a la nueva formulaci¨®n transparente del principio de solidaridad, la del principio de ordinalidad, para impedir que las comunidades aut¨®nomas m¨¢s din¨¢micas pierdan incentivos a seguir creciendo y aportando al conjunto, a trav¨¦s de su dinamismo¡±.

El documento no habla en ning¨²n caso, al menos de forma expl¨ªcita, de poner l¨ªmites a la solidaridad entre territorios, pero la ¨²nica forma de evitar que Catalu?a, junto a comunidades como Madrid o Baleares, rebaje su aportaci¨®n a la solidaridad ser¨ªa con una nueva e importante inyecci¨®n de dinero al sistema por parte de la Administraci¨®n central, algo poco probable dadas las circunstancias actuales. Por ejemplo, para evitar que Catalu?a pierda posiciones en la tabla clasificatoria de recursos tras pagar su cuota de solidaridad, tendr¨ªa que haber recibido 3.200 millones extras en 2010, seg¨²n algunos expertos.

El modelo de financiaci¨®n que propone el PSC pasa por poner coto al sistema de concierto y convenio del que gozan respectivamente el Pa¨ªs Vasco y Navarra. Dice que estos han derivado en ¡°resultados discriminatorios¡± y propone medidas correctoras sin dinamitar el sistema. En este sentido, se propone ¡°establecer la inclusi¨®n de una aportaci¨®n a la solidaridad interterritorial como nueva carga del Estado¡± sobre estas comunidades. O sea, una suerte de nueva tasa de solidaridad para compensar los privilegios del concierto econ¨®mico.

La reforma del Senado que propone el PSC va en la misma l¨ªnea que el PSOE. Los senadores, o como estos pasen a denominarse, no ser¨ªan elegidos mediante sufragio universal sino escogidos directamente por los Gobiernos auton¨®micos a raz¨®n de tres por cada autonom¨ªa. Se le sumar¨ªa un representante por cada mill¨®n de habitantes, de manera que Andaluc¨ªa ¡ªla comunidad m¨¢s poblada¡ª tendr¨ªa hasta once representantes. En este Senado, que podr¨ªa denominarse C¨¢mara o Consejo de las Comunidades Aut¨®nomas, se debatir¨ªan las leyes que afecten a estas, y tendr¨ªa mayor peso en negociaciones como la financiaci¨®n auton¨®mica.