Los registradores califican de ¡°¨ªnfima¡± la posibilidad de un error

Ni el Colegio de Registradores, ni el Consejo General del Notariado ni la Organizaci¨®n de Inspectores de Hacienda de Espa?a quisieron ayer explicar en qu¨¦ momento se ha podido producir el fallo que provoc¨® que el informe de la Agencia Tributaria concluyera atribuyendo a la infanta Cristina la venta de 13 fincas que le reportaron un total de 1,4 millones de euros de beneficio.

En cualquier caso, notarios y registradores consultados por EL PA?S explicaron el proceso de transmisi¨®n de la informaci¨®n a la Agencia Tributaria y a los juzgados y, en ambos casos, coincidieron en la posibilidad de que haya existido un error humano. A¨²n as¨ª, todos los consultados expresaron tambi¨¦n su extra?eza ante un fallo de este tipo, m¨¢s teniendo en cuenta que el mismo se habr¨ªa producido, al menos, en cuatro ocasiones, al certificar operaciones realizadas sobre inmuebles de San Juan y Pilar de la Horadada, San Juan (ambos en Alicante), de Valenzuela de Calatrava (Ciudad Real) y de Calella (Barcelona).

¡°La posibilidad de un error es ¨ªnfima¡±, asegur¨® con rotundidad una de las registradoras consultadas que, ante el silencio del colegio oficial, prefiere mantener el anonimato.

¡°Como todos los humanos, nos podemos equivocar pero es muy raro¡±, expuso un notario con m¨¢s de 20 a?os de experiencia. Incluso uno de los notarios que particip¨® en la transmisi¨®n de una de las fincas que figuran en el informe de Hacienda manifest¨® su asombro por la implicaci¨®n de la infanta Cristina, aunque no quiso desvelar ning¨²n dato, ya que la informaci¨®n notarial es confidencial.

La inscripci¨®n en el registro es voluntaria siempre que no exista una hipoteca sobre el inmueble transmitido. La mayor¨ªa de los registradores, tal como expusieron varios de ellos, disponen de un programa inform¨¢tico a trav¨¦s del que notifican las inscripciones a la Agencia Tributaria; pero no en todos los casos, solo en determinados supuestos (si son operaciones de elevadas cantidades o si aparecen sociedades con sede en para¨ªsos fiscales), como medida preventiva contra el fraude.

Cuando un juez les reclama informaci¨®n, aunque lo haga a trav¨¦s de Hacienda, los registradores teclean en su base de datos el n¨²mero de DNI del investigado. En el caso de que el fallo fuera de los registradores, cuatro de ellos habr¨ªan puesto un n¨²mero de DNI distinto al de la Infanta (que es el 14, ya que los miembros de la Casa del Rey tienen n¨²mero de identificaci¨®n de solo dos d¨ªgitos). As¨ª, habr¨ªan obtenido informaci¨®n de bienes que realmente nunca estuvieron a su nombre y correspondientes al titular del DNI equivocado. Pero, adem¨¢s, al menos el registrador de Almagro, habr¨ªa transmitido esa informaci¨®n sin cotejar, ya que en las notas registrales no aparece el nombre de la Infanta ni como comprador ni como vendedor, tal como comprob¨® ayer mismo EL PA?S.

Los notarios s¨ª tienen obligaci¨®n de comunicar a Hacienda toda operaci¨®n susceptible de ser tributaria. Cada quince d¨ªas acceden a un programa inform¨¢tico en el que registran las operaciones. Los notarios consultados admitieron la posibilidad de una equivocaci¨®n al rellenar la casilla del DNI. Se habr¨ªan equivocado cuatro de ellos, en el momento de registrar y transmitir las operaciones.

La informaci¨®n notarial sobre la que Hacienda realiz¨® en informe puede ser la transmitida entre 2005 y 2006, en el momento en el que se produjeron las operaciones atribuidas a la Infanta, o poco despu¨¦s de que el juez reclamara los datos, este mismo a?o. En el primer caso, supondr¨ªa que la Agencia Tributaria ha tenido en su base de datos, durante ocho a?os, bienes que la hija del Rey nunca declar¨® y sobre los que no se le ha reclamado el pago de ning¨²n tributo. En el caso de que la informaci¨®n haya sido requerida ahora, el fallo se referir¨ªa, igualmente, al momento en el que se registr¨®. A¨²n as¨ª, los notarios no pudieron precisar en qu¨¦ a?o se puso en marcha el sistema inform¨¢tico e indicaron que anteriormente los ¨ªndices eran manuales y se enviaban trimestralmente.

Todos los consultados rechazaron la posibilidad de que se registraran operaciones ficticias con el objetivo de blanquear dinero, ya que los supuestos beneficios no fueron declarados, con lo que la operaci¨®n de blanqueo queda sin sentido.