Los sindicatos, en la mira de Alaya
El procedimiento de los ERE que la juez vincula con la ¡°financiaci¨®n irregular¡± de CCOO y UGT es habitual, pero da pie a posibles abusos
Mercedes Alaya, la juez que investiga las irregularidades en los despidos colectivos subvencionados por la Junta de Andaluc¨ªa, el conocido como caso de los ERE, ha vuelto a orientar el punto de mira hacia los sindicatos. El pasado martes envi¨® a prisi¨®n a un nuevo presunto implicado: Jos¨¦ Gonz¨¢lez Mata, el due?o de Uniter, una empresa consultora contratada para la tramitaci¨®n de expedientes de regulaci¨®n de empleo (ERE). Sin embargo, su ingreso en la c¨¢rcel, por donde han pasado 11 imputados y en la que permanecen cinco, pas¨® m¨¢s inadvertido porque en las p¨¢ginas 17 y 18 del auto de la juez se encontraba una mina contra CC OO y UGT, centrales a las que acusa de haberse ¡°financiado de forma irregular¡± durante 10 a?os con dinero de los ERE. Los sindicatos lo niegan y defienden que su actuaci¨®n ha sido y es la habitual en cualquier proceso y lugar de Espa?a. Juristas y abogados laboralistas tambi¨¦n creen normales el procedimiento y la participaci¨®n sindical, pero alertan de la existencia de fallas por donde se puede colar la corrupci¨®n.
Los sindicatos participan en los ERE porque los reclaman los comit¨¦s de empresas cuando se plantean los despidos colectivos, que implican un proceso muy complejo. En Espa?a, al contrario que en Alemania o Francia, no est¨¢ regulada de forma espec¨ªfica esta colaboraci¨®n, que es legal. Aportan asesores jur¨ªdicos y econ¨®micos y act¨²an en toda la tramitaci¨®n. Y cobran por estos servicios. Aseguran que no sacan nada m¨¢s que lo necesario para cubrir los costes y justifican la participaci¨®n de consultoras en la complejidad de los despidos y los litigios. Tambi¨¦n en que, en muchos casos, las prestaciones se prolongan m¨¢s all¨¢ de la extinci¨®n de los contratos, como es el caso de las ayudas complementarias hasta la jubilaci¨®n.
Sin embargo, la juez afirma, a ra¨ªz de ¡°datos bancarios y fiscales¡± y las declaraciones de los responsables de las consultoras implicadas, que estas cobraban ¡°sobrecomisiones¡± (porcentajes superiores a los habituales) y efectuaban pagos a las centrales ¡°que no responder¨ªan a ning¨²n concepto definido y efectivamente soportado¡±. Alaya afirma que UGT y CC OO ¡°impon¨ªan¡± estos pagos por ¡°facilitar¡± los ERE. As¨ª, seg¨²n la magistrada, obtuvieron durante 10 a?os 7.648.815 euros de Uniter, Vitalia y Estudios Jur¨ªdicos Villas¨ªs, entidades a las que recurr¨ªan los sindicatos para que asumieran gestiones relacionadas con los despidos colectivos.
La juez se?ala en su instrucci¨®n que ¡°los pagos de Uniter se canalizar¨ªan a trav¨¦s de las siguientes entidades¡±: Atlantis, dedicada a la distribuci¨®n de productos aseguradores de CC OO; ASP Asesoramiento Seguros, corredur¨ªa de UGT que en 2007 ingresa en Atlantis; Federaci¨®n Minerometal¨²gica de CC OO; Temiqui (de la Federaci¨®n de Industrias Qu¨ªmicas de UGT), ITG y Federaci¨®n Agroalimentaria de C¨¢diz (ambas de UGT).
Los secretarios generales de UGT y CC OO en Andaluc¨ªa, Francisco Fern¨¢ndez y Francisco Carbonero, mantienen que sus sindicatos ¡°no han recibido ni un c¨¦ntimo que tenga que ver con los ERE ni legal ni ilegalmente ni directa ni indirectamente¡±.
¡°No se puede objetar nada a que cobren por los trabajos¡±, dice un catedr¨¢tico
Desde 2002, m¨¢s de 25.000 trabajadores (6.000 de ellos prejubilados) han pasado por un despido colectivo asistido jur¨ªdica y econ¨®micamente por los servicios t¨¦cnicos de los sindicatos.
Estos trabajos son muy diversos. Cuando un empresario promueve una extinci¨®n colectiva de contratos, los comit¨¦s de empresa recurren a los servicios jur¨ªdicos y econ¨®micos de los sindicatos para que les ayuden. El primer objetivo es sustituir el ERE por bajas voluntarias, incentivadas o prejubilaciones. Si no hay acuerdo, es preciso elaborar un informe sobre las causas que esgrime la empresa para presentar el ERE y que sirve de base para la negociaci¨®n y posibles litigios. Adem¨¢s, se discuten opciones con la direcci¨®n de la compa?¨ªa y los trabajadores. En la fase final, se analiza uno a uno cada caso para establecer necesidades de cotizaci¨®n, indemnizaciones, prejubilaciones y decenas de circunstancias particulares.
