?Tiene Catalu?a derecho a la secesi¨®n?

El movimiento independentista catal¨¢n tiene lugar en un mundo en el que la secesi¨®n es cada vez m¨¢s factible y deseable, al menos para los secesionistas. Dos acontecimientos fundamentales ocurridos tras la II Guerra Mundial han posibilitado la aparici¨®n de Estados mucho m¨¢s peque?os: un r¨¦gimen de seguridad internacional centralizado formalmente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que incluye una norma sorprendentemente eficaz contra las guerras entre Estados, y la expansi¨®n de los mercados m¨¢s all¨¢ de las fronteras estatales, llevada a cabo a nivel global por la Organizaci¨®n Mundial del Comercio y, desde un punto de vista regional, por la Uni¨®n Europea. En el pasado, los Estados peque?os resultaban inviables o, como m¨ªnimo, inseguros, ya que eran presa f¨¢cil para los m¨¢s grandes y sus mercados nacionales eran insuficientes para que hubiese crecimiento econ¨®mico. Ahora que esas limitaciones al tama?o de los Estados se han eliminado en gran medida, se plantea la pregunta de si unidades soberanas m¨¢s peque?as resultar¨ªan ventajosas y para qui¨¦n. Al fin y al cabo, las fronteras estatales existentes no son fruto de una planificaci¨®n racional o del consenso democr¨¢tico; son accidentes hist¨®ricos que surgieron de procesos que, en su mayor parte, distaban mucho de ser aceptables desde un punto de vista moral. (...)

Los argumentos a favor de replantearse las fronteras estatales no se basan ¨²nicamente en consideraciones pr¨¢cticas acerca del incremento de la seguridad y de una mayor libertad de mercado; tambi¨¦n tienen sentido desde el punto de vista de los valores democr¨¢ticos ya que, al menos en algunos casos, la democracia funciona mejor a menor escala. Algunos secesionistas catalanes apuntan que si una mayor¨ªa de catalanes quiere la independencia, el respeto a la democracia exige que les sea concedida. Sin embargo, esto es demasiado precipitado. (...) Existen dos objeciones democr¨¢ticas fundamentales para apelar a los valores democr¨¢ticos como justificaci¨®n de la secesi¨®n mediante un plebiscito local. En primer lugar, si la secesi¨®n fuese as¨ª de sencilla, se correr¨ªa el riesgo de que la amenaza de la misma fuese utilizada como instrumento de negociaci¨®n estrat¨¦gica para minar la toma de decisiones democr¨¢tica. Al amenazar de manera cre¨ªble con abandonar el Estado, una minor¨ªa podr¨ªa, en la pr¨¢ctica, ejercer un veto siempre que los procedimientos democr¨¢ticos pudiesen producir un resultado no deseado por ella.

En segundo lugar, para que la democracia funcione, lo razonable es que los ciudadanos esperen reciprocidad; tienen que tener la seguridad de que si hoy pierden, ma?ana ganar¨¢n, y tienen que tener suficiente conocimiento sobre sus conciudadanos y sobre sus valores y preferencias para predecir que tambi¨¦n ellos aceptar¨¢n los resultados de los procedimientos democr¨¢ticos. Si los l¨ªmites del sistema de Gobierno fuesen demasiado inciertos, es decir, si pudiesen crearse nuevos Estados cada vez que se formase una mayor¨ªa en una zona de un Estado existente, los ciudadanos no gozar¨ªan de la garant¨ªa de reciprocidad necesaria porque, en tal caso, ser¨ªa impredecible saber qui¨¦nes son sus conciudadanos. (...) Por tanto, no existe un argumento sencillo basado en la democracia a favor de la justificaci¨®n de la secesi¨®n de Catalu?a. Sin embargo, el compromiso con la democracia bien entendida s¨ª exige que Espa?a se muestre dispuesta bien a dar cabida a un estatus auton¨®mico m¨¢s s¨®lido y estable para Catalu?a o bien a pactar una secesi¨®n negociada.

Las diferentes teor¨ªas del derecho corrector reconocen una serie m¨¢s extensa o m¨¢s reducida de injusticias que dan origen al derecho a la secesi¨®n. Mi propia versi¨®n de la teor¨ªa del derecho corrector reconoce cuatro tipos distintos de injusticia: (i) anexi¨®n injusta del territorio de un Estado soberano, (ii) violaciones a gran escala de derechos humanos fundamentales, (iii) redistribuci¨®n discriminatoria continuada y grave (distribuci¨®n de los recursos del Estado que perjudica de manera injusta a una regi¨®n determinada) y (iv) vulneraci¨®n por parte del Estado de las obligaciones del r¨¦gimen auton¨®mico intraestatal o la negativa continuada a negociar una forma de autonom¨ªa intraestatal adecuada (...)

La perspectiva de una autonom¨ªa viable es muy poco halag¨¹e?a

tras la sentencia del TC y la intervenci¨®n ling¨¹¨ªstica

En el caso de Catalu?a, la anexi¨®n por parte de la Espa?a castellana tuvo lugar hace tres siglos. Cualquier principio moral general seg¨²n el cual la secesi¨®n estar¨ªa justificada si sirviese para recuperar un territorio anexionado injustamente, que se remontase tan atr¨¢s en el tiempo, resultar¨ªa inaceptable. Provocar¨ªa una inestabilidad pol¨ªtica masiva y, casi con toda seguridad, una violencia generalizada. Tambi¨¦n considero que es relativamente indiscutible que los catalanes no est¨¢n sufriendo violaciones de sus derechos humanos fundamentales por parte del Estado espa?ol.

