El juez Ruz ampl¨ªa la investigaci¨®n a otras 22 empresas donantes del PP

El magistrado de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, quiere abundar en todas las anotaciones que aparecen en los papeles de B¨¢rcenas y ha ampliado de ocho a 30 el n¨²mero de sociedades a investigar. Hasta ahora, Ruz ha llamado a declarar, como imputados, a ocho empresarios. Ahora pide a la Agencia Tributaria que remita las declaraciones de operaciones con terceros de un total de 30 empresas que, de forma nominal o con menciones a sus responsables, aparecen como donantes del PP en la contabilidad manuscrita que recoge los movimientos entre 1990 y 2008.

Adem¨¢s, el per¨ªmetro de la investigaci¨®n se agrandar¨¢ con otra solicitud del juez: Hacienda deber¨¢ remitir a la Audiencia Nacional ¡°las imputaciones de cobros y pagos realizados por terceros al Partido Popular en los ejercicios 1990 a 2005¡±, ambos incluidos. Eso se traducir¨¢ en un volumen de informaci¨®n de decenas de miles de apuntes contables.

Ruz ha formalizado su petici¨®n en un auto en el que hace suyas hasta seis solicitudes de informaci¨®n formuladas por la fiscal¨ªa tanto a la Agencia Tributaria como al PP. Pero tambi¨¦n atiende a la l¨ªnea que ya apunt¨® la polic¨ªa en uno de sus informes en el que, adem¨¢s de desgranar la pr¨¢ctica que el PP desarrollaba para trocear las donaciones, se?alaba que las empresas que aparecen en las anotaciones eran adjudicatarias de obra p¨²blica, cuando la Ley Org¨¢nica sobre Financiaci¨®n de los Partidos Pol¨ªticos prohib¨ªa las aportaciones procedentes de ¡°empresas que, mediante contrato vigente, presten servicios o realicen obras o suministros para alguna Administraci¨®n P¨²blica¡±. La pr¨¢ctica totalidad de las sociedades que el juez va a investigar son grandes contratistas con la Administraci¨®n.

Grandes constructoras. En el listado que ampl¨ªa la investigaci¨®n de las relaciones de 30 empresas con el partido figuran tres de los mayores grupos constructores y de servicios de Espa?a: Sacyr, OHL y Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). La Agencia Tributaria deber¨¢ informar sobre las ¡°operaciones con terceros¡±, de estos grupos sin que el juez haya acotado ninguna fecha para limitar la informaci¨®n. En el caso de FCC se solicitan documentos de tres firmas del grupo presidido por Esther Alcocer Koplowitz. En un segundo nivel estar¨ªan otras importantes constructoras de implantaci¨®n m¨¢s localizada. Es el caso de la gallega Copasa, presidida por Jos¨¦ Luis Su¨¢rez, o la catalana Construcciones Rubau, fundada a principios del siglo pasado por el empresario Joan Rubau. Tambi¨¦n est¨¢ el grupo Aldesa, de Madrid, firmas de ingenier¨ªa, servicios de medio ambiente y la distribuidora Mercadona. Todas las empresas figuraban en los papeles de B¨¢rcenas.

Rastro de posible cohecho. En el auto, el magistrado solicita a todos los niveles de la administraci¨®n (Gobierno central, comunidades aut¨®nomas, administraci¨®n local y organismos aut¨®nomos y entidades de derecho p¨²blico) informaci¨®n sobre adjudicaciones p¨²blicas y contratos con ocho empresas constructoras, algunas de ellas filiales entre s¨ª (Sorigue, Sorigue-ACSA, Jos¨¦ Antonio Romero Polo, Licuas, Desprosa, Bruesa, Bruesa Construcci¨®n y Cyopsa). Al menos dos de ellas ¡ªLicuas y Desprosa¡ª figuran en la causa de G¨¹rtel que investiga la trama corrupta dirigida por Francisco Correa. Ruz quiere saber todos los detalles de posibles contrataciones p¨²blicas (fecha de licitaci¨®n, importes, tipos de contrato, valor de la adjudicaci¨®n, publicaciones oficiales, ¨®rganos de contrataci¨®n), de estas firmas, por separado o a trav¨¦s de uniones temporales con otras sociedades.

Contabilidad regional. El detalle al que quiere llegar Ruz respecto a los papeles se desvela adem¨¢s en otra de las peticiones de documentaci¨®n, en el que se dirige a seis sedes territoriales del PP. A estas ¡ªGalicia, M¨¢laga, Cantabria, Sevilla y La Rioja¡ª les requiere para que presenten sus libros mayor y diario, es decir, su contabilidad con detalle y en unos a?os determinados, todo ellos fijados entre 1997 y 2007. Todas ellas son sedes que aparecen como "conceptos" y como donantes en las anotaciones del extesorero. Galicia, en los a?os 1997, 1998 y 1999, aport¨®, seg¨²n la contabilidad manuscrita, 19 millones de pesetas (cerca de 115.000 euros). En el caso de M¨¢laga, los papeles se?alan a esta agrupaci¨®n como donante de 27 millones de pesetas (m¨¢s de 162.000 euros) y receptor de 20.000 euros en 2004, mientras que Cantabria aparece siempre como receptora de fondos de la direcci¨®n nacional. A Sevilla, el juez reclama todo el detalle de sus cuentas de 2004 y 2008, a?os en los que, en los papeles de B¨¢rcenas, aparece la sede territorial como receptora de dinero procedente de la sede nacional. De la misma manera, La Rioja aparece en mayo de 2009 como donante de 200.000 euros, por lo que el juez ahora exige todas sus cuentas. Adem¨¢s de estas, Ruz ha reclamado tambi¨¦n los libros de contabilidad y los detalles de pagos y cobros de Catalu?a en el ejercicio 2007.

La informaci¨®n con la que de momento cuenta Pablo Ruz se refiere a partidas generales remitidas por la direcci¨®n nacional. As¨ª, por ejemplo, en el sumario de la Audiencia figura ya parte de la contabilidad de M¨¢laga pero en esta se indican gastos de personal de forma general y no detallada por lo que no figura si parte de esta consignaci¨®n fue destinada, por ejemplo, a gastos de representaci¨®n.