La oposici¨®n denuncia ¡°el mayor ataque a la independencia del poder judicial¡±

Su ausencia no le ha librado de ser mencionado repetidamente y no precisamente para bien. La reforma de la ley que regula las funciones y composici¨®n del Consejo General del Poder Judicial, CGPJ, ha sido aprobada por el Pleno del Congreso sin la presencia del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallard¨®n, al que la oposici¨®n ha acusado de ¡°perpetrar el mayor ataque a la independencia judicial de la democracia¡±. Toda la oposici¨®n ha denunciado que el consejo queda supeditado a los designios del Gobierno.

La ley pasar¨¢ ahora al Senado pero el PSOE ya ha anunciado que recurrir¨¢ la ley ante el Tribunal Constitucional, iniciativa a la que algunos grupos, como UPyD, se quieren sumar. A partir de su aprobaci¨®n ese ¨®rgano tendr¨¢ menos competencias, menos poder y menor representaci¨®n por cuanto que solo seis de sus 20 miembros tendr¨¢n dedicaci¨®n exclusiva. En solitario, pero con la mayor¨ªa parlamentaria detr¨¢s, el portavoz del Grupo Popular de Justicia, Jos¨¦ Miguel Castillo, ha defendido las bondades del nuevo Consejo: ¡°M¨¢s plural, m¨¢s competitivo, m¨¢s eficaz¡±. Todos los actores judiciales y todas las asociaciones se oponen a esta regulaci¨®n.

Casi se agotan los adjetivos y las diatribas contra ley, pero los portavoces se han esforzado en manifestar de la forma m¨¢s expresiva posible su rechazo a esta reforma que da la vuelta a la regulaci¨®n del ¨®rgano de los jueces. La portavoz de UPyD, Rosa D¨ªez, ha pasado de los argumentos jur¨ªdicos, a los pol¨ªticos y a los personales. ¡°Es parad¨®jico que este atraco a la independencia del Poder Judicial lo ha perpetrado el Notario Mayor del Reino, que es el cargo que tiene el ministro de Justicia, junto al registrador de Santa Pola¡±, en referencia al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en excedencia de ese cuerpo y de esa plaza.

La contumacia de los portavoces de la oposici¨®n se ha puesto de manifiesto al insistir en este pleno en la defensa de las enmiendas que el Grupo Popular rechaz¨® el pasado 29 de abril en la fase de comisi¨®n. Al final, la derrota. ¡°Concluye hoy un golpe sin parang¨®n al Poder Judicial; un cambio que rompe todas las reglas del juego; no cre¨ªamos que pudieran ir tan lejos en la ocupaci¨®n del poder judicial y en el ataque sin precedentes a su independencia¡±. As¨ª se ha expresado el portavoz socialista, Julio Villarrubia.

En el rechazo hay temas comunes a todos los portavoces y otros espec¨ªficos. Todos comparten la consternaci¨®n por haber reducido a seis, de los 20 consejeros, los vocales que tendr¨¢n dedicaci¨®n exclusiva. ¡°El Gobierno habr¨¢ pensado que es m¨¢s f¨¢cil controlar seis que 20¡±, ha se?alado el portavoz del PNV, Emilio Olabarr¨ªa, que a?os atr¨¢s fue miembro de ese ¨®rgano de gobierno de los jueces. Los portavoces consideran ¡°in¨¦dito¡± que los consejeros se dediquen a esta funci¨®n ¡°a ratos¡± y que simultaneen sus trabajos de abogados, procuradores o jueces, con el de consejero que lleva impl¨ªcita potestades disciplinarias sobre otros jueces y magistrados de los que conocer¨¢n los asuntos en los que trabajan. Quedan reducidos ¡°los instrumentos¡± con lo que cuenta ahora el Consejo para garantizar la independencia de los jueces, seg¨²n han reiterado los portavoces una l¨ªnea muy similar a las quejas de los jueces incardinados en todas las asociaciones profesionales.

La primera sorpresa de las asociaciones vino por la marcha atr¨¢s del Gobierno al prescindir de la promesa electoral del PP, seg¨²n la cual, se compromet¨ªa a prescindir del Parlamento para elegir a los vocales del CGPJ, de manera que todo quedar¨ªa en manos de los profesionales. El Parlamento mantiene su cuota, pero otro motivo de la oposici¨®n para manifestar su esc¨¢ndalo es que la parte que se elige en el Senado requerir¨¢ los tres quintos de la C¨¢mara Alta. En la actual legislatura esa mayor¨ªa la tiene por s¨ª solo el PP y la pr¨®xima renovaci¨®n est¨¢ prevista para el mes de septiembre por lo que ya estar¨¢ en vigor esta nueva norma, como ha denunciado el socialista Julio Villarrubia.

Hubo un grupo, CiU, que empez¨® la tramitaci¨®n con la esperanza de consensuar con el Gobierno esta reforma, como ha reconocido la diputada Montserrat Surroca. ¡°No han permitido consensuar nada relevante¡±, se ha lamentado. Esta portavoz, junto a Olabarr¨ªa del PNV y Joan Tard¨¢ de ERC, lamentan que en esta reforma no se desarrollen los consejos auton¨®micos, como figuran en algunos estatutos de autonom¨ªa.

De promesas incumplidas por el ministro se ha explayado el diputado de Izquierda Plural Gaspar Llamazares, muy duro con el ministro. Este diputado, como el resto de los intervinientes, miraba al banco azul, destinado para los ministros, y se refer¨ªa al titular de Justicia ausente. ¡°El se?or ministro es un mentiroso compulsivo; minti¨® cuando dijo que ten¨ªa voluntad de consenso cuando solo ha consentido el onanismo parlamentario del PP que ha consistido en que solo han aprobado sus propias enmiendas, se ha autoenmendado¡±. Ese ¡°onanismo¡± lo extiende Llamazares a la mayor¨ªa que requiere el nombramiento de los consejeros de suerte que ¡°todo se lo queda el PP, constituyendo el Consejo General del Poder Judicial del PP¡±.

Con contenci¨®n ha sobrellevado el portavoz del Grupo Popular, Jos¨¦ Miguel Castillo, las diatribas de la oposici¨®n, que ha dedicado pocos minutos a defender los principios de la ley pero sin responder a los reproches concretos de la oposici¨®n. Tampoco este portavoz ha respondido a los requerimientos del diputado de Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, a la inclusi¨®n en la ley del ¡°octavo pasajero¡±. Sin aparente relaci¨®n, el Gobierno ha incluido en esta ley una modificaci¨®n de dos art¨ªculos de la Ley de Extranjer¨ªa por la que el Gobierno puede expulsar del pa¨ªs a personas que tengan reconocida la condici¨®n de refugiado incluso aunque tengan en orden su permiso de residencia. ¡°Cualquier kurdo que est¨¦ en este pa¨ªs debe saber que puede acabar en manos del gobierno turco, contraviniendo todas las normas de la Convenci¨®n de Viena sobre refugiados y leyes de protecci¨®n internacional¡±. Las organizaciones de ayuda al refugiado y de derechos humanos han puesto el grito en el cielo por esta regulaci¨®n que el PP asegura responder simplemente a la transposici¨®n de una directiva europea.