La pr¨¢ctica habitual es facturar un porcentaje de lo conseguido
Estos trabajos son los que se pagan. Los afiliados no abonan nada porque es parte del servicio incluido en sus cuotas y para el resto se intenta que sean las empresas, a veces con cargo al fondo social, las que hagan frente al coste. La minuta prevista por los sindicatos oscila entre el 5% y el 10% de la cantidad de la indemnizaci¨®n conseguida que exceda del m¨ªnimo previsto en la ley: 20 d¨ªas por a?o trabajado. Pero los precios no est¨¢n regulados. ¡°Cobrar por porcentaje de lo conseguido es la pr¨¢ctica habitual¡±, admite la letrada Rosario Mart¨ªn Narrillos, del bufete independiente Mart¨ªnez Campos 13 de Madrid, que presta servicios a los trabajadores desde 1978.
Algunos profesionales independientes cobran hasta 400 euros por trabajador de la empresa, vaya a ser despedido o no, adem¨¢s del porcentaje. Otros cobran minutas de hasta 60.000 euros por asesorar en despidos de unos 150 trabajadores.
El exdirector comercial de la consultora Vitalia, Antonio Albarrac¨ªn, en libertad bajo fianza por su supuesta implicaci¨®n en el fraude de los ERE, declar¨® ante la juez Alaya que UGT y CC OO cobraban un 0,5% por contrastar las indemnizaciones correspondientes a los despedidos. ¡°O lo pagabas o no hac¨ªa la operaci¨®n. Y esto no solo ocurr¨ªa en Andaluc¨ªa, sino en toda Espa?a, y los que ten¨ªan que soportar las comisiones eran las mediadoras¡±, dijo Albarrac¨ªn a la magistrada. En la investigaci¨®n se han detectado cobros de comisiones de hasta el 1,5% en algunos ERE.
¡°No se puede objetar nada a que cobren por los trabajos que realizan¡±, advierte Jes¨²s Cruz Villal¨®n, catedr¨¢tico de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Sevilla. ¡°Si es un servicio a los trabajadores, se deber¨ªa cobrar a estos¡±, comenta Cruz Villal¨®n, quien advierte que incluir estos porcentajes como gasto de terceros ¡°es m¨¢s f¨¢cil¡±, pero ¡°es criticable¡±. En cualquier caso, afirma que ¡°no es ilegal¡±. Otra cosa es que se cobre una cantidad ¡°desorbitada¡±, matiza.
Las fallas del sistema
Miguel Rodr¨ªguez-Pi?ero, catedr¨¢tico de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, apunta posibles irregularidades que se podr¨ªan registrar en un ERE y dar pie a las sospechas expresadas por la juez Alaya. Una de ellas es que los trabajos facturados no se hayan hecho realmente. En algunos casos, las justificaciones de pagos son ambiguas y figuran solo conceptos como ¡°participaci¨®n¡± o ¡°negociaci¨®n¡±.
Otra anomal¨ªa ser¨ªa que el cobro por los servicios fuera desproporcionado, como ha sucedido con las consultoras presuntamente implicadas en el caso, a las que se ha pagado el 20% de comisi¨®n cuando lo habitual es que estos servicios se lleven menos del 10%.
Otras dos v¨ªas de posibles irregularidades, muy dif¨ªciles de demostrar, seg¨²n advierte Miguel Rodr¨ªguez-Pi?ero, son la utilizaci¨®n de un veto para condicionar la negociaci¨®n y la utilizaci¨®n de una determinada empresa consultora para cobrar fondos que despu¨¦s se reparten.
En el primero de los casos, se trata de una pr¨¢ctica solo posible con la legislaci¨®n previa a la actual pero vigente en el periodo investigado por Alaya. Los ERE precisaban de autorizaci¨®n administrativa y esta no se sol¨ªa conceder si los sindicatos mostraban su disconformidad. En este caso, las centrales pod¨ªan utilizar esta capacidad de veto para bloquear el proceso. La segunda circunstancia permitir¨ªa acceder de forma indirecta a fondos p¨²blicos y consistir¨ªa en cobros en connivencia con las consultoras, que ser¨ªan las que figurar¨ªan como receptoras.
El exdirectivo de la consultora Vitalia Antonio Albarrac¨ªn, en su declaraci¨®n judicial, afirm¨® que, aunque los ERE se gestionan igual ¡°en toda Espa?a¡±, percibi¨® en Andaluc¨ªa una ¡°relaci¨®n enormemente fluida¡± de los directores generales con los sindicatos. La juez, en el auto de prisi¨®n del due?o de la consultora Uniter, Jos¨¦ Gonz¨¢lez Mata, eleva el tono y aprecia que este es una pieza clave en el ¡°saqueo de las arcas andaluzas con la indiciaria connivencia de sindicatos y cargos p¨²blicos de la Junta de Andaluc¨ªa¡±.
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