El juez ampl¨ªa a 10 a?os la investigaci¨®n fiscal sobre la Infanta

La Agencia Tributaria deber¨¢ examinar, por orden del juez Jos¨¦ Castro, todos los datos de la actividad econ¨®mica durante la ¨²ltima d¨¦cada de la infanta Cristina. El instructor del caso Urdangarin ha precisado a las autoridades de Hacienda ¡ªa petici¨®n de estas¡ª el periodo que abarca su encomienda de escrutinio general sobre la transparencia y legalidad de fondos y cuentas. Tambi¨¦n sobre posibles fondos derivados a pa¨ªses fiscalmente opacos por empresas de la trama de N¨®os.

Castro extiende desde 2002 hasta 2012 el ¨¢mbito de documentaci¨®n sobre las rentas y declaraciones de la hija del Rey. El juez, en la pauta de investigaci¨®n marcada por la Audiencia de Palma al suspender ¡ªde momento¡ª la imputaci¨®n de la Infanta, indaga la existencia de posibles indicios que la relacionen con los delitos fiscales y de blanqueo de capitales. La Audiencia la ve como ¡°supuesta cooperadora omisiva de socio no administrador¡± en una defraudaci¨®n fiscal, por ser copropietaria, con su esposo, I?aki Urdangarin, de la empresa familiar Aiz¨®on, una sociedad pantalla para defraudar, seg¨²n tres magistrados.

Un mill¨®n de euros bajo sospecha fue canalizado a trav¨¦s de la sociedad Aiz¨®on que, a su vez, destin¨® tres millones a la propiedad inmobiliaria del palacete de Pedralbes, en Barcelona, donde viven los duques de Palma. La Audiencia afirm¨® que lo que resulta ¡°m¨¢s dudoso¡± es que la Infanta ¡°desconociera que esos ingresos pod¨ªan suponer un delito contra la Hacienda P¨²blica¡±. El yerno del Rey est¨¢ imputado por tres delitos fiscales, dos por la renta y uno por el impuesto de sociedades.

En la causa est¨¢n incluidas las declaraciones de IRPF de la Infanta de la ¨²ltima d¨¦cada, pese a la oposici¨®n de la hija del Rey, que entend¨ªa que se vulneraba su derecho a la intimidad.