Trece Ayuntamientos alzan la voz por la hospitalidad con los sin papeles

Crece la presi¨®n sobre el Ministerio de Justicia. Un movimiento contra la criminalizaci¨®n de la ayuda a los inmigrantes recorre los ayuntamientos de Espa?a y ya hay una comunidad aut¨®noma, Arag¨®n, que ha manifestado su rechazo ante cualquier medida que suponga un obst¨¢culo a la solidaridad con las personas que vienen de otros pa¨ªses. Consistorios como Sevilla, M¨¢laga, Barakaldo o Vila-real solicitan al Gobierno que cambie la redacci¨®n de un art¨ªculo del nuevo C¨®digo Penal contra el que se han posicionado m¨¢s de 30 ONG, entre las que se encuentra SOS Racismo, M¨¦dicos del Mundo y Pueblos Unidos.

La plataforma Salvemos la Hospitalidad, que agrupa a estas ONG, denuncia que el nuevo art¨ªculo 318 bis del anteproyecto de reforma del C¨®digo Penal iguala conductas como el tr¨¢fico de seres humanos con pr¨¢cticas humanitarias y de solidaridad. Tambi¨¦n denuncian que la reforma criminaliza a aquellos que alquilen una habitaci¨®n a una persona sin papeles o a quienes les sirvan un men¨². ¡°Esta propuesta es una barbaridad¡±, sostiene Jos¨¦ Mar¨ªa Tom¨¢s y T¨ªo, juez de 62 a?os y presidente de la Audiencia Provincial de Valencia. ¡°Es una violaci¨®n flagrante del art¨ªculo 1 de la Declaraci¨®n de Derechos Humanos¡±.

El texto del anteproyecto, dice: ¡°El que intencionadamente ayude a una persona que no sea nacional de un Estado miembro de la Uni¨®n Europea a entrar en el territorio de otro Estado miembro o a transitar a trav¨¦s del mismo de un modo que vulnere la legislaci¨®n de dicho Estado sobre entrada o tr¨¢nsito de extranjeros, ser¨¢ castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisi¨®n de tres meses a un a?o¡±.

Higinio Pi, sacerdote jesuita de 49 a?os que lleva tres al frente de un piso que acoge inmigrantes, lo tiene claro: ¡°No se puede penalizar la atenci¨®n humanitaria a una persona que sea vulnerable¡±. Pi es uno de los impulsores del movimiento que ha conducido a la movilizaci¨®n de ayuntamientos por todo el territorio.

¡°No se puede penalizar la ayuda humanitaria¡±, dice el cura Higinio Pi

Todo empez¨® el 23 de noviembre 2012, cuando se dio a conocer el anteproyecto. El art¨ªculo inicialmente redactado dec¨ªa: ¡°El Ministerio Fiscal podr¨¢ abstenerse de acusar por este delito cuando el objetivo perseguido fuere ¨²nicamente prestar ayuda humanitaria a la persona de que se trate¡±. Esa indefinici¨®n, que dejaba al fiscal la posibilidad de pedir condena por ayudar, moviliz¨® a un grupo de personas que se dedican a acoger a personas sin papeles. El primer paso fue poner en marcha una campa?a en la plataforma change.org, donde llevan recogidas cerca de 60.000 firmas de apoyo. El segundo fue lanzar una campa?a a nivel institucional, para invitar a Ayuntamientos y comunidades aut¨®nomas a sumarse a la denuncia del nuevo art¨ªculo.

La ciudad que dio el pistoletazo de salida fue M¨¢laga, donde, a instancias de la ONG M¨¢laga Acoge, el ayuntamiento firm¨® el 22 de enero la primera moci¨®n, refrendada por el Partido Popular, el PSOE e Izquierda Unida. El 19 de abril, el pleno de las Cortes de Arag¨®n hac¨ªa lo propio. El ¨²ltimo ayuntamiento en sumarse, seg¨²n la web de Salvemos la Hospitalidad, ha sido el de Totana, que lo hizo el pasado 25 de abril.

