Arranca la privatizaci¨®n de la seguridad exterior en las c¨¢rceles
250 trabajadores realizar¨¢n "labores secundarias" en 21 centros penitenciarios, seg¨²n Interior El ministerio recula y decide no sustituir a polic¨ªas y guardias civiles Los sindicatos de prisiones critican la falta de informaci¨®n
La presencia de vigilantes privados en las c¨¢rceles espa?olas es ya un hecho. Ayer, 250 trabajadores se incorporaron a 21 centros, donde se encargar¨¢n de "labores secundarias", seg¨²n fuentes del Ministerio del Interior, que aseguran que se trata de un proyecto piloto que durar¨¢ nueve meses y que en ning¨²n caso supondr¨¢ la sustituci¨®n de polic¨ªas y guardias civiles, que ahora est¨¢n encargados de la protecci¨®n en las prisiones. El departamento que dirige Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz ha cambiado, por tanto, de criterio, ya que el anterior secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, hab¨ªa anunciado el pasado verano que el plan permitir¨ªa reemplazar a 1.000 uniformados ¡ªen ning¨²n caso funcionarios de Prisiones¡ª, que pasar¨ªan a desempe?ar funciones de seguridad ciudadana. Los sindicatos del sector, desconcertados, critican "el oscurantismo" con el que la Direcci¨®n General de Instituciones Penitenciarias ha llevado el proceso y temen que este sea el primer paso para la privatizaci¨®n de la seguridad en las c¨¢rceles.
Ni llevar¨¢n pistola ni tendr¨¢n trato directo con los internos. As¨ª explica un portavoz del ministerio la labor de los vigilantes de seguridad privada: se encargar¨¢n de la visualizaci¨®n de monitores y de controlar el per¨ªmetro de los centros penitenciarios, tarea que ya desempe?an agentes de la polic¨ªa y la Guardia Civil. La intenci¨®n del Gobierno es comprobar si funciona el plan y si los nuevos trabajadores son capaces de desempe?ar estas tareas que no exigen una especializaci¨®n. De ser as¨ª, el Ejecutivo se plantea, a largo plazo, liberar a uniformados de sus tareas en las c¨¢rceles.
Interior garantiza que su compromiso de reubicar a los guardaespaldas privados? ¡ªque perdieron su empleo despu¨¦s de que ETA anunciara el cese definitivo de su actividad armada¡ª sigue intacto porque la seguridad exterior de estos 21 centros penitenciarios ha sido adjudicada a las mismas empresas que prestaban servicios de escolta en el Pa¨ªs Vasco y Navarra y que estas les han dado prioridad. Fuentes del ministerio puntualizan, sin embargo, que no a todos los exescoltas les interesa ejercer funciones de vigilantes privados en las c¨¢rceles, pues las condiciones laborales son peores. Tampoco saben cu¨¢ntos de esos 250 vigilantes incorporados a los penales proceden del sector que escoltaba a los amenazados por la banda terrorista. Ni los sindicatos de Instituciones Penitenciarias ni la Asociaci¨®n Espa?ola de Escoltas, mayoritaria en el sector, tienen constancia de que estos trabajadores tengan preferencia para ser contratados en el nuevo cometido.
Jes¨²s Ot¨ªn, responsable de prisiones de UGT, est¨¢ convencido de que Interior pretende impulsar un cambio en el modelo de seguridad de las c¨¢rceles, con la excusa de recolocar a los antiguos escoltas y de la creciente demanda colectiva de seguridad. "Dos mentiras", explica Ot¨ªn. "Primero fueron la educaci¨®n y la sanidad, y el tercer sector es este, que ha experimentado un auge en los ¨²ltimos tiempos. ?Qui¨¦n nos dice que en un futuro no van a traspasar este modelo al interior de los centros?", reflexiona Adolfo Fern¨¢ndez, responsable del ramo del CSIF, algo que tambi¨¦n temen los responsables de CC OO y de ACAIP ¡ªasociaci¨®n que representa a funcionarios de prisiones¡ª. Portavoces del SUP y de la AUGC, sindicatos mayoritarios de la polic¨ªa y la Guardia Civil ¡ªcuerpos que se encargan de la seguridad exterior en las c¨¢rceles¡ª, critican que la oferta de empleo p¨²blico en los centros penitenciarios lleve dos a?os congelada y que ahora se apueste por esta v¨ªa.
Todos los representantes sindicales consultados tienen versiones diferentes sobre el plan de Interior, debido, seg¨²n ellos, a la escasa informaci¨®n que les ha facilitado Instituciones Penitenciarias. Y todos se han comprometido a controlar este proyecto piloto. No est¨¢n dispuestos a tolerar la privatizaci¨®n de la seguridad en las c¨¢rceles. Prometen movilizaciones.
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