Los jueces se preparan para decenas de miles de acciones por las preferentes

La justicia y la fiscal¨ªa deben dar respuesta a las decenas de miles de afectados por la comercializaci¨®n de participaciones preferentes que a¨²n no han recuperado su dinero. El arbitraje es una de las soluciones, pero no ser¨¢ una opci¨®n para todos. Habr¨¢ afectados que decidir¨¢n acudir al juzgado, a la v¨ªa civil. Y otros que consideren que los bancos no solo deben devolver el dinero depositado, sino que deben responder penalmente por lo que creen que fue un delito: la venta masiva de productos de riesgo previstos para expertos a un p¨²blico no preparado para saber lo que estaba comprando.

El Consejo General del Poder Judicial busca f¨®rmulas para afrontar la situaci¨®n y evitar el colapso ante la presentaci¨®n de decenas de miles de acciones de preferentistas. Para tratar de anticiparse a un aluvi¨®n de demandas, hoy se anunciar¨¢ en Santiago de Compostela un plan de actuaci¨®n para implantar medidas de refuerzo, de organizaci¨®n, tecnol¨®gicas... que garanticen el derecho a la tutela judicial de los afectados. Entre otras, se crear¨¢n unos servicios espec¨ªficos de tramitaci¨®n de asuntos ¡ªen un primer momento en A Coru?a y Vigo¡ª que permitan agilizar los casos. Se trata de medidas que, previsiblemente, se exportar¨¢n al resto de Espa?a.

En Galicia se preparan para recibir unas 15.000 demandas individuales seg¨²n los c¨¢lculos realizados en funci¨®n de la gente que no llegar¨¢ el arbitraje y de los que pueden confiar razonablemente en que su caso prospere. El n¨²mero final que llegue a los juzgados de toda Espa?a, en todo caso, depender¨¢ de si se sigue potenciando el arbitraje y de si los requisitos se abren. ¡°Si todos los que han invertido 10.000 o 15.000 euros recuperaran su dinero, llegar¨ªan muchas menos demandas a los tribunales¡±, se?ala Manuel Almenar, vocal del Consejo. En Valencia y Madrid se espera tambi¨¦n que decenas de miles de afectados acudan a los tribunales.

Si la carga de entradas al a?o en un juzgado civil es de unos 700 asuntos, cada uno puede asumir, con retrasos, 800 o 900. Con m¨¢s de 1.000 se podr¨ªa paralizar la justicia. Los cuellos de botella ser¨ªan dos: la tramitaci¨®n de las demandas en la oficina judicial y la toma de decisiones del juez. Ser¨ªan necesarias medidas de excepci¨®n en ambos ¨¢mbitos.

El primer problema es el que pretende paliar el plan de Santiago de Compostela que se anuncia hoy con la creaci¨®n de unos servicios comunes y con las medidas de refuerzo de personal, de jueces, de los servicios de orientaci¨®n jur¨ªdica de los colegios de abogados y de las oficinas de atenci¨®n al ciudadano, entre otras. Ser¨¢ necesario tambi¨¦n? incorporar aplicaciones inform¨¢ticas y articular mecanismos para que las citaciones sean telem¨¢ticas o establecer par¨¢metros comunes para la parte documental de forma que al juez le llegue ya el tema preparado.

Para abordar el segundo problema hay dos v¨ªas posibles: especializar juzgados y dedicarlos en exclusiva a las demandas por preferentes o repartirlas entre todos. En este ¨²ltimo caso, los servicios comunes ser¨¢n esenciales para la gesti¨®n y tr¨¢mite de los asuntos.

Todo ser¨ªa m¨¢s sencillo si pudieran ejercitarse acciones colectivas pidiendo que la demanda se abra a todos los perjudicados, o si la propia fiscal¨ªa pudiera pedir que se declaren nulos estos contratos y que se resarza a los afectados. Pero estas f¨®rmulas, defendidas, entre otros, por organizaciones de consumidores y por la Fiscal¨ªa de Galicia ¡ªque trat¨® de iniciar esta v¨ªa¡ª, plantean problemas jur¨ªdicos para algunos juristas que defienden que hace falta que se demuestre en cada caso y de forma individual que el banco no dio informaci¨®n suficiente.

Por otro lado est¨¢ la v¨ªa penal, abierta en algunos casos. El m¨¢s conocido es la investigaci¨®n del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu por las preferentes en el caso Bankia ¡ªen contra del criterio de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, que defendi¨® de manera f¨¦rrea la v¨ªa civil¡ª. Pero algunas fiscal¨ªas s¨ª han iniciado diligencias de investigaci¨®n por preferentes. Y la Uni¨®n Progresista de Fiscales manifest¨® en su ¨²ltimo congreso su preocupaci¨®n por ¡°la pasividad que est¨¢ mostrando la Fiscal¨ªa General ante un problema de gran impacto social y posible trascendencia penal como es el de las participaciones preferentes¡± a pesar de que puede tratarse de ¡°una estafa a gran escala¡±. La organizaci¨®n afirmaba que no hab¨ªa ¡°un planteamiento estrat¨¦gico global para poder articular una respuesta jur¨ªdico-penal eficaz y uniforme en todo el territorio espa?ol¡±.

La Fiscal¨ªa General del Estado acaba de pedir a los fiscales superiores que env¨ªen informaci¨®n sobre las diligencias incoadas por preferentes; las denuncias y querellas presentadas; las diligencias previas; y las acciones civiles emprendidas. Pero el Ministerio P¨²blico a¨²n debe definir cu¨¢l va a ser su l¨ªnea de actuaci¨®n ante este grave problema social.

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