En una reuni¨®n con el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallard¨®n, tres de los impulsores de esta movilizaci¨®n se?alaron que la redacci¨®n del anteproyecto conten¨ªa elementos preocupantes. De hecho, la redacci¨®n del anteproyecto, que actualmente se encuentra pendiente del dictamen del Consejo de Estado, ya ha sido modificada, seg¨²n confirman fuentes oficiales a EL PA?S.

El p¨¢rrafo que dejaba la puerta abierta a que se pueda perseguir penalmente a quienes ayudaran por motivos humanitarios ha sido sustituido por este nuevo texto. ¡°Los hechos no ser¨¢n punibles cuando el objetivo perseguido por el autor fuere ¨²nicamente prestar, de forma ocasional, ayuda humanitaria a la persona de que se trate¡±.

Las ONG exigen que la solidaridad no sea condenable ni de forma ocasional ni continuada

Juli¨¢n R¨ªos, profesor de Derecho Penal, y uno de los impulsores de la plataforma, se hace la siguiente pregunta, a la vista de la nueva redacci¨®n del anteproyecto. ¡°?Y qu¨¦ pasa con quien hace del compromiso con las personas m¨¢s d¨¦biles y vulnerables su opci¨®n de vida?¡±. R¨ªos considera fundamental suprimir la frase ¡°de forma ocasional¡± de esta nueva redacci¨®n. El juez Jos¨¦ Mar¨ªa Tom¨¢s y T¨ªo suscribe estas palabras: ¡°Esa indefinici¨®n da pie a la arbitrariedad. Y luego la gente se quejar¨¢ con determinadas sentencias de los jueces¡±.

Los impulsores de la plataforma critican asimismo que la ley castigue al que intencionadamente ayude al inmigrante sin papeles, con ¨¢nimo de lucro. El juez Tom¨¢s y T¨ªo, alerta: ¡°Tendr¨¢n que ponerse en guardia los comerciantes, posaderos, hoteleros, conductores de autob¨²s, m¨¦dicos, curas, organizaciones no gubernamentales, incluidas algunas administraciones p¨²blicas y sus servicios sociales¡±, se?ala. El profesor R¨ªos sostiene que es preciso introducir el concepto de ¡°abuso de la situaci¨®n de vulnerabilidad¡±, lo que permitir¨ªa distinguir lo que har¨ªa un taxista de la conducta de alguien que alquila habitaciones clandestinas en su s¨®tano para hacer negocio. ¡°Ser¨ªa el ¨²nico elemento que nos permitir¨ªa evitar que una norma que dice proteger a las personas que se encuentran en esta situaci¨®n no se vuelva contra ellas¡±, considera R¨ªos.

Llevar en coche a un inmigrante por Espa?a no va a ser delito, se?alan fuentes del Ministerio de Justicia. Ni hospedarle o llevarle en taxi, a?aden. Ninguna actuaci¨®n por mera motivaci¨®n humanitaria tendr¨¢ sanci¨®n penal, afirman. Desde el ministerio se enfatiza que la nueva redacci¨®n responde a la obligatoriedad de trasponer la directiva comunitaria 2002/90/CE y se destaca que lo que se ha producido es una reducci¨®n de penas. Con la anterior redacci¨®n se sancionaba cualquier acto que favoreciera la ¡°inmigraci¨®n clandestina¡±, lo cual era mucho m¨¢s grave. Pod¨ªan caerle cuatro a?os a quien ofreciera un matrimonio falso de conveniencia para obtener papeles o a quien, por humanidad, hiciera un contrato falso a la prima de su empleada dom¨¦stica y le adelantaba el dinero para el vuelo a Espa?a.

Mikel Aragu¨¢s, secretario general de la ONG Andaluc¨ªa Acoge, resume su punto de vista: ¡°El problema es que el anteproyecto se?ala al inmigrante irregular como causante de delitos¡±