El Constitucional pone el primer freno a la apuesta soberanista de Mas
El tribunal admite la impugnaci¨®n presentada por el Gobierno de Rajoy El pleno que resolver¨¢ de forma definitiva tendr¨¢ mayor¨ªa conservadora
El pleno del Tribunal Constitucional ha suspendido este mi¨¦rcoles la declaraci¨®n soberanista que el Parlamento catal¨¢n aprob¨® en enero pasado. Lo ha hecho, de forma autom¨¢tica, al admitir la impugnaci¨®n presentada por el Gobierno de Mariano Rajoy. Sin embargo, el alto tribunal no se ha pronunciado sobre la segunda declaraci¨®n, aprobada en marzo, de la que el Constitucional tiene constancia pero sobre la que el Ejecutivo del PP a¨²n no ha puesto pegas.
Pese al revuelo que levant¨® la aprobaci¨®n de la declaraci¨®n soberanista, comprometida por el presidente catal¨¢n, Artur Mas, en campa?a electoral, la resoluci¨®n del parlamento no tiene en principio efecto jur¨ªdico ya que es, ¨²nicamente, una declaraci¨®n. Adem¨¢s, con la decisi¨®n del Constitucional, la Generalitat podr¨¢ dialogar con el Gobierno sobre la consulta del derecho a decidir, tal como figura en la segunda declaraci¨®n. Lo que s¨ª queda ya en suspenso es la consideraci¨®n de que el pueblo catal¨¢n es un ¡°sujeto pol¨ªtico y jur¨ªdico soberano¡±, que fue la acepci¨®n m¨¢s pol¨¦mica de la resoluci¨®n de enero y en la que bas¨® el Ejecutivo del PP su decisi¨®n de recurrir.
La suspensi¨®n es temporal. En un plazo de cinco meses el tribunal deber¨¢ ratificarla, levantarla o, de forma definitiva, determinar si es constitucional o no. Antes, dar¨¢ traslado al Parlamento de Catalu?a para que, en 20 d¨ªas, ¡°aporte cuantos documentos y alegaciones considere convenientes¡±. Sin embargo, la composici¨®n del pleno que decidir¨¢ sobre la constitucionalidad de esa resoluci¨®n ser¨¢, muy posiblemente, distinta al que este mi¨¦rcoles ha aprobado la suspensi¨®n. El Constitucional est¨¢ formado ahora por siete magistrados progresistas y cinco conservadores. En junio, cuatro magistrados deben ser relevados y dos de esos nombramientos corresponden al Gobierno, lo que otorgar¨¢ un tinte m¨¢s pr¨®ximo al Ejecutivo conservador al pleno.
Pero no solo fue la actual composici¨®n del pleno del Alto tribunal lo que provoc¨® el reparo del Gobierno, que tard¨® dos meses en recurrir la declaraci¨®n soberanista. Las dudas sobre los efectos jur¨ªdicos de la declaraci¨®n tambi¨¦n retrasaron la decisi¨®n. ¡°Nuestra obligaci¨®n es cumplir y hacer cumplir las leyes¡±, aleg¨® la vicepresidenta, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, con unos argumentos menos tajantes que los esgrimidos por la Abogac¨ªa general del Estado, que sostuvo que era ¡°un desaf¨ªo abierto contra la Constituci¨®n¡± y que solo una declaraci¨®n soberana del pueblo espa?ol puede reconocer la soberan¨ªa del pueblo de Catalu?a.
La impugnaci¨®n tambi¨¦n cont¨® con el informe favorable del Consejo de Estado, que se?al¨® que el contenido de la declaraci¨®n no era compatible con dos art¨ªculos de la Constituci¨®n en los que se dicta que ¡°la soberan¨ªa nacional reside en el pueblo espa?ol as¨ª como el car¨¢cter unitario de tal soberan¨ªa¡±. Sin embargo, el dictamen cont¨® con dos votos particulares. El exministro socialista Fernando Ledesma expres¨® su desacuerdo con la naturaleza y el alcance del texto y Miguel Herrero de Mi?¨®n, uno de los padres de la Constituci¨®n, se mostr¨® contrario a impugnarla para llegar a una ¡°conclusi¨®n constructiva¡±.
Antes de decidir la admisi¨®n del recurso, el Constitucional pregunt¨® al parlamento de Catalu?a si la resoluci¨®n de marzo sustitu¨ªa a la de enero. La aprobaci¨®n de ambas tuvo un fuerte componente pol¨ªtico ya que la votaci¨®n de la primera cont¨® con el apoyo de los parlamentarios de CiU, ERC e Iniciativa y la CUP y el voto en contra del PP y Ciutadans. La mayor¨ªa de los diputados del PSC optaron por el no, pero cinco de ellos rompieron la disciplina de voto, lo que supuso una importante fricci¨®n con el PSOE. El parlamento catal¨¢n aprob¨® dos meses despu¨¦s una segunda resoluci¨®n promovida por el PSC y apoyada por CiU, ERC e Iniciativa.
Esta es la tercera ocasi¨®n en la que el Constitucional suspende una resoluci¨®n auton¨®mica (las otras se han referido a leyes y una disposici¨®n). La primera fue en 1983, cuando el presidente de las Cortes de Navarra design¨® al presidente del Gobierno foral tras los dos meses de plazo legal sin que ning¨²n candidato consiguiese ser elegido. La segunda fue en 1999 ante la decisi¨®n del Parlamento vasco de ceder su sede a un grupo de kurdos.
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