Me centrar¨¦ en la aplicabilidad del tercer y cuarto tipo de injusticias. La acusaci¨®n de redistribuci¨®n discriminatoria se expresa a menudo de manera ret¨®ricamente dram¨¢tica y tal vez exagerada con el lema ¡°Espa?a nos roba¡±. Quienes alegan esto a veces pasan por alto el hecho de que en pr¨¢cticamente todos los Estados comprometidos con el bienestar de la totalidad de sus ciudadanos habr¨¢ una considerable redistribuci¨®n entre regiones. (...) A menos que rechacemos la idea misma del Estado de bienestar, debemos aceptar la redistribuci¨®n. La verdadera cuesti¨®n es determinar cu¨¢ndo la redistribuci¨®n es injusta o discriminatoria. Algunos defensores de la independencia de Catalu?a aportan datos que demuestran que Catalu?a paga m¨¢s y recibe menos que algunas regiones m¨¢s ricas. Si esto es cierto, hay que explicar algunas cosas. En igualdad de condiciones, la redistribuci¨®n dentro del Estado deber¨ªa ser progresiva y coherente. De lo contrario, la reciente negativa por parte del Gobierno espa?ol a renegociar su pol¨ªtica fiscal respecto a Catalu?a, situada en el contexto de una larga historia de quejas de redistribuci¨®n discriminatoria, confiere mayor peso a la reivindicaci¨®n de independencia seg¨²n la versi¨®n de la teor¨ªa del derecho corrector que sostengo en este libro. Demostrar que la redistribuci¨®n discriminatoria est¨¢ teniendo lugar y que es lo suficientemente grave como para justificar la respuesta radical de la secesi¨®n unilateral es m¨¢s dif¨ªcil de lo que admiten quienes alegan que es lo que est¨¢ sucediendo en Catalu?a.

Un argumento contundente a favor del derecho de Catalu?a a la secesi¨®n no consensuada puede alegarse sobre la base de que Espa?a no ha demostrado buena fe a la hora de responder a las demandas de mayor autonom¨ªa intraestatal. Para valorar por qu¨¦ esto es as¨ª es necesario entender la din¨¢mica de los procesos que conducen a una demanda popular de independencia. Simplificando, se trata de lo siguiente: un grupo descontento de una parte del Estado se moviliza para lograr m¨¢s control sobre sus asuntos; para incrementar sus competencias de autogobierno. El Estado o bien ignora sus peticiones o bien les concede cierta autonom¨ªa intraestatal, pero en la pr¨¢ctica incumple el acuerdo. En consecuencia, muchos autonomistas se vuelven secesionistas. Entonces, el Estado reacciona duramente ante las demandas de independencia y los secesionistas se vuelven todav¨ªa m¨¢s convencidos.

La cuesti¨®n es que ambos bandos tienen razones para desconfiar. La falta de confianza puede malograr la que, por otra parte, ser¨ªa una soluci¨®n satisfactoria: un acuerdo auton¨®mico intraestatal que conceda al grupo regional descontento competencias considerables de autogobierno y permita al Estado conservar la soberan¨ªa sobre la regi¨®n. Dada la reciente derogaci¨®n por parte del Tribunal Constitucional de una serie de disposiciones del Estatuto de autonom¨ªa y las intervenciones de Espa?a en la pol¨ªtica ling¨¹¨ªstica catalana, es bastante razonable concluir que las perspectivas de un r¨¦gimen de autonom¨ªa viable son poco halag¨¹e?as.

Un argumento contundente a favor del derecho de Catalu?a a la secesi¨®n no consensuada se basa en que Espa?a no ha demostrado buena fe al responder a las demandas de mayor autonom¨ªa intraestatal

En el otro plato de la balanza, resulta bastante razonable que a Espa?a le preocupe que, en caso de responder afirmativamente a la demanda de mayor autonom¨ªa de Catalu?a, a dicha demanda le siga otra y que, al final, no le satisfaga nada que no sea la independencia. No veo otra forma de resolver este problema de seguridad bilateral que no sea con la ayuda de una tercera parte independiente capaz de respaldar el proceso de negociaci¨®n de autonom¨ªa intraestatal, de controlar que ambas partes cumplan con los t¨¦rminos del acuerdo y de proporcionar incentivos efectivos para que ambas partes cumplan. En el caso de Catalu?a, la candidata evidente es la UE.

Concretamente, creo que no ser¨ªa razonable esperar que los autonomistas catalanes se conformasen con acuerdos de autonom¨ªa que puedan ser anulados por las resoluciones de un Tribunal Constitucional al que consideran comprometido con una Espa?a unitaria y centralista. Si Espa?a no est¨¢ dispuesta a comprometerse realmente con una renegociaci¨®n de las competencias de autogobierno de Catalu?a dentro del seno del Estado, ello incrementar¨¢ los argumentos a favor de un derecho a la secesi¨®n no consensuada. Desde el bando catal¨¢n, la buena fe deber¨ªa incluir un compromiso firme con el Estado de bienestar de Espa?a, lo que significa reconocer que cualquier acuerdo auton¨®mico que pueda surgir del di¨¢logo deber¨ªa ser compatible con el hecho de que Catalu?a aporte la parte que le corresponda al sostenimiento del bienestar de todos los afectados.

Secesi¨®n (Ariel), de Allen Buchanan, se edita el 6 de junio. 320 p¨¢ginas. 24,90 